La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza se ha consolidado como una contradicción flagrante y un abuso al bolsillo del ciudadano. Es una paradoja inaceptable que el Estado exija con rigor técnico la simetría de la amortiguación y el estado de los neumáticos, mientras las calles y rutas de la provincia presentan un deterioro histórico, plagadas de baches crónicos, falta de luminarias y asfalto destruido que destruyen diariamente los mismos vehículos que el gobierno pretende controlar.
Esta disonancia expone la verdadera naturaleza de la RTO: no se trata de una política genuina de seguridad vial, sino de una caja recaudadora perfecta.
Para colmo, el entramado se vuelve aún más opaco al observar la concesión de las plantas de verificación, sistemáticamente otorgadas a talleres vinculados al poder de turno.
La novedad es que según el EX-2026-01860521-GDEMZA-SSP, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza es que ahora la renovación de la oblea será cada tres meses, en vez de un año, cuyo valor ronda los $20 mil cada vez.
La medida está apuntada a «los vehículos afectados a la prestación de servicios de transporte de pasajeros de interés general y privados, con la finalidad de asegurar el mantenimiento preventivo adecuado de los vehículos de transporte de pasajeros, verificando el correcto funcionamiento de sistemas críticos como frenos, dirección, suspensión, neumáticos y luces para, de esta forma prevenir accidentes causados por fallas mecánicas o estructuras comprometidas, proponiendo que la misma sea realizada cada noventa (90) días, como así también propone dictar una norma que unifique la normativa dictada en la materia para todos los servicios de transporte de pasajeros previstos en la Ley N° 9086» redacta la Resolución 371 con la firma del subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego.
En los primeros meses del 2026, la Policía de Mendoza labró 77.240 actas viales, de las cuales un total de 22.900 infracciones fueron por no presentar la Revisión Técnica Obligatoria, lo que equivale al 30% de las multas. Además, las estadísticas indican que tres de cada diez mendocinos son sancionados por no contar con este trámite.
Esta nueva resolución, que pocos automovilistas de Mendoza conocen, es un verdadero golpe al bolsillo para los trabajadores de las apps de repartos y de servicio de movilidad privada a través de plataformas electrónicas, que deben cumplir con las obligaciones recaudatorias para poder desempeñarse en un contexto de crisis social, aumento del combustible y caída del consumo.
Trabajadores con la soga al cuello
La crisis económica de Argentina, de la cual la provincia de Mendoza no está ajena, ha empujado a miles de trabajadores hacia las aplicaciones de transporte privado como una salida de emergencia laboral, atrapándolos en un sistema de explotación digital refinada.
Detrás de la promesa publicitaria de «ser tu propio jefe», los conductores de plataformas como Uber, Cabify y Didi enfrentan una realidad asfixiante donde el deterioro de sus ingresos corre muy por detrás de la inflación y la devaluación constante.
Sin derechos laborales básicos, aguinaldo ni cobertura médica, el trabajador debe absorber la totalidad de los costos operativos en dólares —como el mantenimiento del vehículo, los neumáticos y los repuestos—, mientras las multinacionales aumentan unilateralmente sus comisiones de intermediación.
Esta ecuación financiera insostenible obliga a los choferes a cumplir extenuantes jornadas laborales de más de doce horas diarias para apenas cubrir la canasta básica, convirtiendo al sector en el reflejo más crudo de la precarización laboral contemporánea ante la inacción de un Estado que posterga su regulación.
De esta manera, con el nuevo apriete del gobierno de Mendoza exigiendo la RTO cada tres meses, el automovilista mendocino queda atrapado en un bucle injusto: paga impuestos por calles intransitables, rompe su auto en el intento, y luego es obligado a abonar una tarifa millonaria en los talleres de los «amigos del poder» para obtener una oblea que solo certifica la hipocresía estatal.
Por Julián Galván
