El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, cuestionó el aumento del pasaje, el crecimiento de los subsidios y la falta de controles sobre un sistema que demandará casi $300 mil millones en 2026.
El abogado especialista en defensa del consumidor y presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, participó este lunes de la audiencia pública convocada para analizar un nuevo aumento del boleto del transporte público en Mendoza y realizó duras críticas al modelo de financiamiento vigente, al que calificó como “caro, opaco y sin control real”.
Durante su exposición, Vadillo advirtió que el debate volvió a repetirse en los mismos términos de siempre: funcionarios hablando de “costos”, empresas reclamando “equilibrio económico” y usuarios afrontando subas constantes sin información clara. “El boleto sube, el subsidio también y nadie explica a dónde va la plata”, sintetizó.
Un sistema que se financia con subsidios crecientes
“El primer dato, aunque incomode, es este: en Mendoza el transporte público no se financia con la tarifa, se financia con subsidios crecientes. Y esos subsidios no bajan cuando sube el boleto, suben junto con el boleto”, afirmó Vadillo ante las autoridades.
Según detalló, durante 2025 el Fondo Compensador del Transporte tuvo un presupuesto de $235.000 millones, al que se sumó un refuerzo superior a los $4.200 millones, lo que llevó el total por encima de los $239.000 millones. Para 2026, el propio Gobierno provincial proyecta $292.000 millones, un aumento interanual superior al 22 %.
“Estamos hablando de casi 300 mil millones de pesos por año. El transporte es hoy el segundo mayor gasto del Estado mendocino, solo por detrás de la DGE y por encima de Seguridad, Justicia y la Legislatura. Esa masa de recursos condiciona toda la política provincial”, señaló.
Lo que se podría hacer con esos recursos
Vadillo puso el foco en el costo de oportunidad que implica sostener el actual esquema. “Con ese nivel de recursos, Mendoza podría construir escuelas, hospitales, invertir en salud, seguridad, agua, vivienda o rutas, sin endeudarse. Sin embargo, ese dinero se destina a un sistema sin auditorías públicas integrales y sin mejoras visibles para el usuario”, cuestionó.
“El esquema es claro: el usuario paga el boleto cuando sube al colectivo, pero ese boleto no cubre ni la mitad del costo real. El resto lo paga con impuestos provinciales, use o no el servicio”, explicó.
“En la práctica, cada pasajero paga dos veces: con la SUBE y con sus impuestos. Y aun así el servicio no mejora: frecuencias insuficientes, unidades viejas, colectivos sucios, sin aire acondicionado, colapsados en horas pico y con accidentes frecuentes que terminan en lesiones y muertes”, agregó.
Vadillo también refutó el argumento técnico del aumento tarifario. “Entre julio de 2023 y noviembre de 2025, el boleto urbano aumentó cerca de 1.900 %. En el mismo período, los salarios de choferes subieron 358 %, el gasoil 481 % y la inflación general alrededor del 320 %. El boleto subió cinco veces más que los salarios y varias veces más que la inflación. No hay explicación técnica para eso, la explicación es política”, sentenció.
El dato que el Estado no destaca
Según el propio Informe de Costo por Kilómetro Urbano del EMOP (noviembre de 2025), el costo promedio ponderado del sistema asciende a $4.081,95 por kilómetro recorrido y solo el 46 % se recupera con la tarifa.
Además, el estudio oficial reconoce que, manteniendo gratuidades y descuentos, el boleto necesario para autofinanciar el sistema sin subsidios debería ser de $4.455,66 por viaje. “El Estado admite que cada pasaje cuesta más del triple de lo que paga el usuario y cubre la diferencia con recursos públicos”, remarcó Vadillo.
Más reclamos empresarios y menos control
En ese contexto, las empresas concesionarias solicitaron una actualización del costo por kilómetro cercana al 52 %. “La discusión no es si el sistema es caro, porque el propio Estado reconoce que lo es. La discusión es quién lo paga, con qué controles y con cuánta transparencia”, afirmó.
Vadillo recordó que desde la licitación de 2019 el sistema cuenta con GPS obligatorios, SUBE, SIT y plataformas digitales que permiten medir kilómetros, pasajeros, consumos y tiempos reales. “Los datos existen, se miden y se almacenan. Pero no se publican, no se auditan de manera independiente y no están disponibles para el control ciudadano. En un sistema que consume casi 300 mil millones de pesos por año, esa opacidad no es un error técnico, es una decisión política”, sostuvo.
Finalmente, Vadillo concluyó que el aumento del boleto funciona como una “coartada discursiva” mientras el subsidio garantiza la caja del sistema. “Las empresas no asumen riesgos, el Estado paga y el usuario financia un modelo caro, opaco y sin control. Antes de discutir nuevos aumentos, Mendoza necesita auditorías reales, datos abiertos y control efectivo del servicio. Seguir subiendo la tarifa sin transparencia es pedirle al ciudadano que resigna escuelas, hospitales y seguridad para sostener un sistema que no rinde cuentas”, cerró.
