El abogado especialista en defensa del consumidor y presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, alertó sobre el enorme desbalance económico, ambiental y social que implicaría la aprobación del paquete minero que el Gobierno provincial pretende sancionar en la Legislatura. El dirigente presentó un análisis técnico que desnuda cuánto dejaría realmente el proyecto PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge) y cuánto se llevaría la empresa.
Según Vadillo, detrás de la discusión por las regalías “hay un intento claro de entregar un recurso estratégico de Mendoza a cambio de cifras irrisorias”. El dirigente afirmó que la provincia está a punto de aprobar “un esquema pensado para que el gran negocio quede en manos privadas mientras a Mendoza le llegan migajas”.
Vadillo explicó que la ley fija un máximo del 3% de regalías, pero -mucho más grave- sobre el llamado valor boca mina, un cálculo técnico que reduce artificialmente el precio real del mineral: “La gente tiene que saber que no se cobra sobre el valor internacional del cobre o del oro. Se cobra sobre el valor más bajo de toda la cadena. Es un precio recortado, que siempre beneficia a la empresa. Y sobre ese número inflado a la baja, Mendoza cobra apenas el 3%. Eso es entregar el recurso”, afirmó Vadillo.
Según el análisis elaborado a partir de los volúmenes informados por la empresa, San Jorge/PSJ Cobre Mendocino extraería:
- 650.000 toneladas de concentrado de cobre
- 12.000 kilos de oro
- Otros metales de alto valor
Tomando los precios actuales del cobre y del oro, el mineral del yacimiento vale aproximadamente USD 7.500 millones.
“Si el recurso vale 7.500 millones de dólares y Mendoza solo recibe 225 millones en toda la vida útil del proyecto, eso significa 14 millones de dólares por año. Esa cifra no cambia nada en la provincia. Es una propina por entregar un recurso multimillonario y asumir todos los riesgos ambientales y sociales”, sostuvo Vadillo.
La ley prevé un Fondo de Desarrollo Socioambiental que recibiría alrededor de USD 30 millones en 16 años, es decir, menos de USD 2 millones anuales para financiar controles, monitoreo y remediación ambiental: “Con dos millones al año no asegurás ni el mantenimiento básico de un dique de colas, mucho menos reparar un derrame o restaurar una cuenca. Es un fondo simbólico para un riesgo gigantesco”, cuestionó el dirigente.
Vadillo advirtió que el proyecto exportará concentrado de cobre, no cobre refinado. La industrialización -donde está el mayor valor agregado- se hará fuera de la provincia: “El empleo fuerte es solo en la construcción. Después quedan pocos puestos estables. El valor industrial se va afuera. Lo que queda acá es la presión sobre el agua, el tránsito pesado y el riesgo ambiental por décadas”, afirmó.
Vadillo alertó sobre un artículo de la ley que permite al Ejecutivo reducir aún más el porcentaje de regalías si la empresa presenta informes sobre supuestos “estándares ambientales” o “políticas de inclusión”.
“Cumplir la ley ambiental no es un mérito, es una obligación. Premiar a una minera bajándole regalías es abrir la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción. Cada punto de alícuota son millones de dólares. Esto no puede quedar en manos del gobierno de turno”, advirtió.
Vadillo recordó que Mendoza enfrenta una de las crisis hídricas más severas de su historia y que la megaminería implica consumo de agua, generación de residuos tóxicos y riesgo permanente de fallas en diques de colas: “La pregunta que hay que hacerse es simple: ¿vale la pena arriesgar el agua de Mendoza por 14 millones de dólares al año? Todos sabemos la respuesta. Sin agua no hay producción, no hay vida y no hay futuro”, sentenció.
Para cerrar, Vadillo expresó con contundencia: “Mendoza pone el cobre, el agua, el territorio y el riesgo ambiental por décadas. Y lo que recibe a cambio es una propina. Esto no es progreso ni desarrollo: es regalar un recurso estratégico. Vamos a seguir denunciándolo y defendiendo el agua de los mendocinos”.
