El diputado provincial Emanuel Fugazzotto (Frente Verde) ingresó dos proyectos -uno de ley y uno de declaración- que buscan obligar a todas las instituciones educativas de Mendoza a informar, difundir y explicar el Protocolo de Actuación frente a casos de Bullying y Violencia Escolar a las familias al inicio de cada ciclo lectivo y durante el año.
Las propuestas surgen tras la reciente aprobación de la ley que incorporó la responsabilidad parental al Código Contravencional y que fija sanciones a adultos responsables que no acompañen los procesos de intervención escolar ante situaciones de acoso.
Fugazzotto explicó que el avance normativo es importante, pero insuficiente si las familias siguen desconociendo los pasos del protocolo: “Hoy tenemos una ley y un protocolo actualizados, pero siguen llegando casos donde los padres no participan, no asisten a reuniones o directamente desconocen qué hacer. Sin información clara, cualquier política queda a mitad de camino”, señaló.
El proyecto de ley, denominado Difusión escolar obligatoria del Protocolo para combatir el Bullying, establece que todas las escuelas -públicas, privadas con subvención estatal o sin ella- deberán informar el Protocolo de Actuación al inicio del ciclo escolar y generar, al menos, dos instancias participativas durante el año para explicarlo y actualizarlo: “La escuela no puede sola. La prevención empieza por el compromiso familiar. Si los adultos no conocen sus responsabilidades, no habrá ni reparación ni convivencia posible”, afirmó el diputado.
El segundo proyecto, de declaración, solicita que la Dirección General de Escuelas establezca con urgencia mecanismos obligatorios para garantizar la efectiva comunicación del Protocolo en todos los niveles: “Pido a la DGE que unifique criterios y garantice que ninguna familia termine enterándose de un protocolo recién cuando hay un conflicto. Eso ya es tarde. La información debe llegar antes, de forma clara y obligatoria”, sostuvo Fugazzotto.
El legislador recordó que el propio sistema educativo advierte serias dificultades para lograr la participación de los adultos responsables: “Muchos casos escalan porque las familias niegan la situación o no van a la escuela. Informar el protocolo es una herramienta preventiva, no una formalidad administrativa”, remarcó.
Además, destacó la importancia de darle sentido real a la corresponsabilidad establecida en la nueva ley: “Si vamos a exigir responsabilidad parental, el Estado también debe garantizar que los padres entiendan qué se espera de ellos y cómo acompañar a sus hijos en situaciones de violencia escolar”, expresó.
Fugazzotto concluyó que ambas iniciativas buscan proteger a las infancias y evitar que los dispositivos de intervención solo aparezcan cuando ya existe un daño emocional o social: “Necesitamos que cada familia tenga las herramientas para actuar antes. La prevención es la mejor forma de cuidar la vida, la salud mental y el bienestar de nuestros chicos”.
