Allá por 2024, una de las polémicas sobre la Ley Bases fue el intento de habilitación del saque sobre los recursos nacionales y su explotación, en particular con las modificaciones a la Ley de Glaciares. Apuntaban a reducir el área de protección de los glaciares, legalizando ciertas prácticas mineras predatorias.
Afortunadamente fue rechazada. A casi dos años, el gobierno nacional vuelve a intentar una vez más avanzar con un proyecto de ley nefasto para los ecosistemas del país y golpea duramente la calidad de vida de los habitantes aledaños de estas tierras protegidas.
No es para menos. Argentina cuenta con un total de 16.968 glaciares, que cubren un área aproximada de 8484,21 km2. Si les parecen que son número bastante buenos es porque lo son. Es un privilegio poder contar con semejantes estructuras. Son reservas estratégicas de agua, fuente de energía para la biodiversidad, fuente de información científica, y también atractivo turístico.
La postura de Mendoza parece centrarse en la necesidad de generar claridad y complementación dentro del marco normativo ya existente, evitando cualquier modificación directa a la ley de presupuestos mínimos que pudiera reabrir conflictos políticos y ambientales.
La ministra Latorre explicó que la confusión podría derivar del trabajo que la provincia está realizando con la Secretaría de Ambiente de la Nación en una guía para relevar las zonas periglaciares. La funcionaria mendocina reconoció que las provincias, en el marco de competencias concurrentes, necesitan ampliación y aclaración sobre la aplicación de la ley nacional.
A diferencia de la propuesta de ley que busca el Ejecutivo nacional -y que permitiría a cada provincia determinar la zona periglaciar con la promesa de una gran inversión en minería-, Mendoza se enfoca en resolver la indefinición técnica de una norma que tiene diez años de vigencia pero que aún no cuenta con reglamentación ni relevamiento de zona periglaciar.
En tanto, desde la oposición, el Frente Verde Mendoza ha dejado clara su postura: No se tocan Los Glaciares ni su entorno!
El diputado provincial del Frente Verde, Emanuel Fugazzotto, presentó un proyecto de declaración para expresar el rechazo y la preocupación de la Legislatura de Mendoza ante los anuncios del presidente Javier Milei de avanzar en una modificación -o “redefinición”- de la Ley Nacional de Glaciares, ya sea mediante un proyecto nuevo o incluso a través de un DNU.
La iniciativa surge en un contexto en el que el Gobierno nacional, gobernadores y sectores empresariales han puesto en debate la posibilidad de flexibilizar la protección del ambiente glaciar y periglacial con el fin de destrabar inversiones de cobre, litio y minerales críticos.
Fugazzotto fue contundente: “La Ley de Glaciares no es un obstáculo. Es una barrera de protección hídrica. Tocar esa norma sería un retroceso gravísimo para Mendoza, una provincia que vive de su agua y padece una sequía histórica”, afirmó.
El diputado remarcó que la provincia tiene obligaciones ambientales insoslayables y que flexibilizar el concepto de glaciar o periglaciar sería “abrirle la puerta a la megaminería en zonas donde simplemente no puede operar”.
“No vamos a entregar el agua de Mendoza para que cierren los balances de unas pocas empresas. No hay desarrollo posible sin agua. Ese es el límite que la política debe defender”, agregó.
El Legislador respondió también a los planteos de Nación y varias provincias mineras que buscan “devolver autonomía” en la reglamentación de la ley: “El federalismo no puede usarse como excusa para habilitar actividades extractivas en zonas de glaciares o periglaciares. Esa agua es estratégica para toda la región. La Constitución es clara: los presupuestos mínimos ambientales son nacionales, no se negocian y no se reducen”, señaló Fugazzotto.
Además, advirtió que un eventual DNU sería jurídicamente vulnerable y socialmente inaceptable: “Intentar modificar la Ley de Glaciares por decreto sería una agresión institucional. Mendoza va a defender su recurso más valioso: el agua de la cordillera”.
El diputado explicó que la presión sobre la ley apunta, especialmente, a recortar la definición de periglaciar, donde se encuentran reservas subterráneas de agua congelada esenciales para el caudal de los ríos.
“Quieren acotar la definición para que aparezcan ‘zonas libres’ donde avanzar con proyectos. Pero el ambiente periglacial es la columna vertebral de nuestro sistema hídrico. Si lo destruimos, no hay vuelta atrás”, afirmó.
Fugazzotto sostuvo que el debate nacional muestra una tendencia peligrosa: “Hay un clima de época donde todo se subordina al extractivismo. Nosotros decimos claramente: minería sí, pero con límites firmes. Y el primer límite es el cuidado del agua”.
Y concluyó: “Las inversiones son importantes, pero no pueden basarse en destruir reservas estratégicas que sostienen la vida de 2 millones de mendocinos. No existe licencia social para eso, ni la habrá”.
Vadillo sobre la ofensiva minera: “Latorre fabrica una mentira técnica para correr la frontera de los glaciares”
El abogado especializado en defensa del consumidor, Mario Vadillo, cuestionó con dureza el discurso del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y apuntó directamente contra la ministra Jimena Latorre por lo que calificó como “una operación política para debilitar” la Ley Nacional de Glaciares. Según afirmó, el Gobierno provincial busca instalar falsos vacíos jurídicos con el objetivo de habilitar proyectos megamineros en zonas que la ley protege de forma explícita.
Vadillo advirtió que la ofensiva no es un simple debate técnico, sino “una estrategia articulada para fabricar confusión jurídica y avanzar sobre áreas donde la actividad minera está prohibida sin matices”. En ese sentido, sostuvo que Latorre “habla como si defendiera el agua, pero actúa como si estuviera defendiendo los intereses del lobby minero y la agenda de Alfredo Cornejo”.
El abogado aseguró que uno de los argumentos centrales del Gobierno -la supuesta falta de reglamentación de la Ley 26.639- es directamente falso. “Dicen que la ley no está reglamentada desde hace más de diez años. Eso es mentira. La ley fue reglamentada en 2011 por el Decreto 207/2011. No hay ningún vacío legal. No hay ninguna zona gris. La norma está vigente, operativa y con claridad absoluta”, afirmó. Según Vadillo, esa narrativa es funcional a un objetivo político: “Si repetís que la ley ‘no sirve’, podés justificar que las provincias la ‘adapten’ o la ‘precisen’. Y eso significa abrirle la puerta al negocio minero donde hoy está taxativamente prohibido”.
Otra de las afirmaciones que refutó es la idea de que no existe inventario del ambiente periglaciar. Según explicó, ese planteo es un artilugio que permite avanzar sobre zonas protegidas sin que se complete la información técnica. “Latorre dice que no hay inventario y que hay que construirlo ‘entre todos’. Pero el propio Gobierno reconoce que 17 de los 27 proyectos del Distrito Minero Occidental II tienen conflicto o superposición con ambiente periglaciar. No saben dónde empieza ni dónde termina, pero igual mandan el paquete minero a la Legislatura”, aseguró. Para Vadillo, “cambiar la palabra ‘perforación’ por ‘relevamiento científico’ no convierte una violación ambiental en una acción neutra”.
El abogado también se refirió al caso de los proyectos “Piedras Verdes” y “Mel”, rechazados por el Gobierno provincial por estar ubicados directamente sobre glaciares. Para él, esa decisión fue utilizada como maniobra comunicacional. “Bajaron dos proyectos que no tenían salvación jurídica y usan eso para mostrar rigor técnico. Pero dejan avanzar 27 que están rodeados de las mismas inconsistencias. Si ni siquiera está bien delimitado el ambiente periglacial, habilitar exploración es lisa y llanamente ilegal”, afirmó. Citó además observaciones académicas de la UNCuyo y cuestionamientos técnicos que señalan la falta de estudios hidrológicos básicos y la ausencia de evaluación de impactos acumulativos.
Vadillo también cuestionó la “Guía de Glaciares y Ambiente Periglacial” presentada por el Gobierno provincial, a la que calificó como “un caballo de Troya”. Según explicó, “una guía técnica no puede modificar una ley nacional, no puede flexibilizar zonas de protección ni puede reemplazar un inventario oficial. Si la guía dice que servirá para ‘delimitar futuras zonas periglaciares’, entonces reconoce que el relevamiento se hará después de permitir la entrada. Primero la minera, después el mapa. No hay política ambiental más temeraria”.
El abogado remarcó que el contexto hídrico de Mendoza vuelve aún más grave la intención de avanzar sobre zonas de alta sensibilidad: “Los glaciares retroceden y las reservas de agua se achican. Cada parche de hielo, roca congelada o suelo helado es infraestructura hídrica, no paisaje. Relativizar el ambiente periglacial en una provincia que vive de su montaña es un acto de negación técnica e histórica”, indicó.
Por último, Vadillo criticó el argumento institucional utilizado por la ministra sobre la necesidad de “aclarar” competencias entre Nación y provincias. “Cuando hablan de indefinición jurídica, siempre es para favorecer un proyecto minero, nunca para proteger un glaciar. Latorre no habla como autoridad ambiental: habla como operadora técnica de una estrategia económica pactada entre Nación, gobernadores mineros y las empresas que presionan para acelerar proyectos”, afirmó.
Y concluyó: “Lo que está en juego no es un tecnicismo. Es la frontera del agua. Si permiten avanzar sobre el periglaciar, están hipotecando el futuro de Mendoza bajo el disfraz de una discusión técnica que no existe”.
