El Gobierno de Javier Milei desató una nueva controversia al designar al obispo Santiago Olivera, conocido por justificar a los represores de la dictadura, para pronunciar el mensaje oficial de Pascuas. En el mismo sentido, el «radical» Luis Petri también eligió el mismo mensaje para desear «esperanza» a sus seguidores y en especial a los mendocinos, pateando los valores democráticos cuyas banderas levantó Raúl Alfonsín y en contra la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
Esta decisión, vista como un nuevo desafío a los derechos humanos, resalta las posturas de Olivera, quien describió los procesos de Memoria, Verdad y Justicia como una forma de “venganza” y elogió a algunos genocidas como “gente buena y valiosa”.
En su mensaje pascual, difundido por el Gobierno libertario, Olivera expresó: “Este domingo celebramos la Pascua de resurrección. Coincide con nuestros hermanos mayores en la fe, con su Pésaj. Es el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo resucitó y da sentido a nuestra fe.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
— Casa Rosada (@CasaRosada) April 20, 2025
Agradecemos al Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera, por su mensaje de fe y reflexión en esta fecha tan significativa para el pueblo argentino. pic.twitter.com/a4RpuuejCG
Quiero enviarles un cordial saludo con la alegría que nos da justamente que Cristo venció con su muerte nuestra muerte y nos dio la vida para siempre”. La elección de estas palabras, en un contexto de fuerte cuestionamiento a su figura, intensifica la polémica.
Por otra parte, Olivera ha defendido públicamente a militares procesados por crímenes de lesa humanidad. En una reciente entrevista radial junto a Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), el obispo afirmó que se viven “tiempos nuevos” para quienes respaldan a los represores.
“Siempre digo que hay militares que no se portaron bien y con esos hay que hacer justicia, pero no hacer venganza, que es lo que me parece (que pasa) con muchos de ellos al conocerlos o visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”, señaló.
En la misma línea, Olivera añadió: “Hay muchísima gente que murió sin condena y, por lo tanto, inocente”. Además, cuestionó las condenas a militares, argumentando que se usan “terminologías terribles –genocidas, asesinos– cuando era gente muy joven que obedecía, y así están formados los militares”. Estas declaraciones refuerzan su postura de justificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que contrasta con el reclamo social por justicia.
Petri, un jugador que patea en contra de la Memoria, Verdad y Justicia
Dejando de lado el legado de Ricardo Alfonsín, el ministro de Defensa de origen radical hizo su aporte a la «batalla cultural» que emprende el Presidente y que salpica a las políticas de memoria, verdad y justicia, a 40 años de democracia, al relativizar la violencia política setentista que incluye la represión ilegal de la dictadura a partir de 1976. Una tarea que ya había sido impulsada desde el Ejecutivo, cuestionando la figura de los 30.000 desaparecidos, agitando la teoría de los dos demonios; y, en otro plano, militando la «memoria completa», que busca poner en pie de igualdad a los detenidos-desaparecidos bajo el terrorismo de estado con aquellos asesinados por las organizaciones guerrilleras.
Desde el año pasado, el ministro de Defensa Luis Petri viene trabajando en el desguace del Equipo de Relevamiento y Análisis que trabajaba sobre los archivos militares de la última dictadura al derogar la resolución que lo creó en marzo de 2010.
Esta decisión termina de desarmar el grupo de trabajo que durante 14 años analizó legajos y documentación de las Fuerzas Armadas y realizó aportes fundamentales a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Desde su llegada al ministerio y el nombramiento de militares retirados en puestos clave, Petri encabeza un importante retroceso en materia de derechos humanos en Defensa. A fines de marzo, a los pocos días del aniversario del golpe cívico militar, fueron los primeros despidos. Una decena de trabajadores del Equipo de Relevamiento fue despedida. Tres meses después, el Grupo de Trabajo fue eliminado.
En sus últimos meses, Luis Petri adelantó que busca cerrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
A través de su cuenta de X (ex Twitter) el ministro remarcó: “La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los ‘grupos de trabajo’ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”.
Hace tiempo que organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos advierten que podrían cerrar la Conadi y dificultar la restitución de identidad de cientos de personas. Este organismo estatal fue creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983) y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona.
El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.
El Gobierno de los Milei, Petri, Cuneo Libarona fundamentan su negacionismo de los 30.000 detenidos desaparecidos, se apoya en las cifras de víctimas del terrorismo de Estado recopiladas en el informe Nunca Más elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la Conadep, creada en 1984 por un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín.
“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional”, argumentan desde el gobierno nacional para no legitimar es que se sigan buscando a más de 400 hombres y mujeres cuyas identidades fueron cambiadas por otras falsas en el mismo momento en que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres o en que nacieron en las maternidades clandestinas de lo centros de detención militares, policiales y penitenciarios.
También hay que recordar el rol que tuvo Luis Petri en el 2024 que, en el contexto del último Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justica, se reunió con la abanderada de genocidas Cecilia Pando y otras esposas de exmilitares, para avanzar en la liberación de criminales de lesa humanidad.
Luego ejecutó el desguace de los Equipos de Relevamiento y Análisis de Archivos de las Fuerzas Armadas, que se encargaban de investigar el plan sistemático de exterminio de la última dictadura cívico militar. Y finalmente designó, en las mismas oficinas donde trabajaba ese prestigioso equipo reconocido por la Unesco, a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, funcionarios que reivindicaron públicamente la escandalosa visita de los legisladores nacionales libertarios a los genocidas de Ezeiza, los reconocidos represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda. En el encuentro también estuvieron presentes los genocidas Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el «Pájaro» Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario «el Cura» Marcote, Miguel Angel Britos.
