El tema del reparto de la publicidad gubernamental en las provincias argentinas siempre da lugar a la duda de ofrecer un ámbito atractivo para «moldear a su gusto» los espacios de opinión, de acuerdo a la cantidad de pauta que se le asigna al medio y de la ética periodística de su gente. Esto no solo incluye al presente, sino ha sido un factor histórico, lamentablemente practicado en muchos gobiernos, de todos los colores políticos.
En esta oportunidad la duda recae en la provincia de Mendoza. A través de un Proyecto de Resolución, el diputado provincial, Lucas Ilardo, citó al director de Publicidad y Medios de la Provincia de Mendoza, Leonardo Aballay, para que concurra a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Tributarios de la Cámara de Diputados e informe sobre la política comunicacional del Gobierno mendocino.
La iniciativa surgió tras una serie de pedidos de informes a partir de los cuales la oposición pretendía obtener una respuesta respecto de la falta de información sobre la distribución de la pauta publicitaria, el monto del gasto asignado a esta materia y los objetivos y criterios utilizados para tal fin.
La negativa a responder las inquietudes de la oposición, dio lugar a que Ilardo decidiera citar a Aballay a la mencionada Comisión para que brinde la información pertinente que se solicitó en reiteradas ocasiones.
De esta manera, el gobierno de Cornejo, no cumple con lo establecido por la Ley Provincial 6.496, vigente desde el 27 de mayo de 1997, que establece que el gobierno debe presentar cada dos meses un informe detallado sobre los gastos realizados en concepto de publicidad, promoción, donación y subsidios realizados durante ese período.
Esta norma que apunta a dar transparencia al manejo de los fondos públicos destinados a la publicidad, el gobierno provincial no la cumple y se desconoce por completo qué criterio utiliza el gobierno para hacer estos gastos que rondarían los mil millones de pesos.