En medio del plenario de comisiones por la Ley de Ómnibus, la diputada nacional mendocina Mercedes Llano afirmó que lo ocurrido con la empresa emblemática IMPSA, más allá del romanticismo con el que algunos colegas se refieren a las empresas estatales… es un ejemplo de que «todo lo que toca el Estado lo funde y tiñe de corrupción» y solicitó que dicha empresa entre en el proceso de privatización.
«Como mendocina. Consultar si está previsto que en un futuro IMPSA sea incluida en el proceso de privatización. IMPSA es un ejemplo más allá del romanticismo que ha tenido parte de las alocuciones en este ámbito. Es un ejemplo de cómo la estatización de una empresa generó la pérdida de esa entidad», dijo en su exposición la diputada Nacional por La Libertad Avanza.
«A mi entender todo que toca el Estado no solamente lo funde, sino que también lo tiñe de corrupción», subrayó Llano al hacer uso de la palabra.
Por otro lado, la legisladora mendocina se quejó de la falta de profesionalización en la administración pública y aseguró que es hora de romper con «el predominio del paradigma de la construcción de la burocracia militante al servicio de un proyecto político ideológico y no al servicio de la ciudadanía».
«Una burocracia militante que se construyó bajo un gobierno de tintes populistas y la preminencia de un relato de un Estado omnipresente que resintió la calidad de los servicios que prestaba el Estado y contribuyó a expandir su tamaño», aseveró. Apuntando a ello, le consultó a las autoridades presentes si está previsto «unificar la pluralidad de escalafones administrativos que existen» y que llegarían a ser 60 escalafones diferentes en las distintas dependencias del gobierno.
Cabe destacar que hoy la provincia de Mendoza es dueña del 21,2% de las acciones de la empresa que estaba quebrada, que adquirió tras el desembolso de 5 millones de dólares. En tanto, la Nación es el accionista mayoritario con el 63,7%, aportando 15 millones de dólares. Mientras que el 15,1% está en manos de privados: 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.
En el 2014, mientras Pescarmona aparecía en las revistas ostentando ser el único mendocino entre los 40 hombres más ricos del país con un patrimonio personal de 320 millones de dólares, llevó a la empresa de su padre al default y las puertas de la ruina. Tomó a sus obreros como rehén amenazando con despidos masivos. El Estado tuvo que salir con un salvataje poniéndole 2 millones de pesos mensuales en subsidios directos. Condicionando nuevamente al Estado para que se le otorgue toda la obra pública energética en la que pudiera incursionar. Durante noviembre del 2016, con la ayuda del gobierno de Macri y los funcionarios del Banco Nación, su principal acreedor, logró zafar nuevamente de la quiebra logrando re-estructurar de la deuda que mantiene con sus acreedores.
Además, Pescarmona en 2018 utilizó el blanqueo de capitales dispuesto por Macri para declarar 108,2 millones de pesos.
