Te torna muy difícil combatir la inseguridad en la provincia de Mendoza con chamuyo nomás. El mismo gobernador Rodolfo Suarez lo dice en su propio discurso: «Estos son hechos. Nosotros, como bien decimos, hablamos con hechos»… sin dudas, los hechos están bien a la vista de todos los mendocinos, el mismo gobierno de Rody no le pone plata a la policía y es así que solo se administra delincuencia e inseguridad.
Ahora trascendió la noticia que en San Rafael, otros dos organismos provinciales vinculados al Ministerio de Seguridad, también fueron desalojados por falta de pago del alquiler del inmueble que ocupaban en calle Avellaneda al 140.
Se tratan del OTC (Organismo Técnico Criminológico) y la DPL(Dirección de Promoción al Liberado), ambos dependientes del Servicio Penitenciario.
En la ocasión ante la presencia de 3 oficiales de justicia, fueron desalojados del inmueble de calle Avellaneda al 146 aproximadamente, donde funcionaban los dos organismos del estado provincial.
Empleados y funcionarios se han llevado los expedientes que tuvieron que meter en cajas a sus domicilios particulares. Situación esta que no estaría legalmente autorizado
Desde hace tiempo hay un malestar muy grande en la Policía de Mendoza por los sueldos miserables que tienen, haciéndose imposible sostener a su núcleo familiar y mucho menos acceder a una vivienda.
Hace años que vienen reclamando salarios dignos para las fuerzas de seguridad de la provincia de Mendoza. Por la falta de acompañamiento y coordinación del Ministerio de Seguridad del gobierno de Suarez, han quedado 5000 efectivos activos, los demás abandonaron la fuerza para conseguir mejores trabajos. Todo esto en el marco de un narcotráfico y hechos de inseguridad en ascenso.
Ayer Tunuyán, hoy papelón en San Rafael
Ayer martes trascendió la noticia de que la Distrital IV de Valle de Uco, en el departamento de Tunuyán, fue desalojada por falta de pago del alquiler, situación que puso en foco la grave situación que atraviesa la policía de Mendoza, la falta de recursos y la desidia por parte de los funcionarios provinciales que están desde la gestión de Alfredo Cornejo.
El medio tunuyanino Quimera Digital profundizó sobre el papelón del gobierno provincial, desenmascarando la mentira del Ministerio de Seguridad de Raúl Levrino, que señalaba que dicho desalojo era voluntario y que no era por falta de pago, sino que, por controversias contractuales.
«La SRL que menciona hace años está dividida entre los hijos de Carlos Martin, Hipólito Martin y Oscar Martin con 6 hijos 2 cada uno de los mencionados. Dicha SRL ya no existe y no mantiene deuda alguna con AFIP» argumenta el medio.
Y agrega «Cuando hace mención a que al Sub contratante fallecido una persona muy conocida le endilga deudas con AFIP porque no puede defenderse, porque por algo, legales del Ministerio de Inseguridad de Mendoza debe haber controlado en su momento, la situación para refrendar el contrato. Es miserable hablar mal de una persona que no está entre nosotros para justificar un hecho como este».
«Cuando Marcelo Calipo, jefe de la Policía, sostiene que es voluntario y que no existe deuda, MIENTE, la deuda está registrada todo el año 2021, 2022 y lo que va del 2023, lo que motivó un juicio de desalojo natural y como saben que pierden antes de un mayor escándalo ordeno desalojar el lugar», detalla el medio dirigido por Ariel Alejandro Lareu Da Peña.
Por otro lado y completando la confirmación de la inoperancia del gobierno de Rodolfo Suarez de no pagar el alquiler de la importante dependencia de seguridad que es la cabeza regional de la policía para todo el Valle de Uco, salió Gabriela Mocayar, apoderada legal y una de las propietarias del inmueble que alquilaba el Estado provincial, aseguró a LV10 que Seguridad se encontraba “con contrato vencido y sin pagar” desde hacía más de tres años.
“Cada vez que me comunico con las distintas áreas del ministerio, me dicen que los expedientes están en curso, pero los pagos no los liberan“, contó.
La propietaria aseguró que la demanda de desalojo se inició hace seis meses y que la cartera a cargo de Raúl Levrino ya estaba notificada de la medida judicial.
Mocayar también explicó que la propiedad está a nombre de accionistas y, en su momento, se subalquiló a través de su padre. Al fallecer esta persona, se inició la sucesión.
El desalojo se produjo el martes por la mañana y llamó la atención porque la dependencia se encuentra a media cuadra de avenida San Martín, en pleno centro de Tunuyán, y la mudanza a otras reparticiones policiales fue realizada por los mismos uniformados.
El desalojo en San Rafael por falta de pago del alquiler dependencias del Estado provincial que se dio a conocer hoy, el OTC (Organismo Técnico Criminológico) y la DPL(Dirección de Promoción al Liberado) que integran el Servicio Penitenciario dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, y lo de Tunuyán, no son los únicos papelones del gobierno de Suarez. También hubo un pedido de informes en la Legislatura provincial sobre el caso del helicóptero Halcón 2 del Aeroclub de San Rafael en los que tampoco se pagaba el alquiler del hangar.
¿A esto Suarez y Cornejo llaman Estado eficiente? ¿Así se combate la delincuencia?
Fuentes El Sol, Minuto Ya, Quimera Digital