La Policía de Mendoza está al límite de la ebullición. En el cuerpo de Seguridad hay mucha bronca por los bajos salarios que tienen, la precariedad en la que intentan combatir una delincuencia en notable ascenso en la provincia, patrulleros destruidos que son «las herramientas» de trabajo de los policías, una lucha contra el narcotráfico sin serias estrategias más allá de cazar perejiles, una internet que la pagan los propios policías de los bolsillos, sin balas, sin chalecos nuevos, sin renovación de armas.
Mientras tanto, a dos metros de la Casa de Gobierno provincial, el candidato Alfredo Cornejo y su socio, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, se muestran ante las cámaras, explicando «el modelo de Seguridad de Mendoza», las compras de drones (del cual no sabemos sus valores) y las adjudicaciones de los nuevos patrulleros (que tampoco sabemos sus fines y sus valores económicos) en el cual, ante el ocultamiento de la información pública, algunos mendocinos desconfían que existe un cierto olorcito a sobreprecios y corrupción.
En medio del chamuyo, el candidato Cornejo afirma que la seguridad es uno de los ejes de su campaña electoral «Es un tema fundamental porque es una de las mayores preocupaciones de la gente. Nosotros nos preocupamos pero nos ocupamos del tema», indicó sin ponerse colorado.
Pero «el relato» del Cornejismo se viene derrumbando con los hechos de la realidad. En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que las fuerzas policiales de la Jefatura Distrital de Policía IV y la Departamental de Tunuyán tuvieron que desalojar el lugar porque el gobierno de Rodolfo Suarez, no paga desde hace meses el alquiler de las instalaciones donde funcionaba la dependencia policial.
Se trata de la Distrital IV de Seguridad que funcionaba en Calle Elías Villanueva del departamento de Tunuyán y que cumplía una función estratégica, a pesar de la falta de efectivos y recursos que desde hace tiempo vienen denunciando los propios efectivos.
«Es la comisaría más importante de toda la zona, es una vergüenza lo que viene pasando. No les interesa en absoluto nuestra seguridad», expresó indignado un vecino que asombrado observó cómo se procedía al desalojo.
Según señalaron, los efectivos muchas veces ponen dinero de sus propios bolsillos para poder cumplir con las funciones básicas.
Tras semejante papelón del gobierno provincial, salieron a los manotazos con un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad que el desalojo era «voluntario»… es decir, más claro, que se iban los policías del establecimiento porque ellos querían y tenían ganas de mover muebles.
Como medida provisional, la Distrital IV se trasladará a la sede de Bomberos de la Policía, mientras que la Jefatura Departamental Tunuyán operará desde la Comisaría 65º de Vista Flores.
Desde ya esta inoperancia del gobierno de Rodolfo Suarez implica más gasto a las arcas del Estado: costos de traslados, desinstalación y reinstalación de equipos que hacen a la seguridad de la zona bajo su control, gastos en personal y los vehículos utilizados para las tareas de desalojo, desinstalación y reinstalación de equipamiento, y demás tareas asociadas, son recursos materiales y humanos que se desafectan del servicio activo de seguridad en las calles.
El relato de la austeridad del Estado «eficiente» que promete Rody Suarez, se derrumba por la inoperancia propia.
