Recién en su último año de gestión, el gobernador Suarez llama a concursos para ingreso al Estado. Mientras tanto, los amigos de la gestión ya recibieron subrogaciones y quedaron “acomodados” hasta el final de la gestión. ¿Qué hay detrás de los concursos?
El 2022 se despidió con el pomposo anuncio de que en el año 2023 retornarían los concursos para ingreso al Estado Provincial. Desde Casa de Gobierno inflaron el pecho anunciando que tras cinco años de su propia gestión y seis desde la sanción de la Ley Nº9015, mendocinos y mendocinas podrían volver a postular para el ingreso al estado.
Mediante la nota “Casa de Gobierno: denuncian ‘acomodos’ e incumplimiento de la Ley de Concursos”, publicada el pasado 22 de noviembre de 2022 en el diario Babel, se daban a conocer algunos de los sombríos mecanismos que el gobierno estaba utilizando para no cumplir con lo que dice la ley que ellos mismos sancionaron.
Subrogancias otorgadas a dedo y como favoritismos políticos, incumplimiento de las mayores dedicaciones, creación de cargos “profesionales” para quienes no eran profesionales y suspensión de aquellos que se atrevieran a quejarse fueron algunas de las artimañas denunciadas por los trabajadores de Casa de Gobierno.
Según detalla dicha nota: ¿Qué dice la ley respecto a las subrogancias? En el artículo 4 de la Ley 9015, se establece que de modo excepcional “las vacantes sean cubiertas a través de subrogancia”. Pero, en dicho artículo, también queda sentado que “se deberá efectuar el llamado en el plazo máximo de un año”.
“El cargo cubierto por medio de las subrogancias demuestra la necesidad imperiosa de utilizar ese cargo, para el buen funcionamiento del Ministerio”, reclama ATE en uno de sus pedidos ante el ex ministro Lisandro Nieri.
El llamado a concursos para 2023
El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia realizó un nuevo llamado a concurso para cargos a planta de personal en el estado provincial. En su mayoría, se trata de vacantes con perfil profesional en los Ministerios de Hacienda, Finanzas, Economía y Energía, Planificación e Infraestructura Pública y en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
El total de concursos será de 41 cargos, 19 de ellos corresponden a concursos abiertos de ingreso y los 22 restantes a concursos cerrados de ascensos. Los concursos de ingreso están, en su mayoría, destinados a cubrir cargos de Guardaparques para la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en tanto que también se buscan profesionales de la ingeniería industrial y agronómica para la Unidad de Control de Cannabis y la Dirección de Agricultura.
Las polémicas que no cesan
Trabajadores y trabajadoras de Casa de Gobierno celebran por la reapertura de concursos tras cinco años, pero advierten que no todo es como debería ser. La apertura de concursos se da en torno a las “nuevas necesidades” de un Estado que busca modernizarse y dar prestaciones de calidad a la ciudadanía. Pero advierten que no se están respetando algunos de los principios de la propia ley: igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad de trato por razones de sexo y discapacidad.
La cobertura de cargos vacantes con clase superior, que en la nota previamente mencionada se señalaban como las “subrogaciones a dedo”, continúan a pesar de los concursos para los ascensos. Tal como destacábamos anteriormente, las subrogaciones podrían durar un año hasta el concurso. Sin embargo, además de entregarlas sin criterio y a amigos de los directores de áreas, muchas de las mismas se encuentran vencidas y se renuevan casi automáticamente.
“El llamado a concurso deberá efectuarse en el plazo máximo de un año siempre que la necesidad persista”, advierte la ley. Esto no se está cumpliendo e incluso se otorgan, además de las subrogaciones, mayores dedicaciones. Algunos de estos agentes no cumplían con los horarios estipulados en las mayores dedicaciones, lo que valió reclamos de delegados gremiales y trabajadores. ¿La respuesta? Suspensiones, aprietes y persecución a quienes denunciaron.
Las clases subrogadas suelen ser las 11 y 12 (algunas de las más altas). Esto hace que la clase original del agente prestador no se libere y como no se llaman a concurso, tampoco haya movimiento.
Todos estos cargos siguen sin llamarse a concurso, además se ha realizado la creación de nuevos cargos y, por el expediente 2022-8555404-DGADM están siendo subrogadas. Las clases otorgadas son las denominadas “clases profesionales” y no se está cumpliendo en todos los casos con ese requisito.
Estas clases no serán llamadas a concursos y fueron subrogadas en diciembre del 2022, con firma de la contadora Paula Allasino y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, junto a otros funcionarios.
En su momento, tanto ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) como APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control) realizaron sendas presentaciones en torno a esta situación. “Si no te gustan las formas, te aprietan”, aseguran los representantes de los trabajadores de estas áreas.
En síntesis, el Estado llamó a concurso tal como se le pedía hace años. Sin embargo, continúa abusando de las subrogaciones para los “amigos de la gestión”, esto no libera las clases más bajas ni tampoco abre la posibilidad de ascender para otros trabajadores.
El llamado a concursos está, la transparencia sigue siendo una deuda de la gestión de Suarez.
Por Juan Manuel Lucero
