Se reanudó en Diputados el debate sobre créditos UVA «La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre Estado, banco y beneficiarios» sostuvo Cobos

Actualidad Mendoza

Luego de varios plenarios en los que fueron escuchados funcionarios, exfuncionarios, tomadores de créditos y autoridades de bancos y de entidades bancarias, se realizó una nueva reunión en el Congreso Nacional para seguir buscando una salida a la problemática a la desesperante realidad de miles de familias argentinas.

En las afueras del Congreso, se realizó una nueva marcha de los autoconvocados exigiendo una urgente solución en medio de un desesperante contexto de supervivencia, con una galopante inflación y el aumento constante de las cuotas crediticias que hacen de estas familias trabajadoras en una situación de indigencia.

De esta manera, la Comisión de Finanzas, que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, continuó este miércoles con el debate del tratamiento de los proyectos para darle solución a los tomadores de créditos hipotecarios UVA.

Al respecto, la diputada Aparicio explicó que “tenemos una gran cantidad de proyectos -incluido uno de ella-, la idea es abordar el inicio de esta temática con la idea de que facilite a dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Recordó las tres reuniones informativas que “han sido muy fructíferas y hemos podido visibilizar la problemática, con 31 oradores en tres jornadas”.  

La legisladora explicó que se trata de un universo de 105 mil tomadores de créditos y fueron tomados, en su mayoría, por la banca pública en un 70%, 47% corresponde al Banco Nación, 13% al Banco Provincia, 9% al Banco ciudad y una porción menor otorgada por las entidades privadas. “Es necesario buscar una solución que permita darle tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”, agregó Aparicio.  

El diputado radical Julio Cobos recordó que en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos; celebró la convocatoria porque “no sólo es para encontrar solución a los hipotecados sino para ver si recuperamos el crédito en Argentina, hoy no hay y la necesidad es muy grande”. “Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, Cuando se rompió la proporción salario-cuota originó una inequidad contractual”, dijo.  

“La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre Estado, banco y beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación para atrás, que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero, que reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo. Establecer que sea para vivienda única, que sea actualizable que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial, que se cubra el descalce a través de un fondo compensador”, puntualizó Cobos.

El mendocino agregó «Problema surgió cuando se rompió la equidad contractual en el tiempo, es decir la relación salario y cuota. Arrancó con una proporción y luego la inflación actuó más aceleradamente que los salarios, y por lo tanto originó esa inequidad contractual. Esta ruptura de la equidad contractual hizo que el Poder Ejecutivo tomara medidas, tanto la gestión anterior del Ingeniero Macri como la actual del presidente Alberto Fernández».

Y continuó «Mauricio Macri congeló las cuotas a partir de septiembre de 2019 y hasta febrero de 2020. En su momento, el ex presidente expresó que “No habrá aumento para las familias con créditos UVA. Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto. El Estado se hará cargo de la diferencia. Cuando discutamos el presupuesto veremos cómo continúa la asistencia el próximo año. Así ayudaremos a más de 90.000 familias: las 33 mil de ProCreAr y a otras 60 mil familias que compraron viviendas únicas de menos de 140 mil UVA.”

«Esto motivó además que el por entonces Secretario de Vivienda, Iván Kerr, en dos oportunidades presentara una nota al Presidente de la Comisión de Presupuesto pidiendo que en el Presupuesto se incorporara la creación de un Fondo Compensador. Luego él -ya como ciudadano- presentó un proyecto de ley en este sentido».

«También el actual presidente intervino en el tema.  Él decía en el 2019: “Hemos pensado en cambiar todas las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios para que se actualicen teniendo en cuenta sólo el salario”. Alberto Fernández decretó apenas asumió de febrero de 2020 a enero de 2021 el primer congelamiento de su gestión. Luego lo extendió de febrero del 2021 al 2022 y ya implementó en esto un mecanismo de convergencia y estableció que la la cuota no puede superar el 35% del salario. Además, el Presidente Fernández dio solución a 7000 familias tomadoras de créditos otorgados por el Banco Hipotecario, dentro del PROCREAR. Para ellos rige el ajuste por CVS y un fondo compensador que surge de la Secretaría de Vivienda», sostuvo Cobos.

«Con estos ejemplos vemos que el Poder Ejecutivo, el anterior y el actual, reconocieron que había un problema por solucionar. El Poder Legislativo también los detectó, hay un montón de proyectos sobre el tema, y a su vez aprobamos la ley se Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que en su artículo 60 establecía que el BCRA debía analizar la situación de los créditos UVA y buscaría mecanismos para solucionar el problema», añadió.

Y detalló «El Poder Judicial receptó demandas de individuos, me voy a remitir a un solo fallo de la Jueza Landaburu: elimina la indexación de UVA y lo cambia por CVS, establece cuota mensual que no puede ser mayor al 30%, critica la alta tasa interés de los bancos y destaca que los congelamientos conseguidos dieron tranquilidad temporaria, pero no una solución definitiva y lo único que han hecho es acumular deuda. Finalmente, la jueza dice “frente al panorama expuesto claro resulta la imperiosa necesidad de una ley nacional que disponga la renegociación de los contratos para créditos hipotecarios con el objetivo de brindar soluciones de fondo a todas las familias que han solicitado estos créditos”

«El Estado, porque son los tres poderes, detectaron la problemática. Escuchamos a las partes, a los prendarios, hipotecados, a los bancos. También opiniones de legisladores que no están de acuerdo con que encontremos una solución porque dicen que no hay morosidad y que el valor de la propiedad se ha aumentado en forma proporcional. No hay morosidad porque ha habido muchos meses de congelamiento, y lo otro es porque lo último que deja de pagar la gente es su vivienda. Hemos escuchado testimonios de tomadores que han vendido autos, han dejado de comprar cosas porque no quieren perder la vivienda. Decir que no hay morosidad es destacar el esfuerzo que están haciendo las personas para pagar el préstamo. También argumentan que recibieron en dólares y hoy actualizado los dólares son menos es decir que hicieron un gran negocio. Pidieron préstamos no para irse a una cueva o al sistema financiero, lo hicieron para hacerse una casa para crecer con sus hijos, envejecer, ver a sus nietos, no para valorizar la propiedad. El valor comercial es una cosa, el valor de construcción es otra. Si vende la propiedad no va a poder cancelar el préstamo y se va a quedar sin casa y con deuda» expresó Julio Cobos.

Y agregó «La magnitud del problema es 100.000 créditos hipotecarios y 500.000 créditos prendarios que deben ser menos porque algunos ya se han cancelado. Si lo ponderamos en plata, los créditos otorgados en el sistema hipotecario representan en pesos 194 mil millones de pesos, los prendarios 18 mil millones de pesos, son el 10%. Los depósitos privados y públicos en entidades financieras son de 15,15 billones de pesos. Los depósitos del sector público 4,3 billones de pesos. Los préstamos al sector privado son de 6.5 billones de pesos, para Letras y notas del BCRA, 8,6 billones de pesos y los títulos del gobierno nacional 3,8 billones de pesos. Los hipotecarios a personas representan solamente el 3% de los préstamos al sector privado, tenemos que buscar la forma de resolverlo con esfuerzo compartido, entre todos, el Estado, los bancos y los destinatarios de préstamos. Esta es la magnitud del problema».

El ex vicepresidente señaló «Debemos avanzar con una solución que sea para vivienda única, que sea actualizable, que no se pague más que el Coeficiente de Actualización Salarial (CVS), que se cubra el descalce -la diferencia entre inflación y salario- a través de un Fondo Compensador, que podrá ser a través de un seguro, de un fondo de garantías con el aporte de los Bancos y aportes del Estado cuando se quiere activar la construcción.  Además, hay que establecer para los créditos anteriores una fecha de corte, la jueza en el fallo retrotrae el primer congelamiento y no es que se devuelva la plata, a partir de esa fecha de corte se actualiza por el valor del salario, esa es la cuota que corresponde ahora y de ahí se mantiene en el tiempo».

«Hay acciones complementarias que no podemos dejar pasar. Lo que han hecho los bancos son contratos de adhesión, por ejemplo, firma el mutuo y a partir de ahí, rige la actualización en UVA, pero te desembolsan en pesos, debería ser en UVA. Las tasas de interés deben bajar, algunas llegaron al 12%. Tenemos que actualizar la deducción de ganancias que está en 20 mil pesos; dar la opción de UVA y UVI, la UVI actualiza por el valor de la construcción, hoy está en un 10% menos que la UVA. Hoy la UVA el valor es 170 pesos, el de la UVI 156, un 8% menos. Si queremos recuperar el crédito hipotecario y dar solución a los créditos anteriores, tenemos que generar una herramienta a través de una ley», detalló.

«La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, debe lograr que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al Estado ni perjudique el ahorro ni al sistema bancario, que surja del esfuerzo de todos y que reactive el sistema de créditos hipotecarios. NADIE quiere que dejen de pagar sus compromisos, nadie quiere afectar el sistema de créditos, por el contrario, el objetivo es reactivarlo nadie quiere perder su casa ni que la pierdan. Todos queremos una solución viable, de esfuerzo compartido y sostenible en el tiempo. Esto es un problema de personas concretas, es social, es económico, es habitacional, en fin, es mucho más complejo que un simple número», concluyó el legislador mendocino.

Otras voces

Por su parte, la diputada Myriam Bregman PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, calificó a la problemática como “una estafa estatal organizada por una ley del Estado y votada por mayoría de los legisladores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal, lo único que nos conmueve es la situación de las familias. Hay que dar una solución urgente”. “Comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”, alertó.

Desde Evolución Radical, Martín Tetaz expresó que “Argentina es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Tiene un problema grave y no tiene crédito”. “Tiene un problema serio que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto aparecen los créditos UVA. Como primera medida tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”, enfatizó.

Luego de defender esta clase de créditos, el diputado agregó que “el problema se denomina de ilusión monetaria, es la caída de los salarios y la solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.  

En tanto, el legislador Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) destacó el trabajo de la comisión y el compromiso con la búsqueda de una solución. “Desde los estafados hasta los funcionarios y exfuncionarios ha dado un piso de análisis que obliga a ir tomando decisiones de políticas públicas”, aseguró. “Existe un problema y tiene relevancia pública, por  lo tanto, exige la intervención pública con decisiones prudentes, inteligentes, virtuosas, y marcar un sendero de mejores prácticas a futuro”.  

Rodríguez propuso un mecanismo trabajado con seriedad para encontrar la forma de financiar algún tipo de compensación a los damnificados y evaluar “con el ministerio de economía, con el gobierno y los actores que correspondan analizar los 527 mil millones de pesos -que durante el 2023- tendrá de excedentes sumados las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Un nicho de recursos que podemos evaluar”, subrayó.