La diputada Mercedes Llano (PD) pide que la Cámara de Diputados cree una comisión investigadora del caso “Bonarrico”. A raíz de las declaraciones del ex senador provincial (Cambia Mendoza), Héctor Bonarrico, en las que sostuvo que el convenio firmado por la Fundación Acción Social, que él preside, y el Gobierno de Mendoza por el cual se le otorgaría un subsidio millonario, la legisladora exige una investigación específica de la Cámara.
La iniciativa de la diputada demócrata se da luego de que se conociera la firma de un convenio mediante el cual la asociación recibiría, por parte de la Provincia, un total de 18 millones de pesos para cumplimentar proyectos vinculados con sectores de la población en situación de vulnerabilidad social o con entidades que aborden la problemática de esos sectores sociales. El conflicto surgió a partir de que el Pastor manifestó, en un medio periodístico, que recibió dicho subsidio en el marco de un “acuerdo político” que habría efectuado en tiempos electorales con el partido gobernante.
El ex senador Héctor Bonarrico hizo estos dichos, cuya gravedad institucional amerita la conformación de esta Comisión para esclarecer las motivaciones de las partes intervinientes en la suscripción convenio que se firmara”, argumentó Llano.
Por eso, insiste en la necesidad de constituir la “Comisión Investigadora sobre el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo provincial y la Fundación Acción Social”, la que deberá expedirse en un plazo no mayor a 90 días hábiles.
“Dichas declaraciones deberían ser indagadas no solo ante la justicia, donde se encuentran radicadas denuncias, sino que, dadas las consecuencias sobre la transparencia que el hecho implica, deberían ser investigadas por una Comisión ad-hoc, en el seno de esta Cámara, con el fin de esclarecer a la ciudadanía los hechos. No se puede obviar una circunstancia fundamental: a la firma del convenio, el Pastor Héctor Bonarrico ocupaba una banca como senador provincial por el Interbloque del Frente Cambia Mendoza, partido gobernante en la provincia”, fundamenta el proyecto.
Entre otras cosas, la Comisión tendrá por objeto y facultades, indagar sobre los criterios/evaluaciones que se aplicaron para determinar que la Fundación Acción Social es idónea para llevar a cabo el objeto del Convenio.
La Comisión estará constituida por 8 diputados, de los cuales 5 deben pertenecer a partidos opositores y sesionará cuantas veces lo considere necesario para cumplir con el plazo establecido.
Además, podrá solicitar declaraciones de las partes intervinientes, requerir informes de todas las entidades estatales que considere pertinente, así como de particulares y especialistas, recibir denuncias y/o información/evidencia que ayude a esclarecer la materia investigada por la Comisión y promover denuncias ante la fiscalía especializada correspondiente a la materia investigada por la Comisión.
