El Gobierno de Mendoza ha formalizado la prórroga de la contratación directa más costosa de todo el Estado provincial, beneficiando nuevamente a la firma Clisa Interior S.A. con un impactante desembolso de $32.350,7 millones de pesos.
A través del Decreto 1930, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo provincial extendió por un año la provisión de alimentos para las cárceles locales. Esta medida vuelve a encender las alarmas sobre los opacos mecanismos de contratación pública y el verdadero destino de los fondos de los contribuyentes.
El servicio contratado de raciones alimentarias para el Servicio Penitenciario Provincial cubre las cuatro comidas diarias de las personas privadas de la libertad, personal penitenciario con régimen de guardia de 12 y 24 horas y cadetes bajo la modalidad de internado.
La contratación incluye los menús, que tienen diversidad y asesoramiento nutricional profesional. Entre los platos especificados se encontraban carne asada al horno, puré de papa, tarta de pollo, ensalada de legumbres, milanesa de pollo, tarta de jamón y queso, ravioles con bolognesa, hamburguesas, milanesa napolitana, cerdo asado al horno, pizza y empanadas, entre otros.
El millonario negocio del racionamiento carcelario
La cuestionada prórroga garantiza el suministro de dos millones de raciones alimentarias destinadas a los internos, agentes penitenciarios en turnos de guardia y cadetes de institutos de formación. El precio acordado es de $16.175,35 por ración unitaria, una cifra cuya estructura de costos e inflación interna sigue bajo la lupa de la opinión pública.
El esquema de financiamiento compromete seriamente las arcas del Estado mendocino cruzando dos períodos fiscales:
- Ejercicio Presupuestario anterior: Se imputaron $9.123 millones para las primeras 564.024 viandas.
- Ejercicio Presupuestario vigente: Se destinarán los restantes $23.227 millones para cubrir 1.435.976 raciones.
Un sistema marcado por el fracaso licitatorio y las adjudicaciones a dedo
Lo que la gestión de Cornejo presenta como un trámite de continuidad institucional es, en realidad, el arrastre de un crónico fracaso administrativo. El vínculo original nació luego de que la licitación pública original por $56.400 millones fuera declarada desierta y fracasada debido a la descalificación de oferentes por inconsistencias técnicas y de garantías.
Ante el vacío de gestión, el Ministerio de Seguridad recurrió a la adjudicación directa, un mecanismo de excepción que salta los controles legislativos habituales y restringe la libre competencia.
Este esquema «a dedo» ha consolidado un millonario monopolio alimentario en los complejos de encierro de la provincia, transformando el derecho de alimentación en un negocio corporativo de altísima rentabilidad y nula transparencia.
Presupuesto bajo sospecha: ¿Cuánto cuesta la comida de las cárceles?
El impacto presupuestario de este contrato es monumental. Al ser catalogada de manera oficial como la contratación directa más onerosa del Estado de Mendoza, la comida para el ámbito carcelario absorbe fondos equivalentes a obras de infraestructura vial, mejoras escolares o insumos médicos críticos en hospitales públicos.
Mientras la sociedad enfrenta un marcado ajuste fiscal y una pérdida generalizada del poder adquisitivo, la velocidad de actualización de las partidas de catering para el Servicio Penitenciario avanza sin ningún tipo de austeridad.
La contradicción salta a la vista. En un contexto donde el ciudadano común debe hacer malabares para garantizar su plato diario de comida, el Estado mendocino destina miles de millones de pesos a un circuito cerrado de provisión privada, alimentando sospechas sobre presuntos sobreprecios y una llamativa ineficacia para descentralizar o autogestionar la cocina en los propios penales de la provincia.
