La Justicia Federal de Mendoza ordena frenar la venta de los campos del Ejército en La Remonta

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La justicia federal mendocina ordenó frenar la venta de las 10 mil hectáreas de los terrenos del Ejército en Campo Los Andes, Tunuyán, conocidos como “La Remonta”, hasta que no se resuelva el amparo presentado por 20 vecinos de la zona que se oponen a entregar a manos privadas los terrenos del Estado en pleno Valle de Uco y que lindan con la cordillera.

De esta manera, se deja sin efecto el decreto 255/17 firmado por Mauricio Macri el 4 de abril, que autoriza la venta de bienes del Estado en diversas partes del país. La determinación judicial se tomó en base a una presentación realizada por los abogados Pablo De Rosas y Fernando Armagnague, quienes patrocinan a una veintena de vecinos del Valle de Uco.

La medida la tomó el juez subrogante del Juzgado Federal número 2 Marcelo Garnica, quien al mismo tiempo se declara incompetente y manda el litigio a Buenos Aires, donde se firmó el decreto.

El juez resuelve “declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa”, es decir, el pedido de los vecinos.

«El magistrado considera a los demandantes socialmente vulnerables», explicó Pablo de Rosas, patrocinador de los vecinos de zonas aledañas.

De Rosas afirmó que apelará la declaración de incompetencia para que la causa siga en Mendoza, basado en los antecedentes del Corralito de 2001, decretado en Buenos Aires y resueltos en la justicia mendocina en el caso de los comprovincianos que demandaron por sus ahorros.

Igualmente el juez hizo  lugar “a la medida de no innovar, en consecuencia, «suspender la aplicación de los efectos del decreto 255/17 con relación al inmueble identificado en el Anexo del mismo con el nº 37, esto es, “Campo Los Andes”, ruta provincial nº 92 s/n, Tunuyán, provincia de Mendoza”.

Los vecinos de La Remonta aseguran que el decreto es inconstitucional y que perjudicará la llegada de agua potable a La Consulta, Vista Flores y la parte baja de Campo Los Andes.

Como no se sabe qué se instalará en esas tierras, pero sí que se necesitará agua, tienen miedo de que los poblados se queden sin ese insumo vital para la agricultura y para la vida. Además, algunos que viven en zonas aledañas no saben a ciencia cierta si los reubicarán y dónde.

En abril, cuando salió el decreto, el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, vino a Mendoza a traer tranquilidad.

“No abandonaremos la lucha hasta que anuncien oficialmente que se da de baja el proyecto y se empiece a dialogar con la gente”, aseguraron en aquel momento.

Lanús -quien estuvo acompañado por su segundo en la  AABE, Pedro Comín Villanueva- recorrió ayer la zona de La Remonta y mantuvo reuniones con los intendentes Martín Aveiro, de Tunuyán, y Jorge Andrés Difonso, de San Carlos; quienes habían manifestado sus reservas frente al proyecto oficial.

Todos los actores coincidieron en el desarrollo productivo, social y económico de la zona; sin embargo se mostraron contrariados por la falta de información detallada, y la nula participación de las fuerzas vivas de la región, junto a productores locales y vecinos.

Entre las situaciones que despertaron mayor inquietud, se destacó la posibilidad de una extranjerización de la región; las dificultades de los pequeños productores para acceder a parcelas productivas, la inexistencia de herramientas financieras que posibiliten el acceso a las mismas; la falta de participación y consenso con actores locales, y la falta de información sobre el destino de las familias que llevan medio siglo instalados en la zona.

En este contexto, una de las tareas que acordó fue presentar al gobierno provincial un resumen de lo expuesto y la petición de reuniones ampliadas con los distintos actores sociales y económicos del Valle de Uco en particular y Mendoza en general.