La diputada provincial del Bloque PDP – Frente Cambia Mendoza, Josefina Canale, se expresó en contra el DNU del presidente de la Nación Alberto Fernández que pretende retroceder a Mendoza a fases más restrictivas de aislamiento.
La legisladora mendocina del Partido Demócrata Progresista presentó un proyecto de ley apunta a respaldar al gobernador Rodolfo Suarez por su decisión de sostener la autonomía de Mendoza, cuidando la salud pero sin seguir perjudicando la producción y el empleo. Canale, no descartó represalias del gobierno nacional contra el gobernador y la provincia y por eso propone ,además, accionar contra la inconstitucionalidad del decreto a través del trabajo conjunto de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado.
«El Decreto 972/2020 de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Fernández es inconstitucional» sostuvo la diputada. El Art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional establece que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Salvo agregó que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…”.
«En efecto la INCONSTITUCIONALIDAD es manifiesta, aseveró Canale, cuando no se dan las condiciones excepcionales porque el Congreso está en Sesiones Ordinarias y al sesionar como lo está haciendo, de manera virtual, es posible convocarlo urgente y reunirlo a efectos de sesionar, en tan solo horas».
Aseguró además que «no se puede argumentar URGENCIA cuando el objeto del DNU, la pandemia por Covid 19 o SARS-CoV-2, se estableció a nivel mundial hace 7 meses y hace 207 días que se decretó la cuarentena en nuestro país».
Canale sostuvo que «más ilegítima resulta la medida instrumentada por el DNU, cuando sus efectos importan recortar potestades autónomas de las provincias y cercena derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a circular libremente y a trabajar, establecidos y garantizados en los art. 14 y 28 de la CN».
En los fundamentos del proyecto, la legisladora mendocina refutó también los argumentos del DNU referidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última en su Declaración N°1/20 denominada COVID-19 y Derechos Humanos, refiriere que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos, deben ser razonables, lo que a criterio de Canale» no se verifica en la iniciativa presidencial, cuando el decreto se dictó a espaldas y en contrasentido de las medidas adoptadas por la provincia en ejercicio de su autonomía».
Finalmente manifestó que «las provincias no necesitan de nuevas restricciones dictadas por el gobierno nacional, sino apoyo técnico y financiero para ampliar sus camas de terapia intensiva».
