Con las actividades escolares suspendidas desde hace semanas y las familias en aislamiento obligatorio, en la complicada Argentina de hoy en día, está abierta otra faceta conflictiva en medio de la emergencia por el coronavirus que trastornó todas las previsiones de la vida cotidiana: las cuotas de los colegios privados no se suspendieron por la cuarentena.
El Ministerio de Educación de la Nación confirmó, tras reunirse con representantes cámaras que nuclean a las instituciones de enseñanza privada a principios de este mes, que las instituciones preservarán las fuentes de trabajo de su personal y además congelarán las cuotas hasta el fin de la cuarentena por el coronavirus que rige en todo el país.
Las instituciones de gestión privada confirmaron que preservarán el trabajo de su personal docente, no docente, auxiliar y directivo. Igualmente, garantizaron el pago de los salarios y el trabajo remoto para preservar la salud de trabajadores y estudiantes. Del mismo modo, las cuotas se mantendrán sin aumento y los aumentos, retrocederán al valor anterior al DNU sobre la cuarentena.
No obstante, los aranceles llegaron a las familias argentinas sin rebaja alguna por el actual «parcial» servicio educativo que ofrecen, es decir, sin horas presenciales (por obvias razones), reducción de horas educativas en formato de «aula virtual» y sin comedor, lo que produjo un enfático repudio de los usuarios.
Preocupado por la situación, el diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón, elevó dicho reclamo en un proyecto a debatir en el Congreso Nacional, a fin de reconocer una significativa reducción de la cuota de las instituciones de gestión privada por no cumplir con totalidad el servicio que se ofrece. «Estas instituciones están cobrando en plena pandemia como si estuviéramos en épocas normales», sostiene.
«Siendo de conocimiento público la existencia de una emergencia social, económica y sanitaria como consecuencia del COVID-19, el cual motiva un aislamiento obligatorio, me preocupa los abusos que se avizoran sobre los consumidores de servicios educativos prestados por las instituciones educativas de gestión privada, y la actual inacción por parte de las autoridades competentes» fundamenta Ramón.
En este contexto, el proyecto del diputado Ramón tiene por objeto solicitarle a la Secretaría de Comercio del Interior, y la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores como área específica en la temática, a que en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 24.240 y del Decreto 2417/93 implementen las medidas correspondientes para prevenir el abuso de los consumidor de servicios educativos, así como el consecuente complimiento de su obligación de controlar y sancionar las irregularidades que se detecten.
El legislador del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo propone «suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (el comedor, por ejemplo) u otros servicios extra escolares».
Frente a las acciones abusivas de las instituciones educativas de gestión privadas de aprovechar la emergencia para cobrarle a los usuarios, el diputado Ramón señala «me preocupa el silencio de la Secretaría de Comercio del Interior resulta la actual autoridad de aplicación tanto de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) como del Decreto 2417/93 que regula la actividad de las instituciones educativas de gestión privada, que no toma medidas en defensa de la gente, de esta intención de trasladar de modo ilegal a los consumidores el riesgo empresario que posee todo proveedor de servicio».
Sin dudas, las autoridades nacionales necesitan asumir correctamente el ejercicio de su competencia, controlando y sancionando a las instituciones educativas de gestión privadas por los servicios no prestados o la integridad de la cuota por servicios no prestados conforme lo contratado», concluye el legislador por Mendoza.
