El Gremio de los Judiciales acusó a la Suprema Corte mendocina de impulsar una reforma judicial de forma inconsulta

Actualidad Mendoza

La Suprema Corte de Mendoza plantea profundos cambios en el sistema de la Justicia que desató una polémica entre los actores del Poder.

El presidente de la Corte, Jorge Nanclares, y los ministros Omar Palermo y Julio Gómez, plantean el acompañamiento de la reformas institucionales para «agilizar el servicio de la justicia» y lo hará por medio de la reasignación de recursos humanos y materiales para la implementación.

La acordada 29.489 de 32 hojas, con fecha de este lunes 17 de febrero y firmada por los supremos, indica que tiene como principal objetivo «la reorganización de tareas y mejoramiento de las oficinas judiciales» y habla de las funciones y tareas de cada miembro».

De esta manera, la Corte dispuso una reorganización del personal de los juzgados civiles, para que pasen a los de familia. Conocida la acordada, en los tribunales civiles levantaron el grito en el cielo porque tocan a los colaboradores más directos de los jueces, secretarios y prosecretarios. La transferencia incluye a unos 15 funcionarios. 

«Hemos podido determinar por un estudio cómo se ha ido incrementando el número de causas en los tribunales de familia y de paz, lo que nos ha llevado a vislumbrar que tenemos que redistribuir al personal de funcionarios, no a todo el personal. Estamos dispuestos a no tocar en ningún aspecto las competencias de los magistrados», explicó Julio Gómez, uno de los ministros firmantes.

«Reducimos el número de secretarios del fuero civil e incrementamos a los prosecretarios en el fuero de familia. Es una cuestión numérica lo que justifica la transferencia», sostuvo el supremo. 

La misma propone la creación de 10 nuevos cargos para jueces (para Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Lavalle, San Rafael, San Martín, Tunuyán y dos para el Tribunal de Mitre y Montevideo). Pero para esto necesita el aval de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Además, aseguran que el fuero civil cuenta con 30 jueces; por lo cual la carga laboral es de aproximadamente de 288 procesos por cada magistrado. Mientras que en el fuero de familia, hay 13 jueces en la Primera Circunscripción por lo que carga laboral es de 2229 procesos por cada magistrado. Con la acordada, señalan que se busca reorganizar el sistema y mejorar el servicio.

La bronca del gremio Judicial

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, afirmó tras conocerse la acordada 29.480, que la Suprema Corte de Mendoza busca impulsar una reforma judicial de forma «inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos laborales». A continuación, BienCuyano reproduce el texto completo y la mencionada acordada:

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial declara el estado de alerta y movilización general del conjunto de las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia, ante el intento de avanzar en una reforma judicial inconsulta, antidemocrática y
violatoria de los más elementales derechos laborales.

En efecto, una decisión como la plasmada en la Acordada 29.489, de fecha 17 de febrero de 2020, no puede ser sino el resultado de un amplio, profundo, calificado y democrático debate de toda la sociedad mendocina. Y eso no ha ocurrido.

A nadie escapa la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema judicial argentino, tanto en el orden provincial como nacional. Frecuentemente atravesada por oscuros intereses económicos y políticos, carente de transparencia, y casi siempre lenta cuando no tardía en sus decisiones, la justicia reclama una urgente reforma.

Pero eso no puede ser solamente el producto de tres miembros de la Suprema Corte provincial. El sistema judicial es parte del sistema democrático y su reforma compete a la sociedad toda. No basta con decir que se ha puesto la visión en el ciudadano. La reforma no puede ser el resultado de una elite de iluminados que miran a los mendocinos sino la obra de todos los ciudadanos a través de sus instituciones democráticas, el debate de las organizaciones políticas y sociales, y con la participación especial de las organizaciones vinculadas al sistema judicial, esto es el conjunto de la magistratura, los académicos del derecho, los abogados, los organismos de derechos humanos y los movimientos vinculados al quehacer judicial, y las trabajadoras y trabajadores judiciales sin excepción.

La Suprema Corte, al contrario de lo que afirma la acordada en cuestión, no tiene las atribuciones para emprender sola esta tarea. Salvo que lo que se quiera es reproducir los errores cuando no el fracaso liso y llano en la implementación de las reformas ya realizadas, a espaldas de la ciudadanía y las instituciones democráticas.

En especial, la Suprema Corte no tiene las atribuciones para modificar las condiciones de empleo y trabajo de los agentes del poder judicial, sino que ello solo puede surgir de una comisión paritaria, tal y como manda la ley, y tal y como lo reconociera el propio Presidente de la Corte en una reunión con esta Asociación Gremial, y en la que se comprometió a poner en funcionamiento, sin que hasta ahora se haya cumplido con tal compromiso.

La Corte debe empezar por cumplir ese compromiso y sentarse a negociar ya el convenio colectivo de los trabajadores judiciales, como corresponde legalmente y como lo exigió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2012, al referirse a la permanente conculcación de nuestro derecho a dicho convenio. Los trabajadores no son, como los denomina la acordada, “recursos humanos”. Son trabajadoras y trabajadores, ciudadanas y ciudadanos, con derechos y obligaciones, pero no objetos manipulables.

Esperamos, pues, que la Suprema Corte recapacite. Dé marcha atrás en su pretensión inconsulta, y convoque, de manera inmediata y urgente, a un debate democrático y transparente para una reforma democrática y transparente.

Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial