Tas 12 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este sábado y convirtió en ley, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Tras una maratónica sesión, la iniciativa oficial recibió 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para “tomar conocimiento de las modificaciones” hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.
El legislador formoseño puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.
Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.
Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.
En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.
Así lo indicaron fuentes de la bancada opositora citadas por NA y por Telám, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.
Los voceros confirmaron que hubo una fuerte discusión en el interbloque por la decisión de no bajar al recinto que, finalmente, fue lo que permitió al oficialismo habilitar el tratamiento. Juntos por el Cambio votará en contra del proyecto en general y acompañará en la votación particular algunos capítulos.
Durante el debate, el Frente de Todos justificó la declaración de “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, tarifaria y social” con críticas a los resultados de la gestión de Mauricio Macri, mientras que Juntos por el Cambio apuntó contra la delegación de facultades, la suspensión de la ley de movilidad y las retenciones.
En el oficialismo, el cordobés Carlos Caserio -quien abrió el debate- remarcó que “la pobreza llegó a 40,8 %”, mencionó la “tremenda deuda externa de 276.686 millones de dólares” e indicó que “la emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada”.
Además, destacó el congelamiento de tarifas eléctricas y de gas por 180 días que establece la nueva ley y la posibilidad de que “las PyMEs no inscriptas lo hagan para percibir los beneficios de condonación de multas, intereses punitorios y resarcitorios”, entre otros puntos.
En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió la cesión de facultades al Poder Ejecutivo al afirmar que el Congreso tendrá “un control” sobre esa delegación y destacó que el restablecimiento de las retenciones será con “segmentación” entre pequeños y grandes productores, algo que fue incorporado por la Cámara de Diputados.
“Yo soy orgullosamente productora agropecuaria y creo que esta segmentación es un logro histórico, porque siempre hemos planteado la necesidad de tratar de manera desigual a los que son desiguales, tratarlos igual es una injusticia”, señaló.
Por la oposición, uno de los más duros fue el bonaerense Esteban Bullrich, quien consideró que “esta ley hace del Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos” y sostuvo que “diluye” el discurso que tuvo el presidente Alberto Fernández en su asunción.
El porteño Martín Lousteau, en tanto, sostuvo que “en campaña el Presidente dijo que el aumento a los jubilados iba a ser sacándole plata a los bancos y ahora le saca plata a los jubilados”.
Por su parte, el entrerriano Alfredo De Ángeli, quien se hizo famoso en 2008 por la pelea por la suba de retenciones, se refirió a ese punto y señaló que “esta es una cámara federal y este tipo de impuestos va en contra de nuestras provincias”.
Cabe reseñar que la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las PyMEs, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, exfuncionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
Cuando la medida comenzó a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.
Las claves para el bolsillo de les argentines
Una vez que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública se publique en el Boletín Oficial, y se reglamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, muchos aspectos de la vida económica de los argentinos quedarán sujetos a cambios de importancia. Como en toda ley ómnibus, el texto de la iniciativa abarca aspectos variados como jubilaciones, tarifas, compra de moneda extranjera, cálculo y pago de impuestos y hasta suba mínima de los salarios y cargas patronales sobre salarios.
Desde la presentación del proyecto el martes pasado, surgieron dudas sobre la aplicación de sus disposiciones e incluso luego de su ingreso a la Mesa de Entradas del Congreso el texto fue modificado en varios artículos en Diputados, en especial en cuestiones que se presentaban difusas como el pago de operaciones en moneda extranjera con tarjeta de crédito o cuántos jubilados estarán beneficiados con el bono de $5.000 de diciembre y enero, y el alcance de la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria que podría ser definido por el Poder Ejecutivo Nacional en la reglamentación.
Infobae identificó al menos 15 puntos principales que se deberán tener en cuenta a partir de la promulgación por parte de las Cámaras legislativas:
1. Bono para jubilados:Serán dos pagos de hasta $5.000, el primero el 30 de diciembre y en enero. Beneficia a quienes perciban el haber mínimo de $14.068 y hasta un tope de $19.067, para completar un nuevo piso total de $19.068. Abarca aproximadamente a 4.500.000 jubilados y pensionados. No se especificó si en febrero vuelven a los valores de noviembre o si se anticipará el ajuste trimestral por decreto, respetando el criterio de “solidaridad social”
Se suspende la vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria por 180 días, y el poder Ejecutivo evaluará los próximos aumentos
2.- Movilidad jubilatoria: Se suspende por 180 días el sistema de ajuste vigente desde marzo de 2018, con base el trimestre julio a septiembre de 2017 de variación de un 70% la tasa de inflación y 30% de la correspondiente a la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte). Los aumentos, en caso de haberlos, quedarán a criterio discrecional del Poder Ejecutivo. Para los casi 3 millones de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a $19.068 Economía no definió si tendrán aumento hasta junio. Los que cobran haber inferiores a ese monto volverían a percibir lo que se les liquidó en noviembre de este año.
3. IVA:Se reemplaza la rebaja a cero de la alícuota a alimentos básicospor un reintegro selectivo: a jubilados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $700 por mes.
Habrá reintegros de IVA de hasta $ 700 por mes para beneficiarios de la AUH y jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo
4. Asignación Universal por Hijo (AUH):Se pagará a todos los beneficiarios un adicional de $2.000, en diciembre y en enero.
5. Operaciones de ahorro y gastos en dólares: Se aplicará por hasta 5 años un recargo del 30% a la compra de moneda extranjera, incluidos los cheques de viajero y gastos de viajes en el exterior que se paguen en moneda en dólares. Se mantiene la restricción de límite máximo de compra de USD 200 mensuales para las personas humanas, con el adicional del 30% sobre la cotización de mercado, al tipo de cambio actual de $63 promedio de las entidades autorizadas, representa una paridad efectiva de compra de $81,90 por dólar. Las ventas de cambio de clientes recibirán el precio simple de mercado en pesos.
6. Dólar tarjeta previa a la ley: Las operaciones hechas antes de la sanción de la ley se liquidarán y pagarán al tipo de cambio de mercado, sin impuesto.
7. Tarifas servicios públicos: Se congelan por 180 días los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural “de jurisdicción nacional”. Se intervienen los entes reguladores y se retoma la competencia nacional sobre las distribuidoras Edenor y Edesur, que habían sido transferidas a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.
Los autos de gama alta y media serán alcanzados por impuestos internos de 20% ó 35%. El aumento de la tasa de Estadística afectará a los importados y también a las autopartes de origen extranjero de los vehículos de fabricación nacional
8. Autos: por la aplicación de alícuotas diferenciadas de impuestos internos, algunos vehículos con precio de venta al público de más de $1.829.000 tendrán aumentos que variarán según el modelo, desde 14% a 36%. El incremento puede ser levemente mayor si se tiene en cuenta que todas las unidades importadas y las autopartes pasarán a tributar una tasa de Estadística del 3%, hoy es de 2,5%. Los precios de los autos de alta gama, superiores a USD 53.600, tendrán un incremento de por lo menos 12,5%, sin computar la suba de la tasa de Estadística en el caso de las unidades ya ingresadas al país antes de la sanción de la ley.
9. Bienes Personales: Se aplicarán alícuotas de 0,50% a 1,25%, según el excedente de patrimonio. Las tasas se duplicarán en el caso de activos radicados en el exterior, pero se las reducirá al nivel original si esos activos son repatriados. En la medida que no se modifique el mínimo no imponible de $2 millones,no solo se pagará el doble de lo actual sino que más personas quedarán alcanzadas, al no actualizarse el mínimo no imponible por inflación.
10. Pymes: Se establece un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas. Se condonan los intereses hasta el 100% y, si se paga al contado, una quita del 15% en el capital.
11. Contribuciones patronales: Los empleadores de servicios o comercio con ventas de más de $48 millones anuales pagarán una alícuota de 20,40%, el resto el 18%. Como se baja el tope de facturación para recibir el beneficio (actualmente es de $50,95 millones en las empresas de servicios y $178,86 millones en comercio), en muchos casos implicará un aumento del costo laboral. Además, se deja sin efecto la actualización de esas bases por la inflación.
Las contribuciones patronales aumentarán a 20,40% para muchos empleadores, al reducirse el tope de ventas anuales a $48 millones para productores de servicios y $178,86 millones para el comercio
12. Retenciones: Se faculta al Poder Ejecutivo a aplicar derechos de exportación de hasta 33% para soja y derivados y del 15% para trigo y maíz. Los productos industriales y agroindustriales y los servicios tendrán un máximo del 5%. Respecto de los niveles vigentes al viernes 13 de diciembre, las retenciones a la soja pasarían de $14,77 a $19,74 por dólar (+33,6%) y las de trigo y maíz de $4 a $ 8,97 por dólar (+124,25 por ciento).
13. Impuesto a las Ganancias: Como se reduce el ajuste por inflación de un tercio a un sexto, el saldo a pagar por el corriente año fiscal será mayor.
14. Impuesto a la Renta Financiera: Se exime a todas las colocaciones en moneda nacional a plazo fijo y en títulos públicos.
15. Impuesto al Cheque: Las grandes empresas deberán tributar 0,6% adicional en los casos de retiro de dinero en efectivo de las entidades bancarias, el doble que en la actualidad. No alcanza a las personas humanas, ni a las jurídcas que revistan y acrediten la condición de micro y pequeñas empresas.
