Diputados recorrieron Cooperativa La Terre y desmienten el informe de la jueza de «precariedad laboral sin resultados económicos»

Actualidad Mendoza

La jueza Gloria Cortez, titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales, dio lugar al remate del edificio donde opera la cooperativa La Terre, en Guaymallén. Los trabajadores denuncian que no se los tiene en cuenta como oferentes, en beneficio de sectores privados, por lo que exigen la expropiación definitiva.

La Terre se convirtió en cooperativa en 2014, luego de la quiebra de Industrias Matas. A partir de allí, los trabajadores lograron regularizar las cuentas de la empresa y sostuvieron las fuentes de trabajo. “Establecimos nuevos vínculos, colaboramos y potenciamos nuevos emprendimientos, abrimos nuestras puertas y realizamos capacitaciones junto con Ministerios y otras cooperativas. También somos centro de pasantías y proyectos universitarios, recibimos visitas de escuelas y damos charlas a la comunidad sobre nuestro trabajo e historia”, explican los trabajadores.

Sin embargo, este último año la situación judicial dio un giro inesperado. La jueza Gloria Cortez ha llevado adelante una serie de remates, en los que “la cooperativa no fue considerada como oferente ‘por defectos formales’, dando lugar así a empresarios de la región”, denuncian.

“Nuestra cooperativa presentó tres ofertas de compra directa. Por ley nacional y provincial, las cooperativas tenemos prioridad para adquirir los inmuebles en procesos de quiebra. Esto tampoco fue respetado y no nos dieron explicación. De esta manera, nos están dando a entender que una ley no tiene validez, que un proceso en el que el mismo gobierno confiaba pagando más de 10 millones de pesos de todos los mendocinos en concepto de canon de expropiación, de repente dejó de tener relevancia para ellos, que los fondos aportados en subsidios hoy se los entregan a un privado que compró una estructura física y comercial por el precio de un terreno baldío”, cuentan a través de un comunicado.

Con una serie de apelaciones, los trabajadores lograron frenar momentáneamente los remates. Sin embargo, demandan una solución de fondo. “Exigimos la expropiación definitiva. No pretendemos que nadie nos regale nada, queremos que se mitigue un problema que no debería haber ocurrido y aportar todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda”, concluyeron.

No obstante, el jueves pasado se vivieron momentos de tensión en la cooperativa La Terre, los trabajadores se encontraron con que los nuevos dueños, el empresario Mariano Ruggeri de American Garlic, y representantes de la Justicia se acercaron hasta el inmueble para firmar la toma de posesión y posterior desalojo de los cooperativistas. Entre los argumentos señalan: abandono en el establecimiento, falta de gas y precariedad laboral sin resultados económicos.

Ayer miércoles 2, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza recorrió la Cooperativa La Terre, conversó con los trabajadores y posteriormente redactó un comunicado con un informe de lo encontrado que contrasta lo expresado por la jueza Cortez.

El comunicado de Diputados

Autoridades y miembros de la comisión de Derechos y Garantías de Diputados visitamos la cooperativa La Terre y encontramos que el informe remitido a la legislatura por parte de la jueza Gloria Cortez, no refleja cabalmente la situación real de esa cooperativa de trabajo. Los diputados Carlos Sosa (PJ) y Mario Vadillo (Protectora) presidente y vice de la comisión, Cristina Pérez (PJ) y la diputada Maile Rodríguez (FIT) miembros de Derechos y Garantías y la diputada Macarena Escudero (FIT) nos presentamos en la fábrica tal como resolvió la Comisión en su sesión del día martes 1 de octubre al recibir a las trabajadoras de la cooperativa.

Recorrimos las instalaciones de la fábrica La Terre el miércoles 2 de octubre. Y mientras el informe de la jueza de quiebras a la Legislatura nos había destacado que la cooperativa ‘no trabaja por falta de gas’, nos encontramos con una caldera y un horno en pleno funcionamiento deshidratando espinacas. Que allí donde la jueza y las sindicaturas habían hablado de ‘precariedad laboral sin resultados económicos’ encontramos operarios descargando camiones con materia prima de productores mendocinos y trabajadoras operando líneas de secado y embolsado de hortalizas deshidratadas. Hablamos de una fábrica que necesito realizar una importante actualización tecnológica y reparación de maquinarias para poder llegar a ser lo que es hoy, una de las principales productoras de alimentos deshidratados del país con compromisos de ventas asumidos para años próximos.

También pudimos ver que lo que en el informe se menciona como la presencia de ‘otros ocupantes del predio’ que lo pueden volver ‘peligroso’, en realidad son integrantes de emprendimientos productivos de calzados, marroquineria, producción de lampazos y cerveza artesanal cuya presencia está muy lejos de ser un riesgo para nadie sino al contrarios, emprendimientos con un sentido social como el que funciona para las mujeres en situación de violencia de género.

Nos encontramos, sí, con un proceso judicial complejo en el que intervienen dos sindicaturas (Caoa-Torres y Valiotti-Battistini) con criterios muy disímiles a los de la cooperativa La Terre, a la que prácticamente acusan de estar ‘usando bienes ajenos sin pago de canon’ y en medio de ‘una ocupación ilegítima’ por vencimiento de una ocupación temporaria que ‘nunca tuvo posesión efectiva’.

En cambio para los trabajadores de La Terre su cooperativa está a cargo de una ocupación temporaria autorizada por ley y prorrogada hasta el 25 de octubre de 2020, con cánones ya pagados luego del depósito de 10,4 millones de pesos por parte de Ejecutivo en mayo de 2019.

El propio informe de la jueza estima ‘viable’ la continuación de La Terre, aunque en su priorización de pago a los acreedores de la quiebra de Matas estima que la ‘condición de excepción no puede ser mantenida indefinidamente’.

El remate de la planta e instalaciones dispuesto por la jueza se encuentra recurrido por La Terre ante la Primera Cámara Civil. Y su adjudicación al comprador Ruggeri, impugnado por falta de pago en término entre otras irregularidades en el proceso que denuncian ante esta Comisión miembros de la cooperativa. Mientras, en las próximas horas se calculará la inversión realizada por La Terre en los últimos años.

Como integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de Diputados entendemos que la resolución final del tema deberá contemplar la preservación de los derechos de todas las partes: desde los acreedores de la quiebra de Matas a los trabajadores de La Terre, sean o no operarios del emprendimiento, defendiendo los puestos de trabajo y la razón social de la cooperativa tal como opera en la actualidad en manos de sus trabajadores que hoy son más de 80 trabajadoras y trabajadores en su planta.