Mendoza: violento desalojo a 50 familias del asentamiento Néstor Kirchner

Actualidad Mendoza

Este jueves por la mañana, la Policia de Mendoza desalojó violentamente a más de 50 familias del barrio Néstor Kirchner, ubicado en la conocida triple frontera, entre Godoy Cruz, Luján y Maipú.

Se montó un gran operativo policial, con retroexcavadoras que derribaron las humildes casillas de las familias mendocinas del asentamiento ubicado en la calle Terrada y Rawson, que en minutos quedaron reducidas a montones de escombros, maderas, chapas y nylon. El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de desalojar le lugar, encabezado por el fiscal provincial Gustavo Fehlmann, que se hizo presente de incógnito en el predio y la jueza Lucia Motta del cuarto Juzgado Correccional.

También estuvieron en lugar gente de los Órganos Administrativos Locales (OAL) y personas de Desarrollo Social del Municipio de Maipú.


El fiscal provincial Gustavo Fehlmann

Según el testimonio de los vecinos, pasadas las ocho de la mañana se presentó en el lugar una fiscal junto a efectivos policiales y les informaron que debían desocupar el lugar.

Sin previo aviso, policía desmanteló las precarias casas del asentamiento, cargando todo en camiones municipales y dejando a las familias a la intemperie, sin sus pertenencias. “Hasta ayer no había ninguna orden de desalojo, hoy me levanto a las 8 de la mañana para ir al médico y un vecino me avisa que había una orden de desalojo. Vinieron como si fuéramos animales, y somos seres humanos. Acá hay niños, pero no les importó. Les pegaron a mujeres y después nosotros somos los malos”, denunció una de las vecinas del barrio entre lágrimas.

“La fiscal nos dijo que el desalojo tenía que hacerse ahora. Empezaron a tirar una casa donde la familia no estaba. Le tiraron todo encima. En la segunda casa que agarraron habían niños durmiendo. Los sacaron en las camitas y en sillas y los llevaban hacia el medio a lo que es la parte descampada y le tiraron los casos”, contó otra de las vecinas.

“Provincia supuestamente nos va a ubicar pero la idea de ellos es que ahora nos vallamos a casa de familiares y después nos van a reubicar. Otra cosa que se dijo es que algunas personas, dependiendo del caso, los van a ubicar en un alojamiento”, agregó.

Además de arrasar con las casas y desalojar a las familias, se llevaron detenidas a más de 10 personas y a niños que fueron entregados a la OAL provincial. Alejandro Paredes, Leonardo Emanuel Escalante, Maximiliano Miño, Cristián Arévalo y otros fueron trasladados a la comisaría 29 de Maipú.

La medida judicial fue sin aviso previo. La policía irrumpió y sin más comenzó a ordenar a las familias que abandonaran las casas e inmediatamente las topadoras continuaron con las tareas de derribo de las construcciones y “limpieza” del terreno. Obviando previsiones básicas de un desalojo de estas características, los funcionarios no abrieron la posibilidad de diálogo y negociación para llevar a cabo las acciones, ni estuvieron a disposición profesionales suficientes ni capacitados, previstos en la legislación, para asistir a las niñas, niños y adolescentes, algunos de ellos con discapacidades que fueron alzados desde sus habitaciones en sillas y puestos sin ningún tipo de cuidado en baldíos contiguos.

“No se presentó ni Derechos Humanos ni nada, solamente la Municipalidad (de Maipú) con las asistentes sociales para darnos una ayuda que no tienen”, se quejó una madre. Por su parte, una funcionaria del municipio, quien no se identificó, confirmó al medio EL OTRO que la comuna había tomado conocimiento del desalojo 36 horas antes de que se produjera. “La Justicia nos pidió que acompañáramos en este procedimiento, facilitándoles a las familias ayudas para desocupar el lugar”, manifestó la mujer y especificó que esas “ayudas” consistieron “en el traslado de las pertenencias, principalmente, para su relocalización dentro de sus redes familiares. Nosotros a la gente de Maipú podríamos darle asistencia en cuanto a subsidios o materiales de construcción”.

Según se indica, la medida judicial lleva más de un año, en función de una denuncia que presentó el Municipio de Maipú dado que el terreno tiene un propietario privado y otra parte es del Estado provincial.

Fuente: Diario El Otro – La Izquierda Diario – Los Andes