Un decreto para los amigos: Macri le quitará frecuencias exclusivas a ARSAT para subastarlas entre privados

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A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Mauricio Macri decidió poner a disposición del mercado un espectro de frecuencias satelitales que son de uso exclusivo de ARSAT. La medida va en sintonía con el estado de ociosidad en que dejó el Gobierno las frecuencias en los últimos años, que habían sido destinadas por ley al Estado para reforzar la conectividad en territorio argentino, y que ahora serán llevadas a subasta para privados de las telecomunicaciones como Personal, Movistar o Claro. 

La medida, cristalizada en el decreto 58/2019, sostiene que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “otorgará participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”.  

El espectro de frecuencias en cuestión había sido destinado por Ley  27.078 a la empresa satelital argentina para fortalecer servicios de telecomunicaciones en zonas de poco alcance. Con esta medida, el Presidente podrá transferir ese recurso a las empresas que han mostrado su deseo de explotar el servicio de 3G y 4G. El espectro en discusión había quedado en manos del Estado tras quedar vacante luego de que, en 2014, se repartieran otros tres bloques de frecuencias entre las principales compañías en el país. 

La decisión de Macri, por otra parte, contradice lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Desarrollo de la Industria Satelital, según han señalado especialistas.  

“El DNU, por un lado, invoca la autoridad de la ley 27.208 de desarrollo satelital que otorgaba preeminencia a la empresa estatal ARSAT, mientras que decreta el desmonte de sus recursos y de las atribuciones legales fijadas por dicha norma en noviembre de 2015”, advirtió el docente e investigador Martín Becerra, quien criticó la condición de “urgente” de la medida teniendo en cuenta que “el gobierno ya superó tres años de administración”. 

Guillermo Rus, ex vicepresidente del ARSAT, planteó en declaraciones a Diario Pulse que “terminan sacando por decreto la administración de un recurso que tiene un valor de 500 millones de dólares. Claramente el mercado no va a llegar a los lugares donde ya no llegó por más que tenga más espectro”.  

En tanto, el decreto deberá pasar ahora a la instancia de aprobación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que se encargará de darle al DNU el visto bueno o no. La Comisión tendrá diez días hábiles para cumplir con ese trámite, una vez que se inicien las sesiones ordinarias.