Momentos de tensión se vivieron durante el pasado martes en el hospital Lagomaggiore luego de que funcionarios del Órgano Administrativo Local OAL debiera intervenir para llevar a custodia al bebé de una madre en situación de calle. Ante el inminente despojo de su bebé, la mujer de nacionalidad haitiana, reaccionó y lo agarró con fuerzas, lo que derivó en un forcejeo con médicos y policías para que cediera al niño. “Obviamente si a una mamá le quieren quitar el bebé se va a poner nerviosa”, comentó el director del hospital Lagomaggiore, Mario Bustos Guillén, quien aclaró de todos modos que el incidente se resolvió sin pasar a mayores.
No obstante, posteriormente apareció un video que se viralizó entre los mendocinos que demuestra todo lo contrario: Una paciente registró el momento en el que efectivos policiales retiraban del centro de atención a la inmigrante haitiana tomándola brutalmente de los pelos a la joven que se encuentra en situación de calle y que además es portadora del virus del Sida.
Frente a esta situación, la dirigente del FIT, Noelia Barbeito, y el senador provincial, Lautaro Jiménez, presentaron una denuncia que se sumó al Expediente 77.987/18 a cargo del Fiscal Carlos Torres, repudiando ante el Ministerio Público Fiscal los terribles maltratos y la violencia institucional contra una mujer de nacionalidad haitiana en el Hospital Lagomaggiore. Barbeito dijo que «el accionar del OAL, el Hospital y el Ministerio de Seguridad es violento y discriminatorio. Tanto lo explicado por el Director del Hospital en distintas declaraciones públicas, como las imágenes que se han difundido por los medios de comunicación, muestran una grave violencia institucional contra una mujer haitiana en clara situación de vulnerabilidad. Separándola de su bebé violentamente y deteniéndola con la fuerza pública con tratos crueles y degradantes. La han discriminado por ser una mujer inmigrante y pobre. Es realmente indignante».
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Barbeito explicó que «esta tarde nos presentaremos ante la Fiscalía de Violencia Institucional para denunciar esta situación y pedir que abra una investigación penal por la posible comisión de delitos de violencia institucional y violencia de género en los términos de la Ley 26.485, violencia obstétrica (Ley 25.929), vulneración derechos del paciente (Ley 26.529), vulneración protección datos personales (Ley 25.326) y abuso de autoridad (Art 248 del Código Penal), cometido por distintos funcionarios públicos contra esta mujer en situación de vulnerabilidad. Además de vulnerar la ley 26.061 de los derechos del niño y de la madre, en su Art.41 inc.F prohíbe expresamente separar a un niño de su familia por falta de recursos, y establece que tanto durante el parto como la lactancia hay que garantizarle a la mujer condiciones dignas y equitativas para el desarrollo de su hijo.»
«Le exigimos al gobierno provincial que separe inmediatamente del caso a todos los funcionarios que actuaron violenta y discriminatoriamente y ponga todos los recursos necesarios para garantizar el acceso a la salud, la justicia y la protección de la integridad a esta madre y su bebé. Y convocamos a las distintas organizaciones del movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones políticas y sociales a repudiar públicamente este accionar y que organicemos una movilización provincial en solidaridad con esta mujer y en repudio a este nuevo caso de violencia contra las mujeres y los inmigrantes que son víctimas de una campaña de xenofobia en distintos países del mundo» concluyó Barbeito.
Por su parte, el Senador provincial Lautaro Jimenez señaló que «también hay que señalar que las declaraciones de la Ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli, en los medios de comunicación fueron lamentables, justificó todos los procedimientos e hizo una revictimización pública de esta mujer. Alimentando una campaña mediática estigmatizante y falaz contra esta ciudadana haitiana».
«Por lo que también estamos coordinando con distintos organismos de Derechos Humanos posibles demandas judiciales, ya que el estado Estado Provincial es susceptible de ser denunciado ante la CIDH y tribunales internacionales por violar abiertamente tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» concluyó Jimenez.
