Mientras que en otros rincones del país el tema sobre la despenalización del aborto va mejorando en su calidad de debate académico, tal es el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde ayer se pronunciaron a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tras una sesión que duró varias horas; al igual que la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA); las facultades de Ciencia Política, Ciencias Médicas, Humanidades e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que también se pronunciaron a favor de terminar con la clandestinidad de la práctica médica y que sea una cuestión de políticas públicas… en Mendoza la «manito» conservadora de la iglesia está metida en distintos rincones claves de la provincia cuyana.
Este jueves, la referente del FIT en Mendoza, Noelia Barbeito, denunció que en el Hospital Central de Mendoza se promociona un curso para profesionales de la salud denominado “Administración y gestión de salud hospitalaria” destinado a profesionales que quieren concursar para cargos jerárquicos de la salud pública en la provincia de Mendoza, donde dentro de su extensa carga horaria, se desarrollan contenidos contra el derecho al aborto, contra el uso de anticonceptivos, la inseminación artificial, la eutanasia y que incluso una de las clases las encabeza un sacerdote. «Trabajadoras de la salud que realizaron este curso nos hicieron llegar el material de estudio y es una inadmisible intervención de la Iglesia en la salud pública de la provincia», relató Barbeito a La Izquierda Diario.
El curso “Administración y gestión de salud hospitalaria” está publicitado por la sección “Capacitación” del Hospital Central de Mendoza y está destinado a los y las profesionales de la salud. Es imprescindible tomarlo si se quiere concursar para cargos jerárquicos dentro del sistema de salud pública de la provincia. Para inscribirse al mismo, se debe acceder a través de la página web oficial del Gobierno de Mendoza.
El curso dura dos años y su penúltimo módulo se llama “Bioética y cuidados paliativos”. El cuadernillo para dicha unidad, elaborado por la Universidad Fasta desarrolla una serie de conceptos escandalosos, teniendo en cuenta son usados para capacitar a profesionales de la salud que intervienen en la vida de miles de personas que se atienden en el sistema público sanitario. Uno de los textos entregados a los médicos y médicas para su estudio, hace una división entre una supuesta “cultura de la vida” contrapuesta a una “cultura de la muerte”, donde se ubica no solamente el aborto, sino también los métodos anticonceptivos, y la inseminación artificial.
El texto, plagado de citas del papa y de los evangelios, hablan de una “guerra cultural contra la vida”, con frases escandalosas como “lo más alarmante es que se trata de una guerra cultural, no convencional, que actúa subrepticiamente, a veces sin ser notada”. Se trata de una verdadera “guerra” contra la ciencia, dictada a profesionales de la salud.
“Con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano”, relata el cuadernillo.
“Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no sólo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias”. Los “atentados” a los que se refiere son los métodos anticonceptivos, la fertilización asistida, el aborto y la muerte digna.
El cuadernillo establece la necesidad de “reconstruir la cultura de la vida”, que es “posible, porque la cultura de la muerte es incapaz de hacer feliz al hombre, y todo hombre busca la felicidad. Es posible, porque esta cultura es infecunda, no tiene hijos, y por eso no tiene futuro a largo plazo. Es posible, en última instancia, porque Cristo es el Señor de la Vida y su Evangelio el Evangelio de la Vida. Y si Cristo está con nosotros, ¿Quién podrá contra nosotros?”.
«Otro texto perteneciente a la unidad de Bioética de dicho curso lleva como título “La espiritualidad en cuidados paliativos”, y es un alegato en favor de la intromisión de la religión en la salud. Del dictado de las clases de bioética participa un sacerdote», denunció Barbeito.
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El curso es dictado en la sede de AMPROS, el único sindicato de profesionales de la salud del país cuya directiva se ha pronunciado en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, amenazando con ir a la justicia para impedir que las mujeres decidan, mientras que profesionales de la salud de todo el país han apoyado la lucha de las organizaciones de mujeres para obtener este derecho. Esto generó un fuerte debate dentro de la salud pública de la provincia, donde otros médicos y trabajadores de la salud comenzaron a organizarse a favor de la legalización del aborto y de garantizar su práctica en los hospitales.
Este curso es organizado por el Hospital Central, donde se nombró al cura Enrique López en la planta permanente del establecimiento (por medio del decreto 991/15) para desempeñarse en el cargo de capellán, un cargo que sólo pertenece a la jerarquía eclesiástica, y no a ninguna función pública. El Estado provincial resolvió destinar fondos públicos para “brindar ayuda espiritual” a los pacientes. No sabemos cuántos curas más hay en esta situación, que atenta directamente contra el principio de laicidad del Estado y del sistema de salud.
Noelia Barbeito explicó además que se reunió con los legisladores provinciales Lautaro Jimenez, Macarena Escudero y Mailé Rodriguez para informarles de esta grave situación y solicitarles que presenten esta semana tanto un pedido de informes al Ministerio de Salud de la provincia sobre estos contenidos y un proyecto de Ley para anular estos decretos que introducen a funcionarios de la Iglesia Católica en los hospitales y centros de salud públicos de la provincia, prohibiendo la discriminación e injerencia de las instituciones religiosas en la salud pública provincial.
Fuente: La Izquierda Diario
