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El diputado Javier Molina habló sobre el plan de lucha contra la Lobesia botrana: “El productor no tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado”

El diputado Javier Molina habló sobre el plan de lucha contra la Lobesia botrana: “El productor no tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado”

El diputado Javier Molina habló sobre el plan de lucha contra la Lobesia botrana: “El productor no tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado”
junio 13
00:39 2018
Distintas agrupaciones de agricultores de la provincia de Mendoza se habían manifestado la semana pasada su disconformidad porque entendían que el gobierno debía hacerse cargo del total de la compra de los químicos para evitar esta peste de la Lobesia Botrana, que puede afectar hasta el 30% de las cosechas. La nueva campaña ahora tendrá aportes del Estado Nacional, del provincial y también de los mismos productores.

El documento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía detalla el rendimiento en dinero que tienen las producciones de 10, 20, y 40 hectáreas, de acuerdo a los tipos de uva que allí se produzcan. Mediante una comparación numérica muestra cuánto le costaría al productor comprar los químicos en el mercado y cuánto, con el plan oficial.

Así, un productor con hasta 10 hectáreas no pagaría nada por la lucha contra la peste, ya que la ayuda gubernamental le cubriría el total de los costos.

Por su parte, para un productor de hasta 20 hectáreas el costo de mercado de los difusores y agroquímicos sería cercano a los $100.000, teniendo que pagar al contado o con cheque a 30 días; mientras que con el sistema de contribución del Estado el costo sería de $15.000 pagaderos en cuatro cuotas iguales, de $3.750.

En el caso de los productores de hasta 40 hectáreas, siempre según el informe oficial, el costo de mercado de los elementos para combatir la plaga sería de casi $200.000 pagaderos al contado o con cheques a 30 días.

En cambio, con el plan oficial el costo sería de $45.000 en cuatro cuotas iguales de $11.250.

El método para controlar a la Lobesia botrana se denomina “de confusión sexual”. Consiste en borrar el camino que deja la hembra para ser hallada por el macho y de esa fórmula se evita la cópula y la reproducción.

Por su parte, el diputado del Partido Justicialista, Javier Molina fue entrevistado por LV10 en donde hizo mención a la situación que atraviesan los productores locales. El legislador desarrolló una propuesta solicitando que el Poder Ejecutivo realice las gestiones ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación y el SENASA, a fin de continuar con el Plan de Control y Erradicación de la Polilla de la Vid –Lobesia Botrana- en todo el territorio provincial.

“Nosotros estamos preocupados por el tema porque desde el sur venimos trabajando desde hace 6 años en forma conjunta con las dos municipalidades, la de General Alvear y con la de San Rafael en el sistema de los comité de emergencias para tratar de trabajar en función de la erradicación de esta plaga. Tenemos algo de experiencia y conocemos algo de la situación y estamos muy preocupados. El productor no tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado”, remarcó Molina.

El legislador del PJ habló de la propuesta que presentó recientemente en la Cámara de Diputados. “Nosotros hace un mes y medio hemos presentado un proyecto de declaración y hace un poco  hemos llevamos a cabo una  propuesta alternativa, donde le solicitamos al gobernador que haga el reacomodamiento de la partida presupuestaria para que la provincia se haga cargo y luego le solicite a la Nación el reintegro de esos costos, porque creemos que el Estado y principalmente el Ejecutivo Provincial es el que debe hacerse responsable”, dijo.

Molina cree que si se sigue trabajando correctamente con el correr de los años se va a eliminar esta plaga.  Con respecto al Seguro Agrícola, precisó: “Nosotros planteamos nuestras objeciones acerca del Seguro agrícola. Se pagaron cerca de 180 millones de pesos, de los cuales  los productores únicamente han cobrado 30 millones. Nosotros creemos que el Estado se debe hacer cargo con fondos del Gobierno. Hay que replantear la distribución de los recursos y avanzar hacia la centralización por parte del Estado y orientarlos apoyar el sector productivo”.

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