El Gobierno Nacional buscará avanzar con equilibrio en el nuevo frente de conflicto que abrió al impulsar otra vez, ahora por etapas, los proyectos de reforma laboral en el Congreso. Marcos Peña defendió las iniciativas al término de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada, aunque sugirió que podría haber modificaciones durante el tratamiento en el Senado.
En principio, la intención inicial del Gobierno de dejar afuera de la indemnización al aguinaldo, premios, bonos y otros beneficios quedaría al menos diluida para moderar la resistencia de los sindicalistas en pleno proceso de rearmado de la CGT. No obstante, el proyecto de blanqueo laboral que ingresó por el Senado contempla una amnistía para los empleadores, que implica perdonarles las multas y las cargas sociales impagas por los trabajadores que tengan sin registrar. A cambio, el empleador deberá declarar el vínculo laboral, entre algunos aspectos. En el caso de los empleados, el Gobierno nacional propone reconocerle al trabajador cinco años de aportes jubilatorios hacia atrás calculados en base al salario mínimo, vital y móvil, que hoy es de $9.500 y a partir de julio aumentará a $10 mil. Además, los años no declarados no computarán en caso de indemnización por despido.
La senadora nacional por San Luis, María Eugenia Catalfamo, desarrolló una columna de opinión en relación a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que BienCuyano reproduce a continuación:
Adiós a los principales derechos de los laburantes
En vísperas al Día del Trabajador, el Gobierno Nacional sorprendió una vez más a quienes se ganan su sueldo con esfuerzo para mantener a sus familias, esta vez con “nuevas propuestas de cambio”.
La megareforma laboral que Cambiemos había gestado en diciembre y que por el amplísimo rechazo social tuvo que retirar, mutó a tres proyectos que se enviaron el pasado viernes al Senado. Estos proyectos responden al objetivo que se trazó el oficialismo: bajar el costo laboral y flexibilizar el trabajo.
Ante la evidente crisis económica que el mismo Gobierno generó y frente a un constante ir y venir al que ya nos tiene acostumbrados, las preguntas que nos podemos hacer son muchas.
En el preocupante contexto de distribución regresiva del ingreso, donde el modelo económico del Gobierno le transfiere al sistema financiero la renta que producen los trabajadores formales, precarizados y desocupados, con las paritarias en baja, ¿por qué Cambiemos insiste en discutir en el Congreso una reforma laboral para seguir quitándole derechos a los trabajadores? Muchos podemos estar a favor de pensar una reforma, pero nunca restringiendo los avances que lograron los laburantes.
La propuesta de excluir del cálculo indemnizatorio un derecho adquirido como el aguinaldo, y que no se calculen los premios, bonos y todos los gastos que el empleador efectúa hacia el trabajador, tomando la decisión de cortar por el eslabón más débil de la cadena, es inaceptable. ¿Por qué no menciona el ministro de Trabajo Jorge Triaca que un proyecto de estas características, que considera una baja en las indemnizaciones, va a alentar una ola de despidos?
La creación de un fondo de cese laboral, es decir, sacar el sistema de indemnizaciones que existe hasta hoy e incorporar uno que estaría compuesto por el aporte empresario. ¿Y el rol del Estado en defensa de los trabajadores?
Como mencioné, es totalmente válido que un Gobierno presente propuestas y alternativas a regulaciones existentes, pero cuando éstas son superadoras y no van en detrimento de los sujetos de derechos para los que se está legislando. Estos proyectos se asemejan a otros que han tenido un rechazo social generalizado: salvando las distancias, el de Reforma Previsional que también atentó contra el bolsillo de un grupo vulnerable, nuestros jubilados.
Por eso cuando la afrenta a los trabajadores argentinos es tan grosera, las diferencias no pueden ser mayores que la responsabilidad de defenderlos.
Senadora Nacional por San Luis, María Eugenia Catalfamo
Frente Unidad Justicialista San Luis
Enfoque de la propuesta del gobierno
El pasado 2 de mayo, el Gobierno Nacional envió al congreso los siguientes 3 proyectos de reforma laboral:
Proyecto N° 1: regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral y fondo de cese sectorial
Este proyecto destaca la regularización del empleo no registrado. Este cambio viene a cumplir con un deseo que hace tiempo tienen los empresarios Pymes, y que fue intensificado luego del blanqueo impositivo que hubo en 2016. El «blanqueo laboral» comprende a todas las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley, con exclusión de las correspondientes al régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
Según el proyecto, quienes regularicen las relaciones laborales deberán hacerlo dentro del plazo de 360 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del proyecto, y tendrán condonaciones de multas por empleo no registrado que llegarán al 100% si la registración de los trabajadores se realiza dentro de los 180 días del plazo mencionado anteriormente.
Como ocurrió con el Régimen de Sinceramiento Fiscal, si luego de adherir al blanqueo laboral y regularizar las relaciones laborales, AFIP detecta que existían relaciones laborales no registradas y no blanqueadas, «se cae» todo el blanqueo realizado, y por lo tanto no se aplican los beneficios de este.
Se crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial por parte de las entidades representativas de los empleadores y de los trabajadores, de adhesión voluntaria para el empleador, quien será el exclusivo aportante, destinado a sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa del dependiente.
En caso de un despido con justa causa, quien administre estos fondos le tendrá que devolver al empleador el dinero que éste fue aportando a dicho fondo durante la vigencia de la relación laboral.
Por último, es muy importante remarcar que para el caso de las indemnizaciones por antigüedad, se incorpora en la ley el criterio que se venía aplicando en la práctica profesional , fijado por la CSJN en la causa judicial «Vizzioti», por lo que el tope indemnizatorio no podrá perjudicar al empleador en más de un 33%, de lo contrario se entenderá como confiscatorio.
Proyecto Nº 2: Sistema Nacional de Formación Laboral Continua. Prácticas Formativas. Red Federal de Servicios de Empleo. Seguro de Desempleo Ampliado
El segundo proyecto tiene por finalidad la adopción de un conjunto de medidas a implementarse en materia de capacitación laboral continua, transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomento del empleo juvenil y entrenamiento laboral.
Se crea un Sistema de Prácticas Formativas, destinado a los estudiantes graduados de la Educación Superior, a los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y de la Formación Profesional, en todos los casos para personas mayores de 18 años, para cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas.
Se conforma la Red Federal de Servicios de Empleo, con el objetivo de facilitar y agilizar los procesos de intermediación entre las personas que buscan empleo y los puestos de trabajo, favoreciendo la articulación entre la oferta y la demanda laboral.
Se instituye, con alcance nacional, el Seguro de Desempleo Ampliado para trabajadores desvinculados de «Empresas de Transformación Productiva», denominadas así las empresas con dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos o redireccionar su actividad, y/o integrarse a otra u otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño.
Proyecto N° 3: Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET)
Se propone la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de salud, con autarquía económica, financiera y personalidad jurídica propia, cuya finalidad será la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios de calidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica, y social.
