En medio del pedido del presidente Mauricio Macri para que las provincias disminuyan la presión tributaria que aplican sobre los servicios públicos, desde Mendoza no solo confirmaron que no tocarán ningún impuesto si no que el gobernador Alfredo Cornejo redobla la apuesta autorizando una suba escalonada de casi el 80% en el precio del agua.
El ministro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri, confirmó que la administración que encabeza Alfredo Cornejo no disminuirá la carga impositiva que tienen los servicios públicos.
«La reducción de impuestos se da cuando la carga impositiva es exagerada, cuando uno tiene la situación ordenada, tiene poco qué hacer. No vamos a hacer nada en materia impositiva en las facturas”, afirmó en declaraciones a radio Mitre Mendoza.
El funcionario explicó que por la estructura impositiva que tiene la provincia, una medida como esa es «absolutamente irrelevante» en el precio final que pagan los consumidores.
«Hacia fines del año pasado se fija un acuerdo con la Nación donde se establece no incrementar la presión impositiva. Ahí lo que hicimos fue establecer que para la producción de gas y luz, la alícuota iba a ser cero. Y en lo que es residencial, estamos muy por debajo de lo que son las alícuotas máximas. Tomar una medida para nosotros es irrelevante, no tiene prácticamente efectos sobre una factura», detalló.
En la otra vereda se encuentra el gobierno sanjuanino que ya había dado una señal cuando el lunes se anunció la intención de hacerse cargo del 50% del costo de la tarifa social de gas, que en San Juan beneficia a alrededor del 26% de los usuarios.
Sin embargo, anunciaron ayer la decisión del gobierno de Sergio Uñac de reducir dos de los impuestos que impactan en la boleta de la luz, Ingresos Brutos y Lote Hogar, y hasta la posibilidad de eliminar otro ítem, como es el Fondo Solidario Hospitalario, en respuesta al pedido formulado por el presidente Mauricio Macri de bajar los tributos que tienen incidencia en las facturas de servicios tras la escalada de reclamos por el fuerte incremento tarifario. Sobre el tema y desde el Vaticano, a donde viajó a un encuentro con religiosos y políticos, el gobernador Sergio Uñac dijo ayer al medio Diario de Cuyo que «Nación, provincias y municipios deben hacer un esfuerzo sin especulaciones políticas, en beneficio de los usuarios».
A lo que hacía referencia el mandatario es que a su regreso se pondrá en campaña para reunirse con representantes del Gobierno nacional, sus pares de otras provincias y en San Juan con los intendentes para buscar alternativas que apunten a beneficiar a los usuarios de los servicios, tanto residenciales como en el sector empresario, que se han visto perjudicados por la fuerte alza en las tarifas de servicios públicos. Según las cuentas que sacan en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el incremento en la generación de la energía, por disposición del Gobierno Nacional, fue del 1.134% desde enero del 2016 a febrero pasado, mientras que el costo del transporte subió el 1.353% en el mismo período.
El vocero en San Juan y el que está coordinando el trabajo es el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien dijo que «la idea del Gobernador es que trabajemos en un esquema en el que Nación, provincias y municipios busquemos un mecanismo de esfuerzos compartidos donde no generemos un desfinanciamiento severo a ninguno de los sectores».
Entre las primeras medidas está bajar la alícuota de dos impuestos que impactan en la boleta de la luz, como son Ingresos Brutos y Lote Hogar, que representan, el primero, el 3% sobre la base imponible, y el segundo es el 20% del resultante. El funcionario no precisó a cuánto podría reducirse el porcentaje. «Lo estamos estudiando», dijo. Otras disposiciones son eliminar el Fondo Solidario Hospitalario que, para la mayoría de los usuarios, es de 3 pesos por mes y también moderar los aportes que se pagan para las obras energéticas, como son la Línea de 500 kV y el Fondo PIEDE, aunque éste último ya aparece descontado en la factura. Son un porcentaje de acuerdo a los kWh que consume el titular del servicio. «La intención es reprogramar algunas obras, para que el impacto sea menor», explicó Gattoni.
En el caso de los municipios, el ministro dijo que a su regreso el gobernador Uñac convocará la semana próxima a los intendentes para que acompañen el plan de reducir la presión tributaria. En la boleta de la luz las comunas perciben la Contribución Municipal y la tasa de alumbrado público, que se trata, en algunos casos, de un monto fijo o de un porcentaje.
Ahora el Poder Ejecutivo Nacional pretende eliminar tasas en las boletas de luz, gas y agua en todo el país
El gobierno nacional enviará al Congreso para quitar los impuestos municipales y provinciales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país. El rechazo a los tarifazos por grandes porciones de la sociedad golpea a Cambiemos que intenta amortiguarlo con una tibia medida.
La iniciativa se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales” y uno de los puntos centrales es el artículo que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.
Otro punto señala que “no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados” en el párrafo anterior.
Además propone que “el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.
Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10 mil veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
A su vez invita a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley y tiene como objeto “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.
Según publicó ámbito.com se busca evitar “distorsiones en la información el monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura”.
Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de “carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal”.
Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a “los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación de servicios”.
Finalmente, la autoridad de aplicación, o sea el Poder Ejecutivo Nacional, deberá notificar a los “sujetos obligados dentro de los veinte días posteriores a su promulgación”.