Los comercios ya deben operar obligatoriamente con tarjeta de débito: Una medida práctica que enriquece a empresas bancarias y atormenta a los emprendedores chicos

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A partir de este domingo pasado, los comercios y todas las categorías de monotributistas están obligados a aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes. Quienes incumplan esta normativa pueden recibir multas de entre $300 y $30.000, y clausuras de entre 3 y 10 días. Los consumidores, en tanto, pueden denunciar a los comercios que no acepten pago con tarjetas.

Si bien la cantidad de POS instalados aumentó un 66% en el último año, el número de transacciones creció solamente un 10%, mientras que el volumen de dinero operado se incrementó un 37,1%. En promedio, de la facturación total que realiza un comercio, un 5,48% es el costo de cargos de bancos, tarjetas y servicio de POS; mientras que un 4,82% pertenece a otros cargos, percepciones y retenciones que aplica la Afip. Así, al bolsillo del vendedor la facturación llega con un descuento total del 10,3%. Si bien, el uso del posnet es mucho más práctico, ya que mejorará las condiciones de seguridad de los comerciantes que no llevarán más tanto dinero en efectivo encima, solucionará los problemas de falta de cambio… el problema mayor es el alto porcentual que «se come» el banco por el producto o servicio que se ofrece. Una vez más, el gobierno nacional actúa a favor de los empresarios bancarios, que son los que se llevan una gran tajada de la operación, y no de los pequeños emprendedores comerciales.

El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, cuestionó el sistema obligatorio. Si bien CAME se encargó de incentivar a los comerciantes a que cumplan con el uso del posnet para recibir pagos electrónicos, no obstante, el organismo no dudó el alertar sobre los costos del sistema.

«Aconsejamos a los comercios que deben usar el posnet», sostuvo este martes el titular de la CAME, Fabián Tarrío, al tiempo que advirtió que los costos de esta metodología de cobro son ciertamente altos «para un kiosco» o «para un lava autos».

«La CAME alienta el uso del posnet pero llama a contemplar los gastos en que deberá incurrir el pequeño comerciante», enfatizó Tarrío sin antes explicar que «al principio el costo será bonificado pero luego entrañará un gasto de 500 pesos por mes».

«Además, el costo operativo del débito lleva un arancel del 1,2 por ciento. Todo esto conspira contra la decisión del comerciante de adoptar el cobro electrónico», añadió. A pesar de sus argumentaciones, el titular de la CAME subrayó: «Pero como es obligatorio lo deberá hacer».

Al respecto, el presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) Adrián Palacios, señaló que «preocupados por la normativa de la AFIP, los kiosqueros estamos dispuestos pero el problema es que las comisiones son altas para los kiosqueros y más a la hoa de vender algunos productos que tenemos en el kiosco».

Y sacó cuentas: “Al vender un paquete de cigarrillos la rentabilidad es del 3 por ciento, hoy el pago de débito, los bancos nos están cobrando 1,5 por ciento y si es por Mercado Pago es el 3 por ciento de comisión, o sea que estaríamos perdiendo a la hora de vender algunos productos».

“Estamos pidiendo que el Estado a través del Banco Nación, la compra con débito automática sea del 0 por ciento de comisión porque es como el efectivo. Tendríamos que charlar el porcentaje para que no sea un negocio para los banqueros y para las grandes cadenas de supermercados”, sentenció Adrián Palacios.

Y agregó: “Los gobernantes en la teoría piensan que en la práctica puede funcionar pero es diferente. Por eso pedimos al Estado una mesa de diálogo para mejorar estas tasas que están cobrando. El alquiler del servicio sale 300 pesos por mes, más el gasto de Internet, más las llamadas de teléfono, etc”.

El presidente de UKRA contó que la multa dispuesta por la AFIP si los comercios no cumplen con la normativa van de los 300 a los 30 mil pesos «lo que llevaría al cierre de un kiosco».

“Es un negocio para los bancos, para los que venden el servicio del Posnet y para las grandes cadenas de supermercados. Y estamos preocupados por las multas que dice la AFIP que impondrá si no implementamos el sistema”, finalizó Palacios.

 

La medida que rige desde el 1° de abril

A través de la resolución general 3997-E, la que la Administración Federal de Ingresos Públicos detalló el cronograma de implementación de la medida, y que adelantaba que desde el 31 de marzo de 2018 vencía el plazo para las categorías más bajas de monotributistas: A, B, C, D y E. Desde el 1 de abril, rige la obligación.

El ingreso fue progresivo: a fines de abril de 2017 estuvieron obligados los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a $ 4 millones. Quienes facturan entre $ 1 millón y $ 4 millones debieron hacerlo a partir de mayo y los que registraron montos menores, a partir del 30 de junio del año pasado.

Los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes y de entretenimientos con facturación superior a los $ 4 millones debieron usar el sistema POS desde el 31 de julio pasado y a partir del 31 de agosto comenzó a correr el plazo para quienes facturan entre $1 millón y $4 millones. Posteriormente, el 30 de septiembre se sumaron quienes facturan menos de un $1 millón.

A partir del 31 de diciembre, también debieron comenzar a utilizar POS de manera obligatoria los monotributistas productores de bienes y venta de productos, con categorías desde la F hasta la K.

En su momento, la AFIP explicó que la medida buscaba “cumplir con la ley y permitirá hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de tarjeta de débito”.

Para alentar la utilización de los POS, los monotributistas que los instalen no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos años.

En tanto que los inscriptos en el IVA que instalen POS para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones en el costo por alquiler del dispositivo, descuentos del 50 por ciento hasta por seis meses, o gratuidad de hasta dos años, según el proveedor.