Horas después del anuncio del ministro de Economía Luis Caputo anunciara un paquete de cuatro medidas de alivio para pymes, con la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 como principal bandera, el diputado nacional Luis Petri impulsó un proyecto para que la suspensión de juicios y embargos por deudas impositivas se replique en Mendoza.
Fueron legisladores de «Mendocinos por el Futuro», el sector político liderado por Luis Petri, quienes presentaron un proyecto para que se suspenda hasta el 31 de mayo de 2027 el inicio de juicios y embargos por deudas impositivas y los remates en las causas en trámite. También incluye un régimen de financiación para regularizar los pagos pendientes.
El proyecto fue presentado por Ismael Jadur y lleva las firmas de Griselda Petri, Gustavo Cairo, Alberto López, Jorge Zingaretti, Raúl Villach y Carlos Ponce. Los firmantes recordaron que distintas cámaras empresarias ya habían solicitado esta medida al Ejecutivo provincial.
«Lo que Nación deja de embargar no puede ser retenido inmediatamente por ATM», dijo Petri a través de un comunicado. Y aclaró que la propuesta no busca perdonar deudas, sino permitir «que el Estado cobre sin fundir al sector productivo».
El proyecto -la autoría es del diputado Ismael Jadur y lleva la firma del resto de los legisladores de Petri- solicita que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) deje de iniciar apremios y de pedir embargos o inhibiciones por deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos durante el período propuesto.
Para los expedientes judiciales que ya están en marcha, plantea que los recaudadores no soliciten subastas ni la transferencia de dinero embargado. El levantamiento de los embargos existentes, en tanto, quedaría vinculado a la adhesión al plan de pagos y a la cancelación de la primera cuota.
Ese régimen contemplaría al menos 18 cuotas para obligaciones vencidas al 31 de octubre de 2026, incluidas las que ya se encuentran en juicio. También prevé una tasa de financiación menor y una reducción de intereses, aunque la información difundida no precisa sus valores. Los contribuyentes que tengan un plan con condiciones más favorables podrían mantenerlo.
Una vez formalizada la adhesión y pagada la primera cuota, ATM debería solicitar al juez que levante el embargo o lo sustituya por otra garantía dentro de los cinco días hábiles.
«Al que produce hay que ayudarlo a pagar, no perseguirlo», afirmó Petri y
agregó que “lo que Nación deja de embargar no puede ser retenido inmediatamente por ATM”. El dirigente sostuvo que la iniciativa pretende facilitar el cobro de las obligaciones sin comprometer la continuidad de la actividad productiva y que no contempla una condonación de deudas.
