El sistema penitenciario de Mendoza atraviesa una severa crisis de control tras revelarse que varios internos participaron de transmisiones en vivo mediante streaming desde el interior de los penales. Esta situación se agrava ante cuestionamientos por la prórroga directa de un contrato multimillonario de más de 32.000 millones de pesos destinado a la alimentación en las cárceles provinciales.
Con ese antecedente local y llevándolo al contexto nacional, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley para reformar el régimen penitenciario, con eje en la prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles, la implementación de uniformes obligatorios y la creación de un arancel para que los internos que perciban ingresos contribuyan a cubrir los gastos de su alojamiento.
“Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero”, sostuvo el legislador al defender la iniciativa, que busca modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Según argumentó, el objetivo es impedir que las personas detenidas continúen dirigiendo organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.
El proyecto propone restringir el uso de teléfonos celulares y establecer que las comunicaciones se realicen mediante sistemas autorizados y monitoreados. También contempla el control de las llamadas por teléfono de línea, el acceso a internet y la correspondencia, con el argumento de prevenir estafas, secuestros virtuales y maniobras vinculadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
La iniciativa prevé, al mismo tiempo, habilitar teléfonos de línea para mantener el contacto con familiares y abogados, además de incorporar videollamadas con defensores para facilitar el acceso a la Justicia y reducir traslados.
Cabe destacar que el libre acceso a teléfonos celulares dentro de los penales ha profundizado el calvario de los familiares de víctimas de delitos graves en Argentina, quienes denuncian una desprotección estatal absoluta ante el acoso sistemático de los reclusos.
Según sus testimonios de diversas organizaciones civiles y redes de familiares de víctimas, el beneficio de la conectividad digital —que originalmente se expandió con fines educativos y de vinculación familiar— está siendo desviado por delincuentes condenados para hostigar, intimidar, extorsionar y amenazar a los denunciantes y testigos directamente desde sus celdas mediante llamadas y redes sociales, transformando las prisiones en centros operativos que perpetúan la violencia extramuros.
Uniformes según la peligrosidad de los internos
Otro de los ejes del proyecto es la implementación obligatoria de uniformes penitenciarios diferenciados según la clasificación de peligrosidad de los detenidos, dividida en tres niveles: leve, medio y alto.
De acuerdo con la propuesta, las prendas serán de color beige o marrón claro y tendrán una identificación visual mediante líneas verticales. Los internos clasificados con peligrosidad leve llevarán una línea en el frente y el dorso; los de peligrosidad media, dos; y los de peligrosidad alta, tres. En tanto, quienes estén próximos a recuperar la libertad utilizarán uniformes lisos.
Martínez sostuvo que la medida no tiene un propósito discriminatorio y que responde al principio de igualdad entre los internos. El proyecto también plantea establecer estándares de dignidad y no humillación en el uso de la vestimenta penitenciaria.
El arancel carcelario y el trabajo de los presos
La tercera modificación central es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), mediante el cual los internos que perciban ingresos por su trabajo contribuirán a cubrir gastos de alimentación, servicios generales, atención médica y uniformes.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el diputado.
La propuesta incluye un régimen especial de trabajo orientado a desarrollar hábitos laborales y favorecer la reinserción social. Sin embargo, el propio texto establece que la contribución económica de los internos no debe afectar la obligación del Estado de garantizar las condiciones básicas de detención.
Martínez defendió la iniciativa al señalar que quienes cumplen una condena deben asumir obligaciones vinculadas con su permanencia en prisión. “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”, expresó.
La implementación del arancel quedaría vinculada, según los lineamientos difundidos por el legislador, a la percepción de ingresos por parte de los detenidos, aunque los detalles operativos y los mecanismos de aplicación deberán surgir del texto completo y su eventual reglamentación.
Un antecedente sobre el uso de celulares en prisión
La presentación se suma a otra iniciativa impulsada por Martínez en abril, que propone establecer penas de entre uno y tres años de prisión para los internos que tengan teléfonos móviles en su poder dentro de establecimientos penitenciarios. En caso de que los dispositivos sean utilizados para cometer delitos, el proyecto prevé elevar las penas a un rango de entre tres y cinco años.
Con la nueva propuesta, el diputado busca ampliar las restricciones sobre las comunicaciones desde las cárceles e incorporar cambios en las condiciones de alojamiento y trabajo de los detenidos.
El proyecto deberá atravesar el debate parlamentario para avanzar hacia una eventual modificación del régimen vigente. Hasta entonces, las medidas anunciadas forman parte de una iniciativa legislativa y no de cambios ya implementados en el sistema penitenciario nacional.
Con información de Ambito
