El proyecto que Milei envió al Congreso consolida los recortes en áreas clave. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el proyecto de ley actual, dichas partidas están por debajo de los niveles de 2023, el último presupuesto ejecutado antes de la asunción del libertario.
El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.
Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.
Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce del medio elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.
Gastos 2027 comparados al 2023.
- Obra pública. La función Infraestructura y Vivienda cae 72,4% real contra 2023 y queda directamente congelada frente a 2026: 0,0% de variación. Es la única de las cinco áreas que ni siquiera empieza a recomponerse.
- Educación. Cae 44% contra 2023 y sube apenas 2,9% contra el presupuesto vigente de este año. Adentro de esa función está el conflicto universitario: el artículo 12 del proyecto fija en 7,35 billones de pesos el crédito para el funcionamiento de las universidades nacionales, un tercio menos de los 11 billones que había reclamado como necesarios el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores.
- Ciencia y tecnología. Retrocede 37,9% contra 2023 y sube 13,1% contra 2026. El CONICET, puntualmente, todavía está 43,7% por debajo de hace cuatro años en las partidas que financian becas y carrera de investigador.
- Seguridad. Baja 28,3% contra 2023 y mejora 7% contra el presupuesto vigente. Sumando el Ministerio de Seguridad con las fuerzas que dependen de él —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario— y la caja de retiros de la Policía Federal, que se financia aparte, la cifra total para 2027 asciende a casi 9,96 billones de pesos, un 33,7% más en pesos corrientes que lo asignado en 2026.
- Discapacidad. Dicha función se arma sumando distintos programas, principalmente las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que hoy dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de que el Gobierno disolviera la ANDIS a fin de 2025 y transfiriera sus funciones al Ministerio de Salud. Esa canasta cae 24,4% contra 2023 y sube 5,4% contra 2026; el programa de pensiones por invalidez específicamente retrocede 25,3% contra 2023. El propio proyecto de ley, en sus artículos 36 a 41, profundiza además los requisitos de acceso a esas pensiones, en particular la incompatibilidad con tener un empleo formal.
Qué propone el proyecto 2027 para cada política.
La iniciativa, incluye modificaciones en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.
Este último punto despertó una fuerte polémica en la Cámara de Diputados, en medio del debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“El artículo 39 del Presupuesto pretende desregular el nomenclador, que se creó para garantizar la universalidad y un mismo derecho en todo el país. Si sacan los valores universales y cada jurisdicción fija un arancel, están federalizando la desigualdad. Esto viola el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostuvo Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad.
El artículo 17 del proyecto oficial deroga varios puntos de la Ley N° 27.160, que ata los aumentos de las asignaciones familiares (incluida la AUH) a la inflación, al igual que ocurre con el régimen de movilidad jubilatoria.
El artículo no propone un método de actualización que reemplace al actual ni un plazo para los aumentos, por lo que la decisión quedaría en manos del Gobierno.
Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.
El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.
Tengamos en cuenta que la administración del presidente Javier Milei consolidó un bloque de gobernadores aliados indispensables para garantizar la gobernabilidad en el Congreso y blindar sus reformas estructurales. Entre los aliados más firmes sobresalen el radical Alfredo Cornejo (Mendoza) y el peronista independiente Gustavo Sáenz (Salta). A ellos se suman figuras clave del PRO, el radicalismo y partidos provinciales que han acompañado la agenda libertaria en hitos clave como los viajes de promoción de inversiones y los pactos institucionales, destacándose Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz), configurando un tejido de apoyo federal que prioriza el flujo de recursos hacia las provincias a cambio de respaldo legislativo.
La pregunta es ¿Cómo acompañarán estos gobernadores el nuevo presupuesto motosierra de Javier Milei para el año electoral?
El Presupuesto 2027 refuerza el ajuste en Ciencia y Universidades
El Presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso al filo del cierre del martes consolida una matriz de ajuste, que en los casos puntuales del sistema científico de universidades nacionales se siente con mayor crudeza porque son sectores que ya arrastraban problemas estructurales de desfinanciamiento.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Javier Milei a la Cámara de Diputados fija una partida de $7,3 billones para el sistema universitario nacional, un monto 33% inferior a los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La diferencia representa una brecha de aproximadamente $3,7 billones entre la propuesta del Gobierno y el cálculo elaborado por los rectores de las 60 universidades públicas del país.
Los organismos que componen el sistema científico, como CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) recibirán partidas para acompañar la inflación prevista del 18% por el Gobierno para el 2027.
En caso de que este escenario optimista de expectativa inflacionaria no se cumpla, volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales.
Este nuevo golpe se produce cuando aún no pudieron recuperar la pérdida del 35% de sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023.
El panorama es sensiblemente peor para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que sufrirá en 2027 una quita nominal de partidas del 12,4%, al tiempo que para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está prevista una caída nominal de recursos del 5,2%.
Tanto el INTA como el INTI vienen sufriendo un fuerte desfinanciamiento y una pérdida masiva de personal desde 2024.
En el INTA, el recorte presupuestario acumulado en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI la situación es aún más pronunciada, con caídas en la ejecución de sus recursos y un recorte real acumulado que roza el 49% en el mismo lapso.
Universidades nacionales
El proyecto de ley presentado por la administración de Javier Milei destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.
Más allá del recorte económico, el Capítulo II del proyecto del presupuesto del Gobierno introduce una polémica cláusula que exige a las universidades detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos si no cumplen.
Los rectores advierten sobre la vulneración del principio de la autonomía universitaria, y consideran que la propuesta de 11 billones es insuficiente.
Además, reclaman por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que está vigente y anticipan una fuerte conflictividad.
