El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado.
La entidad también elevó a 3 mil 935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 54 mil 008, correspondientes a 115.461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.
Fue un verdadero desastre. Ya había sucedido meses atrás en Venezuela, dejando una realidad extremadamente grave. Ayer se sacudió Indonesia y también hubo un sismo en España. Hoy en Italia. Sin dudas, las fallas geológicas del mundo se están moviendo… y eso pone en alerta a la provincia de Mendoza, provincia proclive a los movimientos sísmicos, a pesar de que hace 41 años que no hay ningún terremoto de magnitud.
La provincia de Mendoza se encuentra literalmente rodeada y atravesada por más de 15 fallas geológicas activas identificadas por los especialistas. Este complejo sistema de fracturas tectónicas acumula energía de forma permanente debido a la fuerte compresión de las placas en el margen andino. La mayor concentración de este peligroso engranaje subterráneo se localiza en la periferia del Gran Mendoza y la zona del piedemonte. Entre las fracturas más temidas por los científicos destacan la falla de La Cal —que corre por debajo de la mismísima traza urbana de la capital y causó el devastador terremoto de 1861— y la falla de Barrancas en Maipú, responsable directo del sismo destructor de 1985. Acompañadas por otros nexos críticos como las estructuras del Cerro de la Gloria, Borbollón o Punta del Agua, estas profundas cicatrices de la tierra configuran un mapa de riesgo sistémico donde cerca del 80% de la población mendocina habita de forma permanente en la denominada «Zona Roja» de máxima peligrosidad sísmica.
La pregunta del millón es ¿Mendoza está preparada para resistir un terremoto? Ayer, esa misma pregunta se la hicieron al actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en una rueda de prensa, a la cual contestó «Creemos estar preparados para un terremoto porque se ha hecho mucho, no solo por parte de mi gobierno en particular, sino porque hay códigos de construcción muy exigentes. Hay cosas que se han hecho como política de estado en las últimas décadas», dijo el gobernador en conferencia de prensa tras la presentación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
«Según el tipo de terremoto que eventualmente sucediera se pone todo a prueba. Creemos que Mendoza tiene un trabajo hecho en estos años, en varios gobiernos y periodos. Solo hay que seguir concientizando y en eso ayudan mucho los medios de comunicación para que en el caso que ocurra cada uno tome las decisiones correctas», agregó.
Pese al optimismo oficialista del gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró que la provincia «cree estar preparada» para un evento sísmico de gran magnitud, la realidad estructural de Mendoza contradice peligrosamente su discurso.
Si bien es cierto que la región cuenta con un código de edificación sismorresistente históricamente estricto, la complacencia política ignora deliberadamente las advertencias de la comunidad científica y de los colegios de ingenieros, quienes alertan sobre el preocupante incremento de construcciones clandestinas y la alarmante falta de simulacros masivos actualizados.
Con una preocupante «ventana de tiempo» que ya suma 41 años de silencio sísmico desde el devastador terremoto de 1985, confiar la seguridad pública únicamente al papel de las normativas vigentes, sin una fiscalización rigurosa en el territorio ni planes de contingencia comunitarios reales, transforma la pretendida preparación estatal en una peligrosa ruleta rusa institucional.
El dato es revelador: Más del 30% de las construcciones de Mendoza son clandestinas.
Con esa premisa, sumado a que tenemos condiciones similares a lo de Venezuela, Colombia, en cuanto a tipo de zonas sismica, con el agravante de los costos elevados de certificaciónes, honorarios, aforos jubilitarios, las casas que hoy están construidas, son imposible de derrumbar, pero son las más propensas a sufrir daños mayores.
Sumado a la falta de controles de organismos de control, que hoy son meros organismos administrativos, SRT, subsecretarias y los municipios llegan a la vereda el poder de policía, puerta hacia dentro es responsabilidad de los privados.
La realidad de Mendoza con estos datos que debería no solo tener la mochila de emergencia, sino que los ciudadanos tiene que solicitar acondicionar su viviendas, solicitar el desrrame de árboles, analizar un plan de Contingencia propio o de zona donde convienen con otros. Velar por la integridad de los niños y adultos mayores en los PH o las zonas más vulnerables donde va costar llegar a la ayudar de bomberos o defensa civil.
El Centro de Ingenieros alertó que las construcciones clandestinas e informales en la provincia pasaron del 16% en el año 2000 al 30.59%, lo que eleva severamente la vulnerabilidad habitacional.
El exceso de optimismo del gobernador Alfredo Cornejo ante a la preparación sísmica de Mendoza choca de frente con la alarmante vulnerabilidad de su infraestructura pública más crítica, un flanco donde el discurso oficial se desmorona entre deudas edilicias estructurales.
Aunque el gobierno celebra hitos tecnológicos recientes como la incorporación de aisladores sísmicos en la nueva ampliación del Hospital Notti, la realidad del sistema sanitario general es preocupante: una parte sustancial de los hospitales y efectores públicos de la provincia opera en estructuras antiguas diseñadas bajo códigos sismorresistentes obsoletos, careciendo de la modernización necesaria para garantizar su funcionalidad operativa inmediata tras un terremoto.
El escenario en el ámbito educativo es todavía más crítico; investigaciones especializadas del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo han expuesto históricamente que un alto porcentaje de las escuelas típicas mendocinas arrastra un severo desempeño y riesgo de colapso ante sismos de gran magnitud por haber sido levantadas bajo normativas no vigentes.
Así, mientras las comunidades escolares dependen de simulacros periódicos para saber cómo reaccionar, la desinversión en el refuerzo estructural de colegios y centros médicos demuestra que, ante un escenario real de magnitud 7.5, la contención del Estado mendocino es más una expresión de deseo que una garantía real.
Frente a las preocupantes fallas de la infraestructura pública mendocina, la comunidad de ingenieros y especialistas en sismología exige pasar de la retórica preventiva a soluciones técnicas obligatorias e inmediatas mediante la actualización urgente de los códigos de edificación provinciales.
La principal demanda radica en normar el uso Mandatorio de aisladores y disipadores sísmicos en toda la obra pública estratégica, expandiendo de forma masiva tecnologías que hoy solo se aplican de manera aislada.
Asimismo, los expertos exigen la implementación obligatoria de auditorías estructurales a través de escaneos con instrumental de ultrasonido en el 100% de los establecimientos escolares y sanitarios antiguos. Estos diagnósticos científicos permitirán ejecutar un plan inmediato de encamisado de columnas con fibra de carbono y reforzamiento con muros de corte de hormigón armado en las estructuras de alta vulnerabilidad.
Finalmente, se urge a los municipios a digitalizar los sistemas de catastro e implementar inspecciones satelitales automatizadas para frenar y sancionar penalmente el avance de las construcciones clandestinas en el piedemonte. Estas medidas técnicas buscan neutralizar el riesgo antes de que el próximo gran sismo convierta las deficiencias del cemento en una tragedia humanitaria evitable.
De verdad, Alfredo ¿Mendoza ya hizo todos los deberes para referirse con seriedad sobre el tema terremoto?
