Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó el trabajo de investigación periodística de Hugo Alconada Mon para LA NACION a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.
La operatoria oficial tiene como epicentro el “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, la 330.902/9, donde ingresa y de donde sale cada peso para, en teoría, rutas.
La obligación de sólo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa. El fideicomiso se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando la administraba Vialidad Nacional, según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, que pidió no ser identificado. En otras palabras, la herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y hacerlo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios.
Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, sin embargo, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Sólo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales.
Los informes mensuales de la cuenta 330.902/9 registran, por su parte, un renglón de “ingresos por distribución” menor —$247.628 millones en 2024, $502.928 millones en 2025 y $331.277 millones entre enero y mayo de 2026—, porque no toda la recaudación asignada al subsistema SisVial ingresó a esa cuenta en el Banco Nación. Medida contra ese segundo denominador, más restrictivo, la ejecución tampoco supera el 36,5% del período.
“Si tomáramos como referencia el costo del kilómetro que surge de la licitación 14/26 de Vialidad Nacional, se podría afirmar que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial en lo que va del gobierno de Milei; eso equivale a casi dos tercios de la red vial nacional”, estimó un economista abocado a asuntos públicos que consultó LA NACION. “Por supuesto que los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”.
Es más! El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno de Javier Milei utiliza parte de los fondos recaudados para el mantenimiento y la construcción de rutas con otros fines presupuestarios. Según explicó el funcionario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dispone de una parte de esos recursos para sostener el “equilibrio fiscal”.
La declaración se produjo durante una entrevista en La Pampa, donde Ravier explicó cómo el Gobierno distribuye los recursos provenientes de impuestos que tienen una afectación específica para obras y mantenimiento vial.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó Ravier.
La complicidad de Alfredo Cornejo ¿Qué intereses defiende? ¿Los de los mendocinos o los personales?
El gobernador Alfredo Cornejo fue cómplice de esta maniobra de la «timba financiera» de Milei y se cayó la boca. Hace más de un año atrás,Cornejo, asumió la ejecución y el financiamiento de unos 235 kilómetros de las rutas nacionales 7, 40 y 143 tras firmar un convenio de colaboración con la Dirección Nacional de Vialidad, acordando solventar las obras con recursos provinciales y proyectando la instalación posterior de peajes para recuperar la inversión.
Lo hizo mediante el Decreto 1159, el convenio para el financiamiento de proyectos de infraestructura en la provincia, utilizando recursos del “Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento”, es decir en criollo los fondos de lo que iba a ser «La Obra del Siglo»… Portezuelo del Viento… es decir, más en criollo, hacer las rutas nacionales «con la tuya», mendocino!
El acuerdo fue celebrado entre el Ejecutivo provincial y la Dirección Provincial de Vialidad. Fue firmado el 25 de octubre de 2024 por los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Gobierno, Natalio Mema; por la subsecretaria de Infraestructura, Marite Badui; y por el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.
El documento establece los términos para asignar fondos del fideicomiso a proyectos de construcción, ampliación o refuncionalización de infraestructura vinculada al desarrollo provincial.
La Dirección Provincial de Vialidad será el organismo subejecutor, encargado de formular, contratar, ejecutar y supervisar las obras. Además, la DPV deberá presentar un plan de inversión trimestral y remitir mensualmente los certificados de avance de cada obra.
Basta ver en Mendoza la paralización de las obras de los puentes caídos de la ruta 40 en el Valle de Uco; la inconclusa ruta 40 en la doble vía Mendoza-San Juan; los baches y caminos destruidos en la ruta 7 en Alta Montaña, por dar algunos ejemplos.
A raíz de ello, el exgobernador Julio Cobos le ha solicitado a Fiscalía de Estado que intervenga en defensa del patrimonio de Mendoza y cuestiona que el gobierno provincial se haga cargo del mantenimiento de rutas nacionales.
«Vengo a solicitar la inmediata intervención de esa Fiscalía de Estado en defensa del patrimonio de la Provincia de Mendoza, frente a la situación generada por la falta de conservación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de obras sobre rutas de jurisdicción nacional ubicadas en territorio provincial, como consecuencia de la insuficiente aplicación por parte del Estado Nacional de los recursos legalmente afectados a infraestructura vial», esgrime el exvicepresidente.
Para Cobos, el gobierno de Alfredo Cornejo decidió utilizar fondos de la provincia para mejorar rutas nacionales producto de la falta de inversión por parte del gobierno de Javier Milei. «La Provincia de Mendoza no generó el problema de infraestructura vial nacional: acudió a mitigarlo. No fue Mendoza quien decidió no reparar las rutas nacionales: fue el Estado Nacional quien, pese a tener la jurisdicción y disponer de recursos afectados a infraestructura vial, no ejecutó las obras necesarias en la magnitud requerida. No corresponde que la diligencia de Mendoza se transforme en una ventaja patrimonial para la Nación ni que la omisión nacional termine financiándose con recursos del Tesoro Provincial», argumenta Cobos en el escrito redactado con el abogado Federico Morandini.
Pero Cobos advierte que lo grave no es únicamente que la Nación no haya ejecutado las obras, sino que «existían recursos específicamente destinados a infraestructura vial que, según información recientemente publicada y que debe ser verificada oficialmente, no fueron aplicados en la magnitud necesaria a la finalidad para la cual fueron recaudados».
Cornejo cumple: Peajes para Todos
Finalmente podemos afirmar que Alfredo Cornejo está a punto de cumplir con una de sus promesas de campaña! En marzo del 2023, en pleno proceso electoral, el Cornejo candidato anunciaba sus intenciones recaudatorias a través de peajes en las vias de accesos en la provincia.
En San Rafael, Alfredo Cornejo anunciaba en su discurso ante el público sureño «En mis cuatro años de gestión llenamos de rutas la provincia de Mendoza, rutas que son largas y costosas. Y me tocó gobernar de los cuatro años, con tres años de recesión económica, y sin embargo como hemos administrado bien, pudimos hacer la mayor inversión en rutas en el sur de la provincia» argumentaba en plena campaña electoral.
Inmediatamente avanzaba con la posibilidad que sumar un nuevo ingreso que le permitiría recaudar más para las arcas estatales «Si en alguna ruta habrá que poner peaje porque es nueva y se paga correctamente, lo haremos» afirmaba Cornejo.
El por entonces precandidato justificaba el ajuste diciendo «Cómo les gusta ir a Chile y pagar peajes por rutas que están mantenidas. Esos debates hay de darlos».
Ante la inacción del gobierno nacional en materia de obra pública para la provincia, Cornejo encontró una oportunidad: hacerse cargo de las rutas nacionales… en base al dinero de los mendocinos y no reclamándole duramente al gobierno nacional de Javier Milei que haga las obras, tal como la constitución nacional se lo exige.
Auditores y observaciones
Creado bajo un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, el SisVial se encuentra, de todos modos, bajo control de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), que no han revisado la ejecución de este fideicomiso durante los últimos años, según constató LA NACION.
El SisVial también cuenta con auditores externos, como la firma González Fischer y Asociados, pero LA NACION no logró verificar si consignaron alguna salvedad o nota sobre cómo se gestionan los fondos. Sí emitieron una “observación” los auditores externos que en 2025 analizaron la ejecución del préstamo 11744 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Programa de Corredores Logísticos de Integración (Corredores Viales de Integración Fase III). En esa obra, la CAF debía aportar el 69,74% del dinero y el resto, el Estado nacional. Pero al momento de la auditoría, los responsables del Estudio Villares y Asociados SRL remarcaron que “el aporte ejecutado con fondos de contraparte local es nulo (0%)”, según consta en la copia del reporte que obtuvo LA NACION.
Los documentos oficiales muestran, en efecto, que el grueso de los fondos del SisVial no se destinan a obras viales, sino a inversiones financieras. El 31 de marzo último, por ejemplo, el SisVial destinó $1090 millones a obras viales, mientras su cartera de inversiones financieras crecía $83.840 millones durante ese mismo mes, de $785.136 millones a $868.976 millones. Dos meses después, al 31 de mayo, la cartera trepó a $1.001.018 millones, de los cuales $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A esa fecha, el valor nominal de la cartera era de $960.088 millones: la diferencia de casi $41.000 millones corresponde a la valuación de mercado de los títulos.
Los reclamos, mientras tanto, se acumulan. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional de diciembre pasado estimó que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, producto de la subejecución presupuestaria y la paralización de obras. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó el estado de las rutas nacionales en la provincia como “heridas, rotas y olvidadas”. Y en Santa Fe, su par Maximiliano Pullaro denunció que muchas rutas nacionales en esa provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.
Desde marzo de 2024, la decisión final sobre esos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía. El decreto 215/14 designó a la cartera que conduce Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de todos los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado nacional. Un mes después, por resolución 200, el ministro delegó esas facultades en el secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija, con intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión —según consignan los propios estados contables del fideicomiso— “tiene carácter vinculante”.
De obras viales a “mesa de dinero”
Los anexos de inversiones del Banco Nación que analizó LA NACION permiten seguir mes a mes qué hicieron los responsables el SisVial con el dinero recaudado. Y muestran un viraje durante los últimos doce meses.
Hasta mediados de 2025, la cartera del SisVial estaba compuesta casi por completo por plazos fijos en el Banco Nación: al 31 de enero, los $276.286 millones invertidos eran íntegramente depósitos a plazo. El único antecedente en títulos había sido una LECAP por $30.000 millones nominales, que apareció en la cartera al 30 de septiembre de 2024, se mantuvo en octubre y luego desapareció. En junio, los títulos públicos representaban el 11,5%. En julio saltaron al 61,5%. En agosto, al 79,4%. Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba colocado en letras del Tesoro.
Ese giro coincide con una instrucción del Poder Ejecutivo. En una nota al pie de sus estados contables al 30 de junio de 2025, el Banco Nación consignó que informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía “el detalle de los pagos efectuados conforme las instrucciones recibidas” y que su banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025 de fecha 24.06.2025”.
“Nosotros, como fiduciario, sólo podemos actuar como ‘tesorería’ del SisVial”, indicaron desde el Banco Nación ante la consulta de este diario sobre si su proceder no debería regirse bajo la figura del “buen hombre de negocios” estipulado por el Código Civil. “Por tanto, sólo podemos ejecutar las órdenes que nos imparte el Palacio de Hacienda y las observaciones deben hacerlas la Sigen o la AGN o los auditores externos”, indicaron.
La composición de la cartera del SisVial, en tanto, también cambió de tenencias. La más grande del período —$374.826 millones nominales— figura como LECAP en los anexos de noviembre y diciembre de 2025, aparece reclasificada como BONCAP al 31 de enero de 2026 y desaparece de la cartera en febrero. En ese mismo mes ingresó una LECER por $150.704 millones, un instrumento indexado por inflación que se mantuvo hasta abril y tampoco figura en el anexo de mayo.
Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que administró fondos fiduciarios durante años, lo describió ante la consulta de LA NACION, como una lógica de administración propia de una “mesa de dinero”: la obra pública prácticamente detenida y los recursos disponibles orientados a inversiones financieras mientras aguardaban su utilización.
El resultado contable es inequívoco: mientras el deterioro de la red vial nacional motiva reclamos de usuarios, gobernadores, empresas constructoras, trabajadores de Vialidad Nacional y organismos internacionales que financian obras, como la CAF, el fideicomiso creado para garantizar el financiamiento de esas rutas cerró mayo con más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, $1.038.779 millones que no llegaron al asfalto.
Con información de La Nación, El Intransigente, El Medio y MDZ
