Durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, Bullrich explicó que el nuevo porcentaje fue incorporado «por pedido de la oposición constructiva» y sostuvo que se trata de «un límite razonable», al señalar que es similar al vigente en Brasil. El proyecto modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011, que actualmente establece un tope nacional del 15% para la titularidad extranjera.
La legisladora también confirmó que el oficialismo eliminará la restricción que impide transferir a propietarios extranjeros más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo. Además, anticipó que desaparecerán los límites por municipio, departamento y provincia contemplados en la legislación vigente. «Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo», afirmó.
En otro tramo de su exposición, Bullrich volvió a cuestionar la normativa vigente al denominarla «Ley Máximo Kirchner», aunque el dirigente de La Cámpora no ocupaba cargos legislativos ni ejecutivos cuando la iniciativa fue aprobada por el Congreso a fines de 2011.
Al finalizar la conferencia, la senadora reconoció que el oficialismo enfrenta una definición parlamentaria muy ajustada. Consultada sobre las posibilidades de aprobar el capítulo referido a la extranjerización de tierras, respondió con una frase que reflejó la paridad de la votación prevista para el jueves: «Se gana por un voto».
Ley de Tierras: qué cambia, qué se discute en el Senado y cuáles son las posiciones en juego
Tras semanas de negociación, el Gobierno argentino introdujo cambios en el proyecto oficialista de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una reforma sensible de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que se debatirá este jueves 6 de agosto, para intentar reunir los votos necesarios, aunque la discusión sigue abierta y con fuerte resistencia política y social.
El eje de la discusión es el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La versión original eliminaba prácticamente todas las restricciones, pero el oficialismo retrocedió y propuso una redacción intermedia. Entre los principales cambios figuran:
-Suba del límite nacional de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25%.
-Mantenimiento de un tope por provincia, también del 25%.
-Posibilidad de que las provincias regulen, autoricen o restrinjan operaciones dentro de su territorio.
-Incorporación de normas vinculadas a desalojos, usurpaciones y protección de la propiedad privada, que el Gobierno considera el núcleo de la iniciativa.
La modificación fue impulsada por la senadora oficialista Patricia Bullrich para acercar posiciones con bloques aliados y evitar un nuevo fracaso legislativo. El propio oficialismo admite que la votación será muy ajustada.
Bullrich defendió la reforma con 3 argumentos centrales:
-Atraer inversiones productivas en el sector agropecuario, forestal y energético.
-Dar mayor seguridad jurídica a los propietarios rurales.
-Evitar que la Argentina mantenga un esquema más restrictivo que otros países de la región.
Según la senadora, el nuevo tope de 25% demuestra que el Gobierno no busca una apertura irrestricta, sino una flexibilización que permita ampliar el ingreso de capitales sin eliminar totalmente los controles.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 intendentes e intendentas, pidió al Senado que rechace la reforma. Sus principales objeciones son el riesgo de extranjerización del territorio rural; la pérdida de capacidad de control sobre recursos estratégicos como agua, bosques, minerales y zonas de frontera; el impacto sobre el arraigo rural y el desarrollo local, y la falta de un debate federal previo con provincias y municipios.
El comunicado difundido por la entidad sostuvo que “la tierra no es una mercancía más” y reclamó preservar los límites vigentes.
Críticas ambientales y sociales
Organizaciones ambientales, sindicales y sociales convocaron a movilizaciones distintas ciudades del país coincidiendo con la sesión del Senado. Los cuestionamientos apuntan a que la reforma podría facilitar la concentración de grandes extensiones rurales; afectar humedales, bosques nativos y territorios con valor ambiental, incrementar conflictos por el uso del suelo y el acceso a recursos naturales; y/o debilitar herramientas de protección territorial existentes.
En Entre Ríos, la Multisectorial por los Humedales advirtió que la provincia podría quedar especialmente expuesta por la importancia de sus sistemas de islas y humedales.
Qué puede pasar
El escenario legislativo sigue abierto. El oficialismo necesita apoyos de sectores dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción. Si consigue aprobar el texto con las modificaciones negociadas, la reforma pasará a Diputados; si no reúne los votos, el proyecto podría volver a comisión o sufrir nuevas modificaciones.
