La dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció este miércoles que presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena por la Causa Vialidad que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
A través de una columna de opinión publicada en forma simultánea en varios medios internacionales, titulada “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”, la líder opositora volvió a denunciar oposición judicial y planteó que “la democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente”.
“Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, advirtió la titular del Partido Justicialista.
Problema institucional
Las violaciones de derechos humanos de las que soy víctima trascienden mi situación personal. Revelan un problema institucional que debe ser enfrentado. A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino”, indicó Fernández de Kirchner.
También sostuvo que “a ello se suma el atentado que sufrí el 1 de septiembre de 2022, un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
“No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados”, fustigó y recalcó que “alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.
Proscripción
En otro tramo de la columna publicada en El País de España, Libération de Francia y Folha de San Pablo de Brasil, entre otros medios, CFK indicó que “la proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye, tal vez, una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
“Este fenómeno no conoce fronteras ni ideologías. En mayor o menor medida, puede observarse en distintos continentes. Cambian los países, cambian los protagonistas y cambian las circunstancias, pero permanece la misma lógica: transformar el derecho en un instrumento para eliminar adversarios políticos. El resultado es el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”, anexó.
Presentación ante la ONU
Así las cosas, anunció: “Fue precisamente por comprender que esta discusión trasciende las fronteras argentinas que decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”, aclaró la expresidenta.
Los abogados
En este sentido, precisó que para conducir esta etapa internacional de su defensa, convocó “a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana”.
“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, enfatizó.
En igual tesitura, dijo que continuará “defendiendo” su “inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos”.
“Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política. Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre”, concluyó.
El costo democrático de la politización de la justicia
Luego, a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, Fernández de Kirchner expuso que “la proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.
Dijo asimismo que no responderá ni con “odio” ni con “violencia”, si no que responderá “con más Derecho, con más democracia y con más verdad”.
“Todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, adelantó.
Y dirigiéndose a los argentinos, exclamó: “Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina”.
“Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho”, aseguró.
“Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos”, sumó.
Finalmente, se manifestó para quienes “hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza”.
“No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza. La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino”, exhortó.
“Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio. Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados. Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad”, cerró.
