Cuestionan en la Justicia el mecanismo de reforma de la autonomía municipal «Altera el principio constitucional, la ley impugnada produce una reforma estructural»

Actualidad Mendoza

La Asociación Civil Progreso Mendoza presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una acción declarativa de inconstitucionalidad colectiva contra la Ley N° 9709, que impulsa la reforma del artículo 197 de la Constitución Provincial relativo a la autonomía municipal.

La presentación surge a partir de numerosas consultas, inquietudes y planteos recibidos por la entidad respecto del alcance institucional de la reforma propuesta.

La acción fue elaborada por el Dr. Carlos Lombardi, mediante un exhaustivo trabajo de análisis constitucional, doctrinario y jurisprudencial. El planteo sostiene que la ley utiliza un mecanismo previsto para la modificación de un único artículo constitucional cuando, en realidad, introduce cambios estructurales sobre el régimen municipal de la provincia.

Desde la asociación aclararon que la presentación no cuestiona la autonomía municipal como principio constitucional, sino el procedimiento elegido para incorporarla al texto constitucional de Mendoza.
La demanda solicita además una medida cautelar para suspender la ejecución de la ley y cualquier acto vinculado a la consulta popular prevista, hasta tanto la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad del proceso.

En ese marco, el abogado José Luis Ramón, patrocinante de la acción junto a la abogada Carolina Jacky, afirmó que “bajo la apariencia formal de modificar un solo artículo constitucional, la ley impugnada produce una reforma estructural del régimen municipal provincial, alterando el sistema de relaciones entre la Provincia, los municipios, la Legislatura, las convenciones municipales y los habitantes”.

Asimismo, sostuvo que “la Ley N° 9709 no se limita a reformar el artículo 197 de la Constitución Provincial, sino que utiliza el mecanismo excepcional previsto para la modificación de un solo artículo para introducir una reforma mucho más amplia, con afectación de la rigidez constitucional, la soberanía popular, la regularidad del proceso constituyente, el derecho de participación política de los habitantes y la autonomía municipal en su sentido real”.

La acción se presenta en defensa de los derechos colectivos vinculados a la institucionalidad democrática, la participación ciudadana y el respeto de los procedimientos constitucionales establecidos en la Provincia.