Para empezar, citemos una metáfora del especialista en seguridad minera Walter Lino “Si el médico me dice con anticipación que yo tengo un riesgo potencial de cáncer, puedo recibir un tratamiento a tiempo. Pero a veces no nos gusta escuchar al médico diciendo que tiene que hacer una biopsia. Algunos simplemente no quieren ir al médico para no escuchar malas noticias, a pesar de que no duermen bien. En minería es lo mismo: todo está bien, no hay incidentes, pero de pronto la empresa termina teniendo grandes problemas que ya no tiene n marcha atrás.”
Vayamos al tema que tiene estrecho vínculo con la metáfora. La contratación de una empresa china para construir el campamento del proyecto minero Vicuña generó polémicas en la provincia de San Juan. El punto cuestionado fue que la diferencia entre la oferta de la empresa sanjuanina Modular Host y la oferta de PowerChina fue de USD 18 millones, apenas un 0,1% de la inversión total del proyecto. Además, fue cuestionada la resignación de 500 puestos de trabajos sanjuaninos en un contexto donde se exige la participación local. Sin embargo, algo que tuvo menos resonancia fueron los antecedentes de la firma china en Latinoamérica. Coimas, corrupción, explotación laboral y delitos ambientales: un repaso por las obras más polémicas de PowerChina en el continente.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el presidente Javier Milei y gran parte del arco político sobre todo en la Mendoza de Cornejo y el San Juan de Orrego, fue clave para este contrato porque otorga a los proyectos adheridos el beneficio de exención total de derechos de importación para bienes de capital, repuestos e insumos, permitiendo a la minera traer los campamentos modulares desde el exterior sin pagar aranceles aduaneros.
Si bien la ley nacional del RIGI exige que un mínimo del 20% de la inversión total se destine a proveedores locales, las cámaras empresariales y las autoridades de San Juan advirtieron que este piso legal es insuficiente para proteger a la industria regional si las obras de mayor envergadura se entregan llave en mano a gigantes extranjeros como PowerChina.
Por esta razón, el gobierno provincial se vio obligado a intervenir de forma independiente para negociar acuerdos complementarios que fuercen a la operadora a contratar metalúrgicas, constructores y mano de obra sanjuanina en las fases de montaje y servicios logísticos derivados del campamento.
¿Vale la pena una entrega así?
La contratación de PowerChina para el proyecto Vicuña no fue realizada ni por el Estado Nacional ni por el Gobierno Provincial. La elección estuvo a cargo de Vicuña Corp. (la empresa minera privada conformada por Lundin Mining y BHP), quienes gestionaron la licitación de manera enteramente corporativa.
La decisión de importar los módulos habitacionales llave en mano desde China generó fuertes reclamos por parte de la Cámara Argentina de la Construcción Modular (CACMI) y cámaras de proveedores sanjuaninos, quienes cuestionaron el impacto negativo en el empleo y la industria local.
Frente a este escenario, las autoridades de la provincia de San Juan han impulsado medidas orientadas a exigir mayores cuotas de mano de obra y proveedores locales para futuras fases del emprendimiento.
Dentro del conglomerado estatal chino PowerChina operan compañías de alcance global como Sinohydro Corporation, HydroChina y SEPCO, cada una especializada en distintos segmentos vinculados con infraestructura energética, energías renovables, infraestructura vial e hidráulica.
El historial de PowerChina en Latinoamérica es extenso y turbio. En Colombia maniobró para duplicar el presupuesto inicial y generar un perjuicio a las arcas públicas; en Bolivia, sus obreros trabajaban hacinados, con una comida al día y sin el equipamiento requerido. En Ecuador, una posible negligencia dejó 13 muertos y 7.000 trabajadores sin cobrar. Tanto allí como en Venezuela, la firma china es investigada por el pago de coimas millonarias a funcionarios públicos para asegurar contratos. En varios de estos países, además, fue denunciada por incumplir con sus propias declaraciones de impacto ambiental.
Ecuador: 13 muertos y 7000 trabajadores sin cobrar
En Ecuador, Sinohydro construyó la central hidroeléctrica más grande del país: Coca Codo Sinclair. Aporta el 30% de la electricidad al sistema nacional desde 2016. Pese a la millonaria inversión del Estado ecuatoriano, la firma entregó el proyecto con 7000 fisuras dentro de los túneles, aunque informes recientes señalaron más de 17.000. A esto se suma que al día de la fecha más de 7300 trabajadores siguen sin cobrar por el trabajo, según informó Teleamazonas Ecuador.
La empresa argumenta que «todavía no se ha suscripto el acta de entrega del proyecto», ya que debido a las fallas estructurales, el Estado no ha recibido oficialmente el proyecto. Sin embargo, la central está en funcionamiento.
La Fiscalía sostiene que una red de corrupción movió 76 millones de dólares en sobornos que habrían beneficiado al entorno cercano del exvicepresidente Lenín Moreno.
Otro antecedente se dio en 2014, cuando 13 personas fallecieron en un accidente que tuvo lugar en la central hidroeléctrica. La causa de esta catástrofe, dijeron las fuentes, pudo haber sido fallas en el diseño de la resistencia de la compuerta de retención.
Bolivia: un desmonte salvaje y trabajadores con una comida al día
En Bolivia, diputados realizaron denuncias ambientales por deforestación en lo que calificaron como «un desmonte salvaje». La ONG Cebid denunció que destruyeron más de 280 hectáreas dentro del Parque Nacional Carrasco, afectando a 18 comunidades y destruyendo el hábitat de cientos de especies en peligro de extinción. La firma fue multada por USD 6000.
Otro escándalo llegó ese mismo año cuando una ruta clave, que une Cochabamba con Santa Cruz, sufrió derrumbes y roturas en el cemento a pocas semanas de su inauguración. La diputada Luisa Sosa denunció a la empresa por “irregularidades cambiarias y sobreprecios que causaron un daño económico millonario al país”. En la causa está involucrado el ministro de Obras Públicas y otros funcionarios del Estado boliviano además de, claramente, los representantes de Sinohydro.
De la misma manera que en otros países, se constataron las pésimas condiciones laborales de los trabajadores. En 2015, el medio boliviano EJU! visitó los campamentos para constatar las condiciones en las que trabajaban los obreros. Una sola comida al día, falta de equipamiento de trabajo y jornadas de hasta 13 horas diarias. Además, las viviendas tenían solo colchones para dormir y no tenían luz.
Perú: obras paralizadas y empresas corruptas
En Perú la historia se repitió. No solo resultó sospechoso que Sinohydro tenga un extenso historial de contratos públicos (valuados en un total de USD 1.260.000), sino que la empresa fue investigada por alianzas con otras compañías vinculadas a escándalos de corrupción.
También fue polémica por obras retrasadas y paralizadas e incumplimientos de lo acordado en el estudio de impacto ambiental. Las inspecciones constataron que las obras no tenían personal de seguridad ni de salud. También presentaban instalaciones eléctricas deficientes.
Colombia: el Gobierno pagó el doble
En Colombia, PowerChina quedó envuelta en una controversia por su participación en obras vinculadas al megaproyecto hidroeléctrico Ituango, una de las mayores apuestas energéticas del país. La intervención de organismos de control se produjo tras una fuerte escalada de costos y sucesivas modificaciones contractuales que derivaron en una investigación por un posible perjuicio a las finanzas públicas.
De acuerdo con la documentación analizada por la Contraloría de Antioquia, el valor de las obras pasó de rondar los US$ 100 millones a superar los US$ 260 millones. Los aumentos presupuestarios, las prórrogas y los cambios en la ejecución del proyecto forman parte de los aspectos que actualmente son objeto de revisión por parte de las autoridades colombianas.
Venezuela: coimas millonarias para asegurar contratos
En Venezuela sumaron otro escándalo de corrupción por pago de coimas ilegales a funcionarios públicos. La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional señaló a la firma extranjera por haber cobrado grandes sobreprecios en las negociaciones y adjudicarse contratos directos. La polémica involucra al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien fue detenido a finales del año pasado en Madrid.
Empresas chinas en Argentina
Argentina, por su parte, ya registra antecedentes de conflictividad en proyectos de infraestructura ejecutados por empresas estatales chinas. El caso más emblemático son las represas sobre el río Santa Cruz, encabezadas por China Gezhouba Group, que enfrentaron cuestionamientos ambientales, intervenciones judiciales y controversias contractuales a lo largo de su desarrollo. La UTE concretó el despido masivo de 1800 trabajadores, dejando las plantas con dotaciones mínimas, tras la paralización de las obras.
Hubo debates políticos y económicos vinculados al financiamiento chino. Diversos sectores cuestionaron el nivel de endeudamiento asociado a estos proyectos, las cláusulas que obligaban a contratar empresas y tecnología de origen chino y los reiterados retrasos en la ejecución de algunas obras.
En síntesis, el RIGI y Super RIGI promovido por Javier Milei es criticado por consolidar un modelo extractivista de enclave que perjudica la economía argentina a largo plazo mediante tres vías principales: la desprotección industrial, al eximir de aranceles la importación de insumos extranjeros y asfixiar a las PyMEs locales; la vulnerabilidad cambiaria, al liberar a las multinacionales de la obligación de liquidar sus dólares en el país, vaciando de reservas al Banco Central; y la pérdida de soberanía, al otorgar estabilidad fiscal por 30 años y someter cualquier disputa a tribunales internacionales como el CIADI.
Con información de La Mecha; Acero y Roca
