A ver amiguitos, repasemos esta definición cívica. Un ciudadano debe pagar impuestos porque son el mecanismo fundamental para financiar y sostener los servicios públicos esenciales y la infraestructura que permiten la vida en sociedad. Al aportar al Estado, se garantiza el funcionamiento de la salud pública, la educación, la seguridad ciudadana y el mantenimiento de rutas y transporte, beneficios colectivos a los que ningún individuo podría acceder plenamente de forma aislada.
En esencia, el pago de impuestos constituye un contrato social donde el aporte de cada persona se transforma en el bienestar, la estabilidad económica y el desarrollo de toda la comunidad.
El control del uso de los fondos públicos se realiza mediante un sistema de frenos y contrapesos que combina la fiscalización interna del propio gobierno (a través de organismos como la SIGEN), la auditoría externa e independiente del Poder Legislativo liderada por la oposición (mediante la AGN), y la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Justicia ante posibles delitos. Este esquema se complementa con el control social, el cual permite a cualquier ciudadano monitorear el gasto en tiempo real gracias a las leyes de acceso a la información pública y los portales de datos abiertos.
Todo el sistema está regulado y un gobierno responsable debe rendir cuentas sobre sus fondos. El argentino de a pie debe rendir cuentas todos los santos meses con sus obligaciones tributarias e impositivas, que si no tenés poder o influencias, terminás sancionado.
Por otro lado, el presidente Javier Milei sostiene que el financiamiento de la universidad pública debe estar estrictamente condicionado al principio del déficit cero y a la obligatoriedad de realizar auditorías externas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Desde la perspectiva comunicada por la Presidencia de la Nación, el mandatario argumenta que la universidad gratuita funciona en la práctica como un «subsidio de los pobres hacia los ricos», ya que gran parte de la población vulnerable no logra acceder a las aulas superiores.
Bajo esta premisa, su gestión rechazó la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario, alegando que otorgar partidas presupuestarias automáticas sin recursos reales garantizados generaría un daño fiscal irreparable. No obstante, tras prolongados reclamos y masivas manifestaciones estudiantiles, su administración convalidó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que habilitó aumentos en gastos de funcionamiento y mejoras salariales, manteniendo firmes las exigencias de control institucional sobre los rectorados.
Haz lo que digo, pero no lo que hago…
Mientras a vos amigo biencuyano te aprietan con pagar tus impuestos, en el gobierno de La Casta Mileísta sobrevuela la hipocresía y la evasión impune.
Poco después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y unas hora antes de que comience el Mundial de Fútbol, Manuel Adorni finalmente presentó su declaración jurada junto a documentación rectificativa y correcciones tributarias ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Después de un mes de prometer entregarla, las DDJJ incorporan activos que no habían sido declarados previamente y que modifican sustancialmente el patrimonio del jefe de Gabinete.
Entre los activos que aparecieron en esta nueva declaración jurada figuran USD 300.000, que según el funcionario libertario fueron originados a partir de inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
En plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni contó que después de casarse con Bettina Angeletti unificaron sus ahorros. Luego, entre 2013 y 2014 invirtió «fuerte» en bitcoin. «Ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, afirmó el Jefe de Gabinete de Javier Milei.
Acto seguido, sostuvo que esos dólares iniciales surgieron «de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.
«Ahorramos en negro, como lo hicieron la mayoría de los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar. No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años», justificó.
En su declaración jurada, Adorni aseguró que a partir de la evolución de la cotización del bitcoin, además de las operaciones efectuadas durante varios años, el monto inicial de 200.000 dólares se habría transformado posteriormente en los USD 513.000 que ahora fueron incorporados a la nueva documentación.
Por otro lado, también aseguró que después de que falleció su padre encontró una gran suma de dinero en un departamento junto a su hermano.
De esta manera, el jefe de Gabinete aseguró que el crecimiento exponencial de su patrimonio declarado fue provocado por simples «errores» en sus declaraciones juradas anteriores y que su enriquecimiento nada tiene que ver con la función pública.
Como Adorni, también Espert y Sturzenegger se inscribieron al régimen para blanquear dólares
El jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti no son los únicos libertarios que aspiran a beneficiarse del permisivo Régimen de Inocencia Fiscal. Como se conoció este miércoles, la lista de inscriptos al sistema impulsado por el Gobierno incluye a varias figuras de primera línea del oficialismo: desde el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger hasta nada menos que el exdiputado José Luis Espert. Todos ellos podrán declarar dinero sin ser investigados.
Todos los inscriptos al Régimen de Inocencia Fiscal instituido por la Ley 27.779 gozarán de una generosa presunción de “buena fe” para blanquear sus dólares de manera retroactiva y sin mayores preguntas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Lo sabe el presidente Javier Milei, pero también lo saben sus funcionarios – por eso numerosos miembros del Gobierno ya se anotaron en el sistema de formalización de ahorros.
En la lista aparecen Adorni, Sturzenegger y el caído en desgracia Espert, quien, se investiga, podría haberse quedado con ganancias muy importantes gracias a su vínculo con el capo narco Federico “Fred” Machado, condenado en los Estados Unidos. También se observa al titular de ARCA Andrés Vázquez, una de las personas que mejor debe conocer el sistema en el país debido a su puesto como rector de la ex AFIP.
Además, están el senador nacional por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado y baterista presidencial “Bertie” Benegas Lynch; la jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete Aimé “Meme” Vázquez, ladera de Adorni; y el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, de acuerdo con la información reportada hoy por El Destape.
Cabe destacar que la Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en Diputados con los votos de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, pero también gracias al acompañamiento de legisladores que responden a gobernadores que suelen presentarse como opositores al ajuste libertario. Entre ellos aparecen los diputados catamarqueños alineados con Raúl Jalil, los tucumanos vinculados a Osvaldo Jaldo, los mendocinos representados por el aliado Alfredo Cornejo, representantes de San Juan, Innovación Federal y otros bloques provinciales que volvieron a funcionar como socios parlamentarios del oficialismo.
La «casta» que Milei prometió combatir terminó encontrando en la Inocencia Fiscal una herramienta a medida. La diferencia es que esta vez no la heredó: la redactó, la votó y ahora la utiliza.
