La teoría del derrame en la minería suele considerarse una falacia porque la riqueza generada tiende a concentrarse en grandes corporaciones transnacionales y élites locales, en lugar de permear de forma equitativa hacia las comunidades de base.
Al ser una industria de capital intensivo y no de mano de obra, genera pocos empleos directos en comparación con su volumen de ganancias, y los encadenamientos productivos locales suelen ser limitados debido a que los insumos especializados se importan.
Además, los beneficios macroeconómicos frecuentemente se ven opacados por las externalidades negativas (daño ambiental y agotamiento de recursos), lo que deja a las regiones mineras con pasivos ecológicos y una dependencia económica persistente, en lugar del desarrollo diversificado y autosustentable que la teoría promete.
En Jáchal, San Juan, la situación de desocupación es un fenómeno paradójico y persistente que desmiente las promesas de prosperidad absoluta de la gran minería, como el proyecto Veladero.
A pesar de que las estadísticas provinciales muestran tasas de desempleo bajas en comparación con la media nacional, en el departamento se registran constantes protestas y cortes de ruta realizados por grupos de desocupados que denuncian la falta de oportunidades reales para la mano de obra local y el incumplimiento de las cuotas de contratación prometidas por las empresas del sector.
La economía local enfrenta, además, una crisis en sectores tradicionales como la agricultura debido a la deficiente gestión del agua y la competencia por recursos con la industria extractiva, lo que desplaza empleos rurales sin que la minería logre absorber esa demanda laboral de manera estable y masiva.
Así, mientras los indicadores macroeconómicos sugieren una «expansión del empleo», la realidad en el territorio jachallero es de una vulnerabilidad social creciente y un reclamo activo por fuentes de trabajo genuinas que no dependan exclusivamente del enclave minero. Solo basta ver la pobreza en la que se ven sumidas las calles del pueblo, sus agrietadas rutas y casas abandonadas.
La historia de Aramark: Sanjuaninos precarizados
La empresa JSC Soluciones Integrales es la nueva adjudicataria del servicio de gastronomía y hotelería en la mina Veladero
En los primeros días de marzo de este año, la empresa JSC Soluciones Integrales fue adjudicataria del servicio de gastronomía y hotelería en la mina Veladero, uno de los proyectos mineros más importantes del país. La decisión se tomó luego de un proceso de licitación que reunió a varias empresas del sector y que marcó el cierre de un ciclo de más de 15 años con la firma anterior.
Es así que Aramark, tras 15 años asistiendo a la mina Veladero en servicios de catering, los 150 trabajadores debieron renunciar a una jugosa indemnización por tantos años de antigüedad, para poder seguir trabajando.
La realidad los obligaba a varias familias sanjuaninas en una situación límite compleja: aceptar la continuidad laboral sin antigüedad o desvincularse con indemnización completa pero sin garantías de reempleo.
El impacto de la transición generaba preocupación en la totalidad del plantel, que representa cerca del 85% de la fuerza laboral del departamento Iglesia. Cabe destacar que las condiciones de trabajo en alta montaña, con extensos períodos alejados de los centros urbanos y de las familias, profundizan la incertidumbre frente a un escenario que combina desgaste laboral acumulado y falta de certezas sobre el futuro inmediato.
El cambio contractual estableció que aquellos empleados que eran absorbidos por la nueva empresa perdían la antigüedad acumulada hasta el 31 de marzo. En contrapartida, quienes no continúen en sus funciones accederán a una indemnización conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla todos los rubros legales pero implica la desvinculación definitiva, en medio de la actual crisis económica que sufre la Argentina y la caída del consumo.
Renunciar a una fortuna por la esperanza de seguir trabajando
Durante más de 15 años, la gastronomía y hotelería en Veladero estuvieron a cargo de Aramark. La empresa empleaba a una gran mayoría de trabajadores del departamento de Iglesia, quienes durante más de una década y media enfrentaron el sacrificio de la alta montaña para sostener sus hogares. Sin embargo, al perder la licitación frente a la firma JSC Mining, ese esfuerzo de años se licuó en un polémico esquema de traspaso.
El mecanismo fue tan simple como cruel aseguran los que aceptaron a regañadientes: para continuar trabajando con la nueva operadora, los empleados debían primero acordar su salida con Aramark. Fue allí donde apareció la presión. Bajo la promesa de conservar el empleo, los trabajadores se vieron empujados a firmar acuerdos donde renunciaron a casi la mitad de la indemnización que les correspondía por ley.
El peligro de ser «empleados nuevos»
El daño para estos trabajadores sanjuaninos no es solo económico e inmediato. Al aceptar este arreglo, perdieron su antigüedad real. El mes que viene en los recibos de sueldos de quienes llevaban 14 o 16 años subiendo a la cordillera la antigüedad será de un mes.
Si en unos meses la nueva empresa decide prescindir de sus servicios, la indemnización que recibirán será mínima, calculada sobre meses y no sobre todos los años que dejaron en el proyecto. Esta maniobra permitió a «limpiar» un pasivo laboral millonario a costa del bolsillo del trabajador iglesiano.
Testimonios desde la montaña
Un ex trabajador de Aramark habló con el medio local Acero y Roca bajo reserva de identidad y confirmó cómo se vivió el proceso desde adentro. Su relato no deja dudas sobre la falta de alternativas que tuvieron sus compañeros.
«No era una liquidación lo que estaban ofreciendo, sino más bien una gratificación. Un monto a elección de ellos, con sus propios ítems. Mucha gente no tuvo otra opción porque eran los grupos que tenían que subir ahora y ya han hecho el traspaso a la nueva empresa«, describió la fuente.
Según comentan los trabajadores les dijeron: «si no arreglás con Aramark, no subís con nosotros’». Esto llevó a muchos a tener que aceptar el paupérrimo trato.
Números que duelen: 25 millones de pesos de diferencia
Para un trabajador con mucha trayectoria, la pérdida es una cifra que cambia el futuro de una familia. Según los cálculos que circulan entre los afectados, la diferencia entre lo que marca la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y lo que finalmente aceptaron es abismal.
«A una persona con esa antigüedad le tenían que dar, por ejemplo, 50 millones de pesos y le ofrecían 25», explicó la fuente.
Ceder ante esta oferta no fue un trámite voluntario. El 90% de los empleados aceptó las condiciones por el miedo e incertidumbre de quedar en la calle en un contexto económico asfixiante.
Un precedente complicado para la minería
Este caso marca un hito preocupante para los proveedores mineros de San Juan. Si se naturaliza que una empresa puede borrar décadas de antigüedad de su personal cada vez que cambia un contrato de servicios, la estabilidad laboral en el sector queda herida de muerte. Algo que suele pasar en esta provincia cada vez que un hospital cambia de empresa de limpieza. Siguen los mismo trabajadores, pierden la antigüedad y empieza la batalla por una indemnización completa.
«Sienta un precedente peligroso. Si no se planta una postura firme ahora, cada vez que una empresa proveedora pierda un contrato, le va a robar a su gente. El trabajador es el que siempre sale damnificado«, cerró la fuente.
Con información del medio Acero y Roca
