No cabe duda que la aparición de la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, agitó el Congreso Nacional. La expresidenta tuvo un debut a su estilo en el Senado Nacional: planteó una cuestión de privilegio y habló durante más de media hora en el comienzo de la sesión.
La senadora Cristina Kirchner rechazó el pedido de desafuero y detención planteado por el juez Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. Dijo que es un intento de “utilización del Poder Judicial para estigmatizar a la oposición” y lo consideró como “un avasallamiento de la representación política institucional”.
Por su parte, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quién está trabajando a la par de la ex presidenta, criticó con dureza las leyes de Presupuesto 2018 y reforma impositiva que se están tratando en el Congreso de la Nación Argentina. «Estamos ante un maratón de ajuste, de saqueo de cajas previsionales y de desfinanciamiento de políticas sociales», señaló la legisladora durante el primer tramo de su intervención y afirmó que el gobierno de Macri “no es neoliberalismo es naboliberalismo”.
«Esto es un simulacro de debate. Hace años el senado se ganó el mote de La Banelco, en esos tiempos la actual ministra Bullrich no estaba a cargo de reprimir al pueblo como ahora sino que rebajaba jubilaciones y remuneraciones a los trabajadores. Pero más allá de la connotación económica, podríamos decir que el Senado ahora es más rápido que una transferencia electrónica”, lanzó la mendocina respecto del corto debate que se le dio al paquete de leyes en la Cámara Alta, particularmente en la Comisión de Hacienda donde el intercambio de ideas no superó las dos horas.
Respecto de la reforma tributaria, señaló que “forma parte de un paquete que también incluye el consenso fiscal, el ajuste previsional y la reforma laboral cuyo único objetivo es ajustar a los jubilados y trabajadores para otorgarle grandes beneficios a las corporaciones» y agregó que la misma recortará “haberes a más de 7 millones de jubilados, a más de 8 millones de beneficiarios de asignaciones familiares, pensiones no contributivas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo».
Además, señaló que el gravamen a la renta financiera fue aplicado por el gobierno anterior en 2013 y fue el actual Ejecutivo el que lo eliminó en 2016. “Hoy la vuelven a proponer, esa es la seriedad con la que el equipo económico trata las finanzas públicas que representan el modelo económico de Mauricio Macri”, continuó la senadora del bloque FPV-PJ.
«Esta reforma continúa beneficiando a las grandes corporaciones. Y se puede graficar, por ejemplo, a través de la reducción de los aportes patronales. La reducción impositiva que resultará de la transferencia de los ingresos de la seguridad social a las grandes corporaciones a final del 2022 va a ser de una módica suma de 153 mil millones de pesos, 45 de cada 100 pesos va a quedar en manos de las compañías que tengan más de 200 trabajadores, lo que representa el 1 por ciento de los empleadores del país. 19 de cada 100 pesos van a quedar en las manos de las empresas que tengan menos de 9 empleados, es decir el 89 por ciento del empresariado nacional y las grandes cadenas comerciales se van a quedar con un descuento de un 40 por ciento de lo que deberían abonar al sistema previsional”, explicó respecto de la iniciativa oficial.
Y agregó: “El beneficio sectorial que representa esta medida es de 15600 millones de pesos anuales, lo que significaría poder pagar 180 mil jubilaciones mínimas al valor de hoy durante un año”.
Por otra parte, Fernández Sagasti comparó el paquete oficial con las iniciativas adoptadas durante la década del 90 al señalar que en aquella época también “se bajaron contribuciones patronales y el resultado fue que pasamos de un 6,5 de desocupación a un 19,7 por ciento mientras que en el periodo 2003-2015 donde no se tocó ni un centavo de las contribuciones patronales pasamos del 20,4 de desempleo al 5,9 de desempleo”.
No obstante, agregó que la medida aprobada por cambiemos busca “desfinanciar el ANSES” debido a que “bajan aportes patronales, le quitan el porcentaje que se destinaba de ganancias y, como principal objetivo, enmascarado detrás de la supuesta reparación histórica van a desmantelar el Fondo de Garantía Sustentable”.
Y agregó: “El titular de ANSES ya planteó al Consejo de ese organismo que para pagar los compromisos de la reparación una vez que se agoten los recursos del blanqueo en el 2018 no alcanzará con las grandes utilidades que deja el Fondo y por ende “se verán obligados a vender acciones”.
El análisis de la legisladora mendocina también radicó en la falta de beneficios que recibirán las provincias a partir de la Ley. “Perderán las provincias porque la ley más que reducir impuestos lo hace a costa del impuesto a las ganancias y es un bien coparticipable. Es decir que cada peso que dejen de tributar las corporaciones será en detrimento a las arcas de las provincias”, indicó respecto de la norma y afirmó que también se verán afectadas porque “con la excusa de disminuir para los sueldos más bajos los aportes patronales deroga el sistema que permitía que las empresas del interior, de manera diferencial de acuerdo con la región del país en que se localizaran, acreditaran un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal del IVA”.
“Aquí no hay ningún consenso federal, aquí hay apriete, los gobernadores tienen claro que esta política económica nos lleva al precipicio, agarran lo que pueden y si te he visto no me acuerdo”, esgrimió la legisladora.
“Por convicción o contradicción del equipo económico del gobierno están dando una mala señal al sector económico, con estas señales están diciendo: no inviertan, no generen trabajo, timbeen con la plata. Han bajado el consumo, han bajado los ingresos de los argentinos y así y todo duplican el déficit fiscal, esto para mí ya no es neoliberalismo esto es naboliberalismo”, lanzó con dureza la mendocina.
“Ustedes dicen que nosotros somos el pasado y en nombre del futuro ajustan y quitan el financiamiento al programa Conectar Igualdad que permitió que 4,5 millones de jóvenes accedieran a una notebook y a internet, reducen el presupuesto de las Universidades y de Ciencia y Tecnología, en el año 2015 este rubro representaba el 1,55% del presupuesto, en el 2018 llegará al 1,22%. Nosotros que somos el pasado logramos que la Argentina pusiera en órbita el Arsat 1 y 2”, le cuestionó Fernández Sagasti al oficialismo.
Por último y argumentando el rechazo a la iniciativa oficial, señaló que “para construir el futuro de una Argentina integrada en el mundo inteligentemente con valor agregado, que defienda el trabajo, la ciencia y la industria nacional se necesita mucho más que slogans, si no cambian la política económica no cuenten con nosotros”.