El Gobierno oficializó este martes la desregulación total de las cuotas y matrículas en los colegios privados sin aporte estatal, a través de la derogación de una normativa vigente desde 1993 que establecía controles sobre los aranceles y sus aumentos. La decisión deja en manos de los establecimientos la posibilidad de fijar precios sin intervención estatal.
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida alcanza al 6% del sistema educativo, es decir, a unos 2.000 colegios en todo el país. El funcionario aclaró que las instituciones subvencionadas seguirán reguladas por el Decreto 2542/1991, que faculta al Ejecutivo a establecer aranceles máximos y sancionar con la pérdida del subsidio en caso de incumplimiento.
En los fundamentos del documento, el Gobierno sostiene que la intervención estatal en la fijación de cuotas “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios. Considera, además, que la obligación de informar anticipadamente los aumentos “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y a los costos operativos”.
Además, apela al derecho de propiedad de los institutos privados, al sostener que “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin necesidad de aprobación estatal”. En la misma línea, el Gobierno indicó que el control de precios “termina perjudicando a las familias”, ya que obliga a los colegios a prever incrementos por adelantado y “reduce las posibilidades de elección de los padres”.
En este contexto, el abogado especializado en defensa del consumidor de Mendoza, Mario Vadillo, alertó sobre el Decreto 787/2025, que elimina el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados, y advirtió que la revisión de subsidios anunciada por el Gobierno nacional prepara el terreno para su eliminación.
El abogado Vadillo, cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de eliminar el sistema de control estatal sobre las cuotas de los colegios privados. Con la publicación del Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, que desde hace más de tres décadas garantizaba que las familias conocieran con anticipación los valores y condiciones del servicio educativo antes del inicio del ciclo lectivo.
“Ahora los colegios podrán fijar libremente sus precios, matrículas y cargos adicionales sin la obligación de informar previamente ni rendir cuentas al Estado. Eso significa que los padres se enterarán del aumento cuando llegue la boleta. Es un retroceso enorme en materia de derechos y transparencia”, advirtió Vadillo.
El abogado explicó que esta medida afecta directamente el derecho constitucional a la información, reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. “No importa si se trata de una compra o de un servicio educativo: todo consumidor tiene derecho a saber qué está contratando, cuánto va a pagar y qué puede reclamar si no se cumple. El decreto borra de un plumazo esas garantías básicas”, subrayó.
Según Vadillo, la decisión del Gobierno, que se presenta bajo el argumento de una supuesta “libertad educativa”, abre la puerta al abuso y a la desigualdad. “La libertad educativa no consiste en dejar que cada escuela cobre lo que quiera. Significa que todos puedan acceder a una educación de calidad, transparente y accesible. Sin control, sin información y sin subsidios, la libertad se convierte en privilegio. Los colegios grandes se sostendrán, los pequeños desaparecerán y la educación volverá a dividirse por nivel de ingresos”, advirtió.
El decreto también instruye al Ministerio a “revisar” el Decreto 2542/1991, que regula los subsidios a la educación privada, lo que para Vadillo constituye “el primer paso hacia el desfinanciamiento de un sistema que es parte esencial de la educación pública”.
“El 70% de los colegios privados del país recibe algún tipo de aporte estatal, y más del 20% de los alumnos argentinos asiste a instituciones subvencionadas. Si se quitan esos subsidios, miles de escuelas quedarán al borde del cierre, las familias no podrán pagar las cuotas y el sistema estatal -ya desbordado- tendrá que absorber a todos esos estudiantes”, detalló.
Vadillo fue enfático al afirmar que “no hay modernización posible que justifique quitar información al usuario”.
“En todo contrato educativo, los padres son consumidores y deben saber cuánto pagarán, por qué conceptos y con qué límites. Quitar el control estatal es retroceder treinta años en derechos ciudadanos. La educación es un derecho, no un negocio, y cuando el Estado deja de proteger a las familias, lo que crece no es la libertad, sino el abuso”, concluyó.
