La Fundación Libertad ha dado a conocer los resultados de un informe que muestra una vez más, la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales a través del Índice anual que mide el gasto en las legislaturas provinciales.
Según los Presupuestos Provinciales 2024, las legislaturas provinciales en Argentina representan un gasto significativo para el erario público, con un promedio de $546 millones anuales por legislador.
En total, las 24 provincias destinan aproximadamente $654.643 millones al mantenimiento de sus estructuras legislativas. Este informe expone la variabilidad de estos gastos entre provincias, con Tucumán a la cabeza con $1.288 millones por legislador, mientras San Luis tiene el menor gasto con $75 millones.
Estas diferencias resaltan la necesidad de un análisis profundo y cuestionan la sostenibilidad de estos presupuestos en un contexto de demanda ciudadana por eficiencia y transparencia en el gasto público.
Desglose del costo legislativo: Tucumán y Santa Fe en la mira
El gasto anual por legislador varía notablemente según la provincia. En Tucumán, el costo por legislador alcanza $1.288 millones, seguido de CABA con $1.152 millones y Buenos Aires con $1.102 millones.
En el otro extremo, provincias como San Luis y Santiago del Estero gastan significativamente menos, con $74,6 millones y $80,8 millones, respectivamente.
Santa Fe, por ejemplo, destina casi cuatro veces más que Córdoba, la cual redujo su legislatura a un sistema unicameral, lo que demuestra que una estructura más compacta podría generar ahorros importantes.
Mendoza está entre las más bajas y eficiente
Por otro lado, la provincia de Mendoza figura entre las administraciones que generan menor gasto y mayor eficiencia en el ámbito legislativo. De los 86 legisladores que integran las Cámaras de Diputados y Senadores provinciales solo se gasta 85.147.982 por legislador y el importe anual en presupuesto mendocino es de 7.322.726.423… muy lejos de los «gastadores» Buenos Aires ( 152.059.319.576 ), CABA (66.110.611.000) o incluso Córdoba (18.123.344.000).
En tanto, dicha legislatura es el 0,5 % del presupuesto total de la provincia de Mendoza.
Frente a esta situación lleva a preguntarnos sobre la necesidad de reformas estructurales en el resto de las legislaturas argentinas para optimizar los recursos públicos.
En el caso de Buenos Aires, los gastos son incluso más elevados en comparación con otras legislaturas internacionales. La provincia destina 4,2 veces más por legislador que Madrid, reflejando una disparidad que debe ser evaluada en términos de productividad legislativa y necesidades locales.
Participación del Gasto en Personal
Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios.
Para las provincias en las que fue posible obtener este dato, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 84%. Las provincias con mayor ratio son: Río Negro (96,8%),
Corrientes (93,9%) y Mendoza (92%), Córdoba (90,9%), Santa Cruz (90,7%) y Tierra del Fuego (89,9%).
La comparación con España y el clamor por reducción de gasto
A nivel internacional, un contraste interesante se da con España, un país de estructura poblacional y legislativa comparable. Allí, el gasto promedio por legislador asciende a $315,7 millones, significativamente menor que los $546 millones en Argentina.
Además, el porcentaje del presupuesto destinado a legislaturas en España es de 0,21%, mientras que en Argentina se eleva al 1,35%, es decir, 6,4 veces más. Estas diferencias no solo destacan el impacto financiero, sino que sugieren una gestión más racional en el contexto español.
Otro aspecto relevante es el porcentaje destinado al personal legislativo, donde las provincias argentinas destinan en promedio 84% de su presupuesto a salarios y cargos asociados, mientras que en España esta cifra es de 57,5%. Esto subraya una estructura inflada que requiere de una revisión en términos de eficiencia y necesidad real.
Este análisis muestra una disparidad evidente entre las necesidades presupuestarias de las provincias y lo que realmente se gasta en mantener las legislaturas, particularmente en contextos donde la eficiencia y la reducción de gasto público son demandas crecientes de la sociedad.
