Este fin de semana, el gobernador Alfredo Cornejo iniciará otra misión al exterior con el objetivo de promocionar el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza, con la intención de atraer inversiones mineras, uno de los ejes de esta gestión,
El gobernador viajará con la ministra Jimena Latorre, de Energía y Ambiente, en una nueva gira internacional que en este caso los llevarán junto a los gobernadores de Salta, Jujuy, San Juan y Catamarca, participando de la London Metal Exchange Week 2024, un evento que convoca a los interesados en la materia, desde los distintos roles.
La Bolsa de Metales de Londres es el mayor mercado del mundo en opciones y contratos a futuro de metales. Tiene un volumen de ventas superiores a US$8,500 mil millones anuales.
Durante la London Metal Exchange Week se abordan temáticas relacionadas al contexto general de la comercialización de metales, a las características del mercado de la industria, además de temas de sustentabilidad, innovación y productividad.
Tras el discurso de Milei, las dudas de la alineación de Cornejo
Cabe recordar que esta semana el presidente Javier Milei dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del debate general de la 79ª edición del evento anual de la organización. Ante líderes mundiales, cuestionó la agenda 2030, «aunque bienintencionada en sus metas, no es otra que un programa de gobierno supranacional de corte socialista», sostuvo.
Según el mandatario, la agenda 2030 «pretende solucionar la pobreza, la desigualdad, y la discriminación, con legislación que las profundiza». Esto convertiría a la ONU en «una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020».
La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.
Lamentablemente, Javier Milei, como presidente de Argentina decidió no firmar esa agenda global de compromiso para el futuro, lo que lo lleva a una postura intransigente de países como Sudán, Irán, Corea del Norte, Burkina Faso y Rusia.
Llama poderosamente la atención que el gobernador Alfredo Cornejo, hoy alineado al gobierno nacional, con legisladores que le han votado cada ley presentada desde Casa Rosada, no haya emitido ningún comentario al respecto ante tan determinante decisión del presidente en relación a las políticas ambientales frente a un organismo tan importante como es las Naciones Unidas.
El silencio cómplice del gobernador «otorga» licencia libre a favor de Milei… dejando ciertas dudas sobre qué tipo de minería quiere ofrecer Cornejo y Latorre frente a millonarios empresarios en la feria minera de Londres de este fin de semana.
Cuando hablamos de minería, nos referimos principalmente a la minería a cielo abierto. El 90% del mineral extraído en Argentina corresponde a explotaciones a cielo abierto, según lo datos del Censo Nacional de Actividad Minera de 2017. Le siguen, muy detrás, las minas subterráneas, de sedimentos y submarinas. La proporción es similar a nivel mundial.
El uso de cianuro y ácido sulfúrico es una pieza clave para la minería a cielo abierto. Tanto, que no permitirlo significa, en muchos casos, una prohibición implícita de la actividad. Estas sustancias son utilizadas durante la lixiviación, un proceso hidrometalúrgico que se utiliza para separar los minerales valiosos —como el oro o el cobre— del resto de los minerales. En cada proceso se utiliza una sustancia que disuelve el elemento de valor —el cianuro, en el caso del oro—. Este último se recupera en una etapa posterior.
El incremento de la producción de autos eléctricos va a requerir de mucho más cobre, y la gran minería con sus empresas multinacionales lo saben perfectamente. En el cambio de nuestro modelo energético de no renovable a renovable; el cobre tendrá un papel clave, y se ve muy difícil que sea sustituido por otro material sintético, al menos en el corto o mediano plazo.
La extracción de cobre en los próximos años y décadas va, sin duda alguna, a intensificarse. En consecuencia, aumentarán también y de la misma manera todos los efectos nocivos lamentablemente asociados a esta industria. Producir una tonelada de cobre implica mover más de doscientas toneladas de tierra y utilizar incontables químicos (sepan que una mina de cobre «rica» solo tiene un dos por ciento de cobre). Se trata de un mineral escaso, que irá desapareciendo sin posibilidad de renovarse. En cifras, la mayoría de las proyecciones que realiza la gran minería establecen calendarios para sus proyectos hasta 2050.
La Responsible Mining Foundation (RMF) es un centro de investigación independiente que promueve la mejora continua de las cadenas de valor extractivas responsables. Últimamente, presentó los resultados de un estudio sobre los impactos negativos en materia económica, ambiental, laboral, social y política asociados a la actividad de las 38 compañías mineras más importantes del mundo. Se muestra allí el rango de impactos que han sido difundidos públicamente por diferentes organismos (y/o a veces por las mismas empresas), durante un período de un poco más de dos años, incluyendo informaciones de casos hasta el primer semestre 2021. Todo este trabajo de investigación proporciona una verificación concreta que arroja como su mayor conclusión la necesidad urgente de establecer prácticas mineras responsables que se deben estandarizar; en particular, en lo que concierne a la prevención de daños medioambientales y el resguardo de la salud y vida tanto de los propios trabajadores de las mineras como la de las poblaciones aledañas.
En ese sentido, el citado informe de RMF recuerda que son los gobiernos los que deben establecer e imponer marcos normativos que impulsen acciones más contundentes para prevenir los efectos nocivos del extractivismo. Por lo demás, los gobiernos deben apoyar y crear las condiciones de un espacio cívico proactivo para que la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar su importante papel de seguimiento, notificación y fiscalización de los impactos nocivos, apuntando de ese modo a la reducción de los desequilibrios de poder que, con demasiada frecuencia, dejan a las poblaciones desprotegidas. Muchos medios de información, tanto regionales como nacionales, son auspiciados por la gran minería, lo que impide que se denuncie continuamente las infracciones e incumplimientos en materia medioambiental. De algún modo, se compra un silencio que llega a ser ensordecedor, transformando a los que deberían encarnar el Cuarto Poder en meros comunicadores corporativos.
El RIGI mata a la 7722
Uno de los puntos que suscita un mayor y creciente rechazo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido a lo largo de 65 artículos en el Titulo VIII del proyecto legislativo. El RIGI está formalmente orientado a la promoción de inversiones en suelo argentino que superen los 200 millones de dólares estadounidenses. Aunque no enfoca sus beneficios a ningún sector de la economía en particular, ha quedado claro, a lo largo de los debates legislativos, académicos y mediáticos suscitados en las últimas semanas, que apunta a las industrias extractivas mineras e hidrocarburíferas patrocinadas, preponderantemente por grandes fondos comunes de inversión como Black Rock y Vanguard, aunque no exclusivamente, ya que entre sus promotores locales también se encuentran los holdings argentinos (o parcialmente argentinos) Techint e Integra Capital, entre otros.
El RIGI, un régimen que condiciona la política argentina sobre las inversiones que queden bajo su égida durante 30 años, lleva implícita una serie de condicionantes y perjuicios para el país que ya han sido detallados profusamente por diversos especialistas y publicaciones, como el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por lo que en esta ocasión se pondrá el énfasis en el contexto geopolítico de disputa internacional por los recursos estratégicos que se está librando en el mundo ante la lucha por redefinir la hegemonía entre las viejas y las nuevas potencias, y muy especialmente entre Estados Unidos y China. Entre los recursos estratégicos mencionados, se hará especial foco en los minerales, dejando a un lado la cuestión hidrocarburífera.
Salvo algunas honrosas y puntuales excepciones, el universo político, empresario y mediático argentino, más allá de las invocaciones folclóricas a la necesidad de estar integrados al mundo, vive en un microclima sumamente endogámico matizado con una obsesiva insistencia de los sectores de la derecha en la necesidad de alinearse con Estados Unidos, como durante el final del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se encarnó en el amor por Gran Bretaña.
Esta situación le impide percibir al país que, en lo estrictamente atinente a la minería, se encuentra frente a una oportunidad excepcional para negociar frente al mundo la provisión de recursos minerales de una manera tan beneficiosa que permita financiar el anhelado y siempre esquivo desarrollo nacional de una forma rápida y contundente. Por el contrario, el Gobierno de Milei, a través del RIGI, plantea la entrega de esas riquezas en un régimen similar al que reinó en el Potosí altoperuano (Bolivia) del imperio español entre los siglos XVI y XVII, que saqueó sus riquezas de oro y planta a un costo humano y ambiental descomunal, sentando las bases del subdesarrollo de la región.
La principal preocupación radica en la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado para atraer inversiones extranjeras mediante una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Sin embargo, este régimen no impone condiciones a las empresas beneficiarias en términos de presentación de Estudios de Impacto Ambiental o Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos generando una fuerte incertidumbre sobre la norma.
Esta ausencia de regulación ambiental firme y de nivel nacional hace que con el RIGI se avizoren dos graves problemas: en primer lugar, permite la extracción de recursos naturales sin garantías de que estas inversiones beneficien a la sociedad argentina.
Hay un artículo que establece que los recursos pueden ser utilizados sin nada que lo impida y eso incluye un recurso fundamental que necesitan la minería y el fracking que es el agua. Es decir que si una provincia decide suspender la utilización de agua de una minera porque eventualmente no hay para abastecer a la población, la minera puede recurrir a esta ley para garantizarse el recurso del agua. Lo cual deja en claro que una legislación amparada en lo nacional supera a las provinciales… esto quiere decir que la proteccionista y emblemática Ley 7722 sería borrada de un plumazo, dejando en bandeja los recursos naturales de Mendoza sin atenerse a las consecuencias en desmanejos del agua y la calidad de vida de la población.
En síntesis, la política extractivista que pretende implementar Alfredo Cornejo en los próximos años, con una Ley 7722 inocua, arrasada por el articulado nacional del RIGI, será controlada en toda la cadena de producción, por el propio Alfredo Cornejo, el garante de la transparencia y la seguridad ambiental…
