La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es el corazón de la reforma social regresiva que intenta perpetrar en la Argentina el Gobierno que encabeza Javier Milei.
El bloque oficialista admitió algunos cambios al capítulo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que presentó durante el debate del miércoles en el Senado, para garantizarse la aprobación del capítulo ante las controversias que había generado. Si bien no cambia su esencia de fondo, limita los sectores a los que podrán alcanzar los beneficios y modifica las fechas a partir las que se libera la disponibilidad de las divisas que tendrán los exportadores de productos con origen en los proyectos promocionados.
De todas formas, estos cambios sólo quedarán vigentes si en el tratamiento en Diputados se acepta el texto de la Ley Bases aprobada en el Senado. Ya que cabe la posibilidad de que la Cámara Baja insista en el texto aprobado en esa cámara y decida que sea ése el que se manda al Ejecutivo para su promulgación. En tal caso –que es lo que se espera que se haga al menos para la Ley Fiscal–, las reformas introducidas en el Senado quedarían en la nada.
De todas formas, vale repasar las principales reformas al RIGI introducidas en el Senado:
* Art. 165: se especificó qué sectores podrán acceder a los beneficios del régimen. Serán «foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología, turismo, petróleo y gas, y siderúrgico».
* Proveedores locales. No estaba contemplado ningún beneficio para ellos en el texto que llegó al Senado. Se introdujo la obligación de reservarle «como mínimo el 20 por ciento de la totalidad del monto de la inversión». Obligación que la empresa inversora deberá cumplir únicamente en el caso de que «la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad». La discrecionalidad del texto sugiere que dependerá en gran parte de la forma en que se redacte la reglamentación y a quién corresponda ejercer como autoridad de aplicación, para que este artículo tenga un efectivo cumplimiento.
* Art. 196. Es el que libera de la obligación de liquidar las divisas en el mercado local a los exportadores. El texto original establecía que los inversores, al cabo del primer año desde su adhesión, podrían disponer del 20 por ciento del monto de sus exportaciones, al cabo del segundo año del 40 por ciento, y al cabo del tercer año (es decir, desde el cuarto en adelante), del 100 por ciento.
Caballo de Troya
Uno de los puntos que suscita un mayor y creciente rechazo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido a lo largo de 65 artículos en el Titulo VIII del proyecto legislativo. El RIGI está formalmente orientado a la promoción de inversiones en suelo argentino que superen los 200 millones de dólares estadounidenses. Aunque no enfoca sus beneficios a ningún sector de la economía en particular, ha quedado claro, a lo largo de los debates legislativos, académicos y mediáticos suscitados en las últimas semanas, que apunta a las industrias extractivas mineras e hidrocarburíferas patrocinadas, preponderantemente por grandes fondos comunes de inversión como Black Rock y Vanguard, aunque no exclusivamente, ya que entre sus promotores locales también se encuentran los holdings argentinos (o parcialmente argentinos) Techint e Integra Capital, entre otros.
El RIGI, un régimen que puede condicionar la política argentina sobre las inversiones que queden bajo su égida durante 30 años, lleva implícita una serie de condicionantes y perjuicios para el país que ya han sido detallados profusamente por diversos especialistas y publicaciones, como el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por lo que en esta ocasión se pondrá el énfasis en el contexto geopolítico de disputa internacional por los recursos estratégicos que se está librando en el mundo ante la lucha por redefinir la hegemonía entre las viejas y las nuevas potencias, y muy especialmente entre Estados Unidos y China. Entre los recursos estratégicos mencionados, se hará especial foco en los minerales, dejando a un lado la cuestión hidrocarburífera.
Salvo algunas honrosas y puntuales excepciones, el universo político, empresario y mediático argentino, más allá de las invocaciones folclóricas a la necesidad de estar integrados al mundo, vive en un microclima sumamente endogámico matizado con una obsesiva insistencia de los sectores de la derecha en la necesidad de alinearse con Estados Unidos, como durante el final del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se encarnó en el amor por Gran Bretaña.
Esta situación le impide percibir al país que, en lo estrictamente atinente a la minería, se encuentra frente a una oportunidad excepcional para negociar frente al mundo la provisión de recursos minerales de una manera tan beneficiosa que permita financiar el anhelado y siempre esquivo desarrollo nacional de una forma rápida y contundente. Por el contrario, el Gobierno de Milei, a través del RIGI, plantea la entrega de esas riquezas en un régimen similar al que reinó en el Potosí altoperuano (Bolivia) del imperio español entre los siglos XVI y XVII, que saqueó sus riquezas de oro y planta a un costo humano y ambiental descomunal, sentando las bases del subdesarrollo de la región.
El discurso de «Paraiso productivo» de Cornejo
En la provincia de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ya habla de que con la llegada de inversores extranjeros en el rubro minero llega de forma mágica «el desarrollo y el trabajo» para todos los mendocinos. Por eso toda la artillería mediática que mueve el aparato de difusión cornejista juega a tal fin. Más allá de que la mano de obra mendocina no está formada para trabajar en estas áreas… ya muchos hablan de una millonaria oligarquía menduca que ya viene disfrutando las mieles del lobby.
Pero también Cornejo lleva adelante todo su tándem legislativo y rosca para darle una manito a Milei para que el RIGI y la reforma laboral llegue a buen puerto y sea aprobado, casi con desesperación.
La Ley Bases consolida un modelo extractivista que va en contra de los principios del Desarrollo Sostenible y coloca en riesgo el futuro de nuestros recursos naturales. Aunque a diferencia del proyecto ley original no contiene un capítulo específico de desregulación ambiental, varios de sus puntos tienen implicancias directas sobre ambiente, pero principalmente sobre el modelo productivo y de desarrollo que atará por la próxima década a Argentina, y que será difícil desatar.
La principal preocupación radica en la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado para atraer inversiones extranjeras mediante una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Sin embargo, este régimen no impone condiciones a las empresas beneficiarias en términos de presentación de Estudios de Impacto Ambiental o Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos generando una fuerte incertidumbre sobre la norma.
Esta ausencia de regulación ambiental firme y de nivel nacional hace que con el RIGI se avizoren dos graves problemas: en primer lugar, permite la extracción de recursos naturales sin garantías de que estas inversiones beneficien a la sociedad argentina.
Hay un artículo que establece que los recursos pueden ser utilizados sin nada que lo impida y eso incluye un recurso fundamental que necesitan la minería y el fracking que es el agua. Es decir que si una provincia decide suspender la utilización de agua de una minera porque eventualmente no hay para abastecer a la población, la minera puede recurrir a esta ley para garantizarse el recurso del agua. Lo cual deja en claro que una legislación amparada en lo nacional supera a las provinciales… esto quiere decir que la proteccionista y emblemática Ley 7722 sería borrada de un plumazo, dejando en bandeja los recursos naturales de Mendoza sin atenerse a las consecuencias en desmanejos del agua y la calidad de vida de la población.
Para peor, quien está a cargo de ese «control ambiental» en la provincia, es Jimena Latorre, quien fue designada por el mismo gobernador Alfredo Cornejo para convertirse en ministra de Energía y Ambiente, bancada su sueldo con fondos empresarios.
En ese contexto existe denuncia fue presentada en la Oficina de Ética Pública que solicita a este organismo que determine la incompatibilidad y conflicto de intereses en los términos del art. 7, inciso 1 de la ley provincial 8.993, de la Ministra de Energía y Ambiente Dra. Jimena Latorre, quien ejerce su cargo como Ministra al mismo tiempo que ejerce como Directora de la petrolera YPF S.A., siendo esta última quien abona sus honorarios. También pide que se investiguen incumplimientos de la excusación establecida por el decreto 282/24, hecho por el que la funcionaria podría ser denunciada ante la Justicia Federal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” conforme artículo 265 del Código Penal. La denuncia fue presentada por Lautaro Jimenez junto a otros legisladores provinciales de mandato cumplido y en ejercicio como el diputado provincial Jorge Difonso, y los ex senadores provinciales Víctor da Vila y Marcelo Romano.
Consultado sobre la presentación, el docente Lautaro Jimenez, representante del FIT como senador provincial entre el 2018 y el 2022, explicó que «se trata de un caso gravísimo, sin antecedentes equiparables en la historia política reciente, al punto que es muy difícil encontrar precedentes nacionales o internacionales de un Ministerio de Ambiente puesto bajo la órbita del Directorio de la principal empresa petrolera que opera en la región. Cornejo y Latorre buscan crear una nueva doctrina en la que las áreas petroleras se concesionan junto a los ministerios encargados de la gestión energética y de protección ambiental. A cambio YPF S.A. le abona a esta Ministra «ad honorem» un sueldo de 70 millones de pesos a la dirigente cornejista encargada de representar los intereses de YPF S.A. desde la Casa de Gobierno. Hablamos de un sueldo multimillonario que supera la suma del sueldo del gobernador y todos los jueces de la suprema corte, y que duplica el presupuesto mensual del Canal Acequia que la administración provincial quiere cerrar en nombre de la austeridad. Sólo que en este caso, el perjuicio patrimonial a la provincia superará por mucho esas cifras porque se trata de las implicancia que tiene el saqueo de YPF y su impacto económico, social y ambiental».
En síntesis, la política extractivista que pretende implementar Alfredo Cornejo en los próximos años, con una Ley 7722 inocua, arrasada por el articulado nacional del RIGI, será controlada en toda la cadena de producción, por el propio Alfredo Cornejo, el garante de la transparencia y la seguridad ambiental…
