La Justicia mendocina condenó este jueves al exsenador provincial del Partido Verde, Marcelo Romano, a 10 meses de prisión en suspenso por un altercado con policías de tránsito en agosto de 2019. El dirigente político también quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 20 meses, además de hacerse cargo de las costas del proceso judicial.
La sentencia estuvo a cargo de la jueza María José Cerdera, del Primer Juzgado Penal Colegiado. Sin embargo, como se trata de una resolución de primera instancia, Romano podrá apelar el fallo judicial.
Las denuncias que ha llevado adelante Marcelo Romano contra el accionar del gobierno provincial en manos Cambia Mendoza le ha salido muy caro en una provincia que deja dudas en cuanto a la independencia de los tres poderes: El escándalo de Portezuelo, los Chalecos truchos, la Toma de Penitentes para amigos, el curro de la RTO, la denuncia del Acueducto Monte Coman La Horqueta por lo que el BID suspendió el financiamiento a Mendoza, luchar en 2019 contra la megaminería y en defensa de la 7722, denunciar la corrupción de la lucha antigranizo, la denuncia por el fracking a Vila y, lo último, la denuncia de la repartija de 70 millones de un sueldo de YPF.
Casualmente, el desafuero del senador Romano coincidía con un «correctivo» después de que el legislador dl Partido Verde pidiera investigar la licitación de Portezuelo del Viento por irregularidades y favoritismos a una sola empresa constructora.
Romano siempre fue una piedra en el zapato para el cornejismo, que reactivó la embestida contra el legislador verde una semana después de que éste pidiera interpelar Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, por la licitación de Portezuelo, que estaría direccionada a beneficiar a IMPSA y a empresas chinas.
Por entonces, quién le sacó la ficha a esta movida fue el expresidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, que como abogado constitucionalista argumentaba por entonces, en el 2020, en una entrevista en LV Diez «Es un error llevar esto al Senado porque la política no tiene que estar en tribunales, mucho menos en los tribunales penales, salvo que haya una causa muy justificada».
Luego planteaba «No tengo ninguna duda que esto es la continuación de una rencilla política llevada a los tribunales».
«Nuestra Constitución prevé que si hay alguna causa penal contra un legislador o cualquiera que tiene fueros, como un juez, Los fueros son protecciones para cualquiera que pueda ser perseguido políticamente. Los fueros son para que a estas personas no puedan ser perseguidas arbitrariamente. Los fueros son de la democracia no de las personas. Son del cargo, no de la persona», agregaba el ex juez.
Pérez Hualde indicaba que para quitarle los fueros a un legislador «hay dos requisitos: por un lado que el legislador se esté escudando en sus fueros para impedir que la justicia avance en el proceso. Y en segundo lugar que haya condiciones para producir el dictado de la prisión preventiva, cosa que es imposible porque no da la pena, porque no le darían más de dos años si fuera culpable. Debería acreditar alguno de los riesgos como que se va a fugar o impedir la acción de la justicia».
«Lo que surge es una confrontación política en un día de campaña con funcionarios que dependían de su competidor político, porque él era candidato a diputado nacional igual que su competidor (N. de la R: el exgobernador Alfredo Cornejo)».
La denuncia contra Romano se originó el 11 de agosto de 2019, día de las elecciones PASO. Un llamado al 911 alertó que una persona manejaba un Renault Clío a alta velocidad y de forma peligrosa.
Al ser alertada, una pareja de policías de la Vial que circulaba en moto, salió en busca del vehículo indicado. Los efectivos policiales detuvieron la marcha del auto en la intersección de Acceso Sur y Rawson, de Godoy Cruz. Al identificar a la conductora, se trataba de una joven de 20 años, de apellido Romano.
A los pocos minutos, una camioneta se paró en el lugar y del interior bajó un hombre, también de apellido Romano. Era Marcelo Martín, el exsenador. Y según relataron los policías, el referente del Partido Verde habría mandado a los efectivos a perseguir a los delincuentes y «no a su hija que no era ninguna delincuente».
Los argumentos de la denuncia señala que les habría dicho que él era miembro de la Bicameral de Seguridad, y que tenía contacto directo con el ministro de Seguridad de ese momento, Gianni Venier, además de otros contactos más, por lo que haría lo necesario para que fueran echados de la fuerza.
A raíz de esta causa, Romano perdió sus fueros como senador en ese entonces para que fuera sometido a la Justicia, como un ciudadano más. Y este jueves lo sentenciaron como a un ciudadano más que atentó contra la ley.
