En el sur mendocino hay una relación tirante entre los puesteros, las comunidades mapuches, el gobierno de Mendoza y el lobby de los empresarios mineros. Desde hace tiempo se viene trabajando en un «fino» proceso de expulsión de los pobladores, en donde incluyen estigmatización, aprietes y amenazas, para darle rienda suelta a las políticas extractivistas que dejan millones en beneficio de unos pocos.
En las últimas horas, la comunidad Malalweche denunció el brutal desalojo de una familia de puesteros en la zona de El Nevado Puesto la India Muerta. «Pobladores Ancestrales de estos Territorios violentamente tratado por las fuerzas de seguridad y el terrateniente Abrego, miembro de la Cámara de Comercio de San Rafael. Así actúan jueces y fiscales de la Injusticia, ordenando acciones con perfil político ideológico para favorecer a su CASTA social y empresarial», denuncia en un comunicado dicha comunidad mapuche.
A lo que agrega «DECIMOS BASTA DE ATROPELLO. Vamos a acompañar a la familia Veliz Peletay, que no sólo han sufrido el desalojo sino que, en el marco de esta acción represiva e impune, han visto que su madre y abuela Rosa Peletay ha sido lastimada sufriendo una fractura de cadera y tras horas de espera y falta de autorización por parte de las fuerzas policiales, fue trasladada de urgencia y se encuentra grave en el Hospital Regional Malargüe».
«Seguiremos en esta lucha por resistir y denunciar para que los gobiernos cumplan con los mandatos constitucionales y provean de una respuesta para que ya nuestra gente puede seguir viviendo tranquila en los territorios donde nacieron!! Abrazamos y acompañamos a estas familias y dejamos un llamado a que las organizaciones y ciudadanía comprometidas hagan sentir esta demanda para obtener verdadera justicia histórica» cierra el comunicado de Malalweche.
El repudio al atropello y la ambición del gobierno de Cornejo
Tras conocerse los violentos hechos, el maestro y dirigente del Frente de Izquierda, Lautaro Jimenez, salió inmediatamente en repudio a los atropellos «La política racista del Gobierno de Mendoza y sus cómplices en la Legislatura, es acompañada de una ofensiva de agresiones y desalojos en sus tierras ancestrales. No sólo las Comunidades Mapuches sufren el despojo, también los puesteros y sus familias, violando la Ley de Arraigo 11661».
«A esto se suma el Informe Anual 2023 publicado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que alerta sobre la situación que padecen los pueblos y comunidades originarias de Mendoza en la Página 11, dentro del Capítulo 4, referido a la Argentina, que menciona con precaución la Declaración racista de la Legislatura de Mendoza.
A continuación, BienCuyano reproduce el fragmento del informe de la CIDH donde se habla sobre Mendoza «La Comisión observa con preocupación la aprobación de la Resolución 1390 de Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que negó a los mapuches el derecho al reconocimiento como pueblo originario y, de esa manera, a todos sus derechos constitucionales».
Lautaro Jimenez aclara «La escandalosa declaración de la Cámara de Diputados fue aprobada por los votos de la UCR, el PRO y el PD, que lograron mayoría en la Comisión de Derechos y Garantías y el recinto, gracias las abstenciones del Partido Verde y muchos legisladores del PJ».
Jimenez hace referencia a lo que sucedió el 29 de marzo de 2023 cuando, por mayoría de votos, la Cámara de Diputados de Mendoza expresó que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, manifestando su “repudio al Decreto nacional 805/21”, así como “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en torno al conflicto mapuche en la provincia.
Por la negativa a la medida «racista» se expresaron Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). En tanto, hubo 6 abstenciones de los diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV). Además hubo 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo (quien tenía pedido de licencia).
Sin dudas, la avanzada menduca empieza su Fase 2, llevándose puesto los derechos ancestrales de los pueblos originarios y los legítimos derechos de los puesteros que también vivieron durante años en la zona que hoy ven con ambición los políticos y la casta empresarial.
