La justicia provincial definió una audiencia para el día 26 de marzo donde deberá definir si eleva a juicio las imputaciones contra Víctor da Vila, Lorena Torres, Jimena Baez y Ernesto Huerta, dirigentes de la izquierda y movimientos piqueteros.
Las imputaciones son por distintas movilizaciones populares que tienen por centro el rechazo de la política económica del presidente Javier Milei y su correlato de ajuste y destrucción de los salarios en Mendoza, es decir una clara voluntad por criminalizar la protesta social.
Desde distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron este martes a la mañana una conferencia de prensa en la explanada de casa de gobierno para precisar detalles sobre la persecución que sufren distintos luchadores populares y explicar los pasos a a seguir.
Al respecto, el ex candidato a gobernador por la Izquierda e imputado por protestar, Victor Da Vila decía “La justicia está actuando como un instrumento del poder ejecutivo, las irregularidades y la discrecionalidad abundan en el proceso. Es tan evidente que, al día de hoy, nadie puede explicar por qué estuve detenido 4 días en una comisaría. La presencia sistemática del fiscal Giunta en todas las causas es demostrativo de que existe una persecución orquestada. Las “pruebas” en los expedientes se limitan a declaraciones de policías e incluso fotos extraídas de redes sociales”.
“Esto está lejos de ser un problema de tránsito, es un intento por amedrentar a quienes impulsamos la pelea por el salario y el trabajo en un cuadro social y económico que sufre la mayoría del pueblo trabajador. Entendemos que esto es un esfuerzo por aleccionar a quienes impulsamos los reclamos populares por lo tanto vamos a reclamar el archivo de las causas y también impugnaremos la condena contra Martin Rodriguez, la cual fue impuesta con métodos de extorsión”, sostuvo da Vila.
Victor da Vila expresó que “es la continuidad de una política represiva y punitivista en un cuadro social muy agudo, Alfredo Cornejo es el máximo responsable, hay una manipulación de la Justicia, para que sea posible este armado (de la causa) sin pruebas, es posible gracias a que intervino el Ministerio de Seguridad quién lo encabeza María Mercedes Rus que busca amedrentar el reclamo popular”.
Por su parte, Mercedes Gómez del PTS se solidarizó y enfatizó “no nos van a amedrentar, hay que hacer una gran campaña en todas partes en contra de la criminalización de la protesta y exigir el fin de todas las causas, es un derecho elemental el de salir a protestar, quieren pasar el ajuste con represión”.
En los primeros días de febrero Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de la provincia de Mendoza, fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por la jueza Miriam Eliana Montaldi.
Martín estaba procesado en ocho causas por haber participado de movilizaciones populares, todas ellas por reclamos justos referidos al trabajo genuino, a la asistencia alimentaria y la vivienda para los sectores más empobrecidos de la provincia. Por los mismos motivos están imputados en varias causas Lorena Torres, del Polo Obrero, Victor da Vila, dirigente del Partido Obrero, y otros compañeros.
La persecución política contra Martín Rodríguez por parte del gobernador Alfredo Cornejo y su Justicia cobró ribetes escandalosos. Fue detenido en su domicilio luego de la movilización contra el tratamiento de la Ley Omnibus en el Congreso Nacional. Por los mismos motivos se encarceló, durante la desconcentración, a Victor da Vila, dirigente del Partido Obrero, quien fue liberado el sábado último. No solo estaba detenido ilegalmente, siendo que no existía ninguna condena en su contra, sino que estaba amenazado con que se le dicte la prisión preventiva en su contra hasta un juicio con fecha remota, en el cual podía recibir una condena de hasta 16 años de cárcel.
El brazo ejecutor de la justicia cornejista
Con un juez y un fiscal convertidos en un pelotón de fusilamiento del régimen contra los luchadores populares, se montó una extorsión para arrancar una condena. Fue solo bajo estas condiciones que impusieron un juicio abreviado, que de todas maneras derivó en una pena sin prisión efectiva, aunque impone un condicionamiento enorme a la actividad de Martín como dirigente popular.
Justamente el fiscal Fernando Giunta es «el brazo ejecutor» de Cornejo para criminalizar la protesta social… uno más del equipo judicial con causas sobre violencia de género en Mendoza.
Una verdadera joyita! Fernando Giunta Baglini, fiscal de Violencia de Genero, fue denunciado el 10 de julio del 2017 por su esposa paradójicamente por esa causa. Lo acusó de violencia verbal y económica. Dicha denuncia no quedó alojada en la fiscalía de Violencia de Género, y pasó a la Correccional, a cargo de Gabriela García Cobos, justamente para que el expediente no sea investigado por empleados que trabajaban con el denunciado. Luego de ser acusado, el fiscal Giunta decidió tomarse licencia.
«Cornejo digita de la mano del fiscal Giunta, que es el que entiende en todas las causas. Los otros fiscales las archivaron. Sobre Giunta pesa una denuncia por violencia de género y curiosamente la justicia no actúa», expresó en conferencia de prensa este martes el dirigente Victor da Vila.
La verdad de la milanesa… Fernando Giunta Baglini, es sobrino del histórico Radical Raúl Baglini, quién fue diputado y senador nacional en la época de Raúl Alfonsín, presidente del comité nacional de la UCR y candidato a Gobernador de Mendoza por la UCR en 1987. Los medios locales lo reconocen como un protegido de la corporación judicial disciplinada por Cornejo.
También Giunta, fue cuestionado por hacer declarar a un niño de 12 años en el asesinato de un comerciante, sin la participación de la Justicia de Menores.
Otro hecho que se le cuestiona, en 2009 encarceló a una persona atribuyéndole la muerte de un chico en Luján a partir de declaraciones de un testigo falso. El Fiscal armó la imputación con información falsa y para confirmarlo preparó a un supuesto testigo, quien era conocido en el ambiente de lo irregular y se le habría prometido beneficios a cambio de su declaración.
Esto le sirvió para calificar como homicidio la muerte del joven y cerró su plan para mostrarse como candidato a Fiscal Especial de Mendoza.
Pero no es la única polémica en la que estaba envuelto Giunta, ya que fue quien llevó adelante la causa por la denuncia por violencia de género contra Rubén Giacchi, ex ministro de Salud en el Gobierno de Alfredo Cornejo, causa que rápidamente fue silenciada en el ámbito mediático, y judicial, aunque derivó en la salida de Giacchi del gobierno.
Esto entre otras cosas son parte de la vida personal y profesional del Fiscal, que ante la opinión pública está marcado cómo violento y amigo relacionado al partido gobernante
¿Tiene autoridad moral este fiscal verdugo de las causas sobre la criminalización de las protestas sociales?
Fuentes: La Mosquitera – Matias Pascualetti
