En las últimas horas del año que se fue, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo emitió un comunicado con un deseo de felicidades por Año Nuevo para todos los mendocinos… «Sé que cuento con muchos de ustedes, y quiero que sepan que cuentan conmigo» afirmó el mandatario en su deseo para el 2024.
Y sin dudas estaba en lo cierto! El primer regalito que le otorgó a su gente fue un aumento del 135 por ciento del valor de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es uno de los temas más controversiales en la provincia de Mendoza.
La Ley Impositiva 2024, sancionada en el pasado mes de octubre, aumentó el precio de las unidades fiscales (U.F.), las que pasarán de costar $57 (valor actual), a $127 en enero. De esta manera, tanto la RTO, como las multas por infracciones viales, tienen desde el primer día de este 2024 un aumento del 135%.
¿Cuánto cuesta la RTO en 2024 para tu vehículo?

Con la fuerte actualización del 135% en las Unidades Fiscales, así quedará el mapa de los montos a pagar por la RTO en 2024:
– Motos hasta 300cc.: $8.759,19 (57 UF + IVA). Hoy cuesta $3.724,38
-Motos de más de 300cc.: $16.135,35 (105 UF + IVA). Hoy vale $6.860,70
– Autos: $23.050,50 (150 UF + IVA). Hoy cuesta $9.801.
– Camionetas: $25.970,23 (169 UF + IVA). Hoy el costo es de $$11.042,46
– Camiones: $32.270,70 (210 UF + IVA). Hoy cuesta $13.721,40.
Qué vehículos deben realizar la RTO en Mendoza

- Todos los vehículos particulares cero kilómetro que se incorporen al parque automotor cuentan con un periodo de gracia de 36 meses (tres años) para realizar su primera RTO.
- A partir del tercer año, y hasta el séptimo, el trámite deberá renovarse cada 24 meses (dos años).
- Desde el octavo año, la RTO debe realizarse anualmente.
Dentro del territorio provincial, están exceptuados de ser multados los conductores domiciliados o cuyos vehículos se encuentren radicados en los departamentos de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz.
¿Es obligatorio tener la RTO al día para conducir?

Dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Javier Milei, se destaca un punto relacionado con la verificación técnica vehicular (VTV o RTO) y el seguro. Este punto especifica que los únicos documentos obligatorios son «la cédula, la licencia de conducir y el comprobante de pago de la patente».
Además, se establece que las autoridades provinciales o municipales «no podrán imponer otros requisitos» para la circulación.
Confusión y qué dice la ley vigente

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 sigue en vigencia y, en su artículo 68, establece que todos los vehículos, incluyendo motocicletas, deben contar con un seguro que cubra posibles daños causados a terceros, ya sea que estén transportando personas o no.
Adicionalmente, la ley indica que se requerirá la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o que el vehículo cumpla con las condiciones reglamentarias de seguridad si la verificación no se ha llevado a cabo en el año anterior.
Cuáles serán los cambios si se aprueba la Ley Ómnibus de Javier Milei

La VTV o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tendrá cambios significativos si se aprueba el artículo 34 de la Ley Ómnibus de Javier Milei. Como modificación significativa, las revisiones se podrán llevar adelante en talleres de concesionarias oficiales de los fabricantes, importadores o talleres habilitados, con el previo cumplimiento de los requerimientos que determine la autoridad competente.
Contrario a las especulaciones previas, la Ley Ómnibus no busca eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sino que introduce cambios en su reglamentación.
Cuáles son los cambios que propone la Ley Ómnibus de Javier Milei en la VTV
- Se propone delegar la verificación a concesionarias oficiales o talleres habilitados.
- Se propone ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar la VTV para terminar con la problemática de turnos.
- Aunque los talleres podrían elegir ser centros oficiales, las autoridades competentes seguirían teniendo la facultad de determinar los requisitos que cada centro debe cumplir, vinculados a los puntos evaluados en cada distrito.
- Los criterios de evaluación y la periodicidad del trámite seguirán siendo facultad de las autoridades provinciales.