Finalmente, este martes se presentó ante los tribunales provinciales la demanda contra el Estado de Mendoza por la expropiación del complejo de esquí Penitentes, lo cual podría costarle una pérdida millonaria a las arcas públicas. Así, como en un reciente fallo de la justicia norteamericana por la expropiación de YPF en 2012, Argentina recibió una sentencia que obliga al Estado nacional a pagar USD 16.000 millones por las serias irregularidades, Mendoza se enfrenta a un caso espejo por negligencia y connivencia en la usurpación de las tierras de Penitentes.
Cabe recordar que en mayo de 2017, el gobierno mendocino al mando de Alfredo Cornejo optó por no renovar la concesión a la empresa encargada de gestionar este popular centro de esquí, y en 2018 se aprobó en la Legislatura la expropiación de los terrenos. Lo que inicialmente se esperaba que fuera una medida destinada a mejorar los servicios, acabó lamentablemente conduciendo al abandono de lo que alguna vez fue un destacado punto de referencia en la región montañosa.
Emilio López Frugoni – quien supo administrar Penitentes junto a su familia hasta el año 2018 – fue el impulsor de “la demanda hacia la provincia de Mendoza por el daño ocasionado por la no renovación de la concesión y la expropiación posterior. La han hecho mal, son un montón de cosas que suman, todos los bienes invertidos y el daño ocasionado, sin tener en cuenta el daño ocasionado a la provincia”.
A su vez, la ex familia concesionaria sumó otra demanda contra el Estado por graves irregularidades en la indemnización decidida para expropiar Penitentes: según un informe, la Comisión Valuadora General de la Provincia expuso que «el valor de mercado al 2019 es de pesos novecientos cincuenta la hectárea ($950,00 ha)», cuando el informe del Departamento Económico de la Dirección General de Catastro – ATM decía, en letras, que el valor era de «pesos novecientos cincuenta mil la hectárea».
El error, que acaba generando una diferencia en la valuación de más de $43 millones, surgió debido a que en ese informe de Catastro- ATM, en números y entre paréntesis se expresa «$950,00 ha» y no la suma escrita en letras.
Peritos querellantes que avalaron la demanda contra Mendoza señalaron a este medio que los fundamentos para pedir un resarcimiento millonario al Estado provincial radican en «el daño que ha sufrido la provincia por haber expropiado de urgencia un centro de esquí que solía ser de excelencia. Encima por impericia o connivencia al año siguiente fue entregado a los Puquios, sin contrato ni contraprestación alguna. Desde ese momento se usaron todos los elementos de la compañía en el año 2019, maquinarias, equipamientos, equipos de seguridad, uniformes, radios y todo lo necesario para la operación de un centro de esquí, pero sin ofrecer ningún tipo de resarcimiento».
Según informes de la querella, a los que accedió este medio, se le imputa al Estado de Mendoza haber abandonado todo al poco de la expropiación, haber dejado sillas colgadas que se fueron deteriorando al tiempo que se permitieron actos vandálicos como robos, hurtos, que generaron cuantiosas pérdidas. En defnitiva.
En ese expediente, se afirma que el centro podría haber seguido funcionando perfectamente y que la empresa concesionaria trató de acordar siempre pero el Estado provincia nunca accedió a un diálogo honesto, cuando la inversión fue absolutamente privada sin aportes públicos.
Todo este cuadro descripto se confirma al observar que se trató de una expropiación mal hecha, con polígonos sin expropiar y fundamentales para la operación del centro de esquí.
Penitentes recibió como indemnización 1 millón y medio de pesos por aquel grosero error en la indemnización, lo cual equivale al precio de una cochera en el centro. Todos estos detalles son los que abonan ahora la demanda contra la provincia, que podría generarle serias pérdidas.
Tras la expropiación, Penitentes pasó seis años sin funcionar como centro de esquí, lo cual dejó sin trabajo a todo el personal directo e indirecto. A la vez no se generaron ningún tipo de activos para la provincia, ni servicios básicos a los turistas. Era lo único que estaba en funcionamiento en alta montaña y su cierre causó un impacto fuerte en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Ahora, el Estado deberá pagar por esos atropellos y maniobras oscuras.
Fuente La Lupa
