A través del decreto 665, el gobierno de Rodolfo Suarez confirmó la venta de 936 hectáreas en Monte Comán por el precio final de 421 mil pesos. Es decir la compradora, Antonia Gladys Araya, pagará 450 pesos por hectárea, lo mismo que tomar un café con una tortita. Pero esto tiene una explicación y desde el Gobierno salieron a aclarar que en este caso los beneficiarios son puesteros que trabajan en el lugar. Además, este miércoles se publicó el decreto 666 que adjudica la venta de otras 3.100 hectáreas por el mismo precio a Cristian Rufino Leguizamón, también en Monte Comán.
«La mencionada solicitante ha dado cumplimento a los requisitos exigidos por la Decreto-Ley de Colonización N° 4711 para la adjudicación de terrenos fiscales», expresa el decreto 665 que lleva las firmas de Suarez y varios ministros de su gabinete. A eso, agrega que «la Comisión Valuadora General de la Provincia, en el expediente bajo análisis había establecido en el año 2019 un valor de referencia de pesos ciento cincuenta ($150) por hectárea libre de mejoras sobre los terrenos fiscales que nos ocupan, el valor del mismo fue actualizado por la mencionada Comisión en el año 2021, siendo su valor de referencia de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) por hectárea libre de mejoras».
La funcionaria de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, dialogó con MDZ y explicó que no se venden los terrenos a alguien que iba caminando por la calle sino que está enmarcado en la Ley de Colonización. «Esa ley es el marco legal y regula las tierras fiscales de la provincia. Su objetivo es que las tierras de dominio privado que están en manos del Estado sean cedidas con fines productivos para generar colonias», remarcó.
En ese sentido, dijo que las persona a las que se le adjudica la venta tiene que contar con un proyecto productivo. No necesariamente una inversión millonaria sino también apuntar a fortalecer cuestiones socioeconómicas en la zona. «Son tierras sin derecho a riego y por eso el precio que determinó la comisión valuadora», adhirió la funcionaria.
En este caso puntual se trata de puesteros que ya viven en esas tierras y que han regularizado su situación para que las mismas les sean adjudicadas. «Se busca regularizar la situación de ocupantes que ya estaban allí. Hace mucho tiempo las tierras fiscales se adjudicaron por decreto pero muchos titulares fallecieron o no se hicieron cargo o incluso vendían sus derechos sin pagar la tierra. Vendían la posesión», sostuvo y dijo que en estos días saldrán cuatro decretos de estas características sobre terrenos en Monte Comán. «Son grandes extensiones de tierra porque son proyectos ganaderos», manifestó.
«Hay muchos casos así pero cuesta la regularización. Es un procedimiento lento con controles cruzados. Fallecen los titulares a los que se les escrituró y pueden vender después de 10 años siempre que la provincia los autorice. Hay que regularizar a los hijos, etc», esgrimió.
La funcionaria Nadia Rapali diferenció este proceso de lo que aplica en otras leyes como la «Ley de arraigo de puesteros» aclarando que la «Ley de Colonización» también faculta al gobierno a concursar las tierras entre empresas a cambio de que inviertan en la zona. Por ejemplo, en pozos de agua u otros gastos tendientes a «colonizar» la zona. «Así nacieron muchas ‘colonias’ que hoy ya son pueblos o ciudades», explicó.
También aprovechó la oportunidad para marcar las diferencias entre este tipo de «venta» de terrenos y el reconocimiento de ocupación de miles de hectáreas que el INAI realizó a través de resoluciones beneficiando a comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe.
«La ley de Colonización legisla sobre terrenos fiscales que son de la provincia y la autoriza a disponer de ellos. En el caso de los terrenos que el INAI le reconoce a comunidades mapuches están enmarcados en un conflicto judicial entre privados», destacó.
Pero al mismo tiempo, subrayó que al INAI se le cuestiona el proceso mediante el cual argumenta su decisión, mientras que para «vender» un predio en el marco de la Ley de Colonización es necesario contar con dictámenes positivos de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y el Tribunal de Cuentas, entre otros filtros de legalidad.
Cabe señalar que hace unos días el Consejo de Arraigo del puestero no se reunió, y aunque pueda aparecer alguna acta, serán los firmantes solo funcionarios. Ni los puesteros, ni ONGs, ni asociaciones civiles que por ley deberían estar presentes, los tuvieron en cuenta… una vez más El Gobierno de Dialogo fracasa en el simple intento de dialogar y se impone a decretazos cuando la cosa huele turbia.
En otras palabras, entienden que la Antonia Gladys Araya «ha dado cumplimento a los requisitos exigidos por la Decreto-Ley de Colonización N° 4711 para la adjudicación de terrenos fiscales» y que el precio que pagará por los mismos es el que corresponde. Lo mismo que Cristian Rufino Leguizamón, que abonará 1.394.000 pesos por un campo de 3.097 hectáreas en Monte Comán.
En realidad Gladys Araya que figura en los papeles es la esposa de un puntero politico de Cambia Mendoza, un tal Guajardo, que tiene como misión dividir a los puesteros de la zona para que el Gobierno de Mendoza, a través del control del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, alfil de Alfredo Cornejo, pueda tener a mano los recursos naturales para fines comerciales en una valiosa zona de explotación minera. La lealtad del puestero travestido en su mujer fue premiada con varios cafecitos y tortitas… es decir más de 900 hectáreas…
Fuente Sobre nota de MDZ. Nota Mariano Bustos y Quimera Digital
